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En lo que ya parece una situación permanente e irreversible, la judicatura volvió a indignarse este miércoles. De nuevo sucedió por declaraciones efectuadas por el presidente del Gobierno. Los mensajes de aviso desde la Moncloa por la amnistía y el ultimátum al PP sobre el Consejo General del Poder judicial levantaron suspicacias inmediatas. Llueve sobre mojado, pero la indignación se parece ya más a una DANA que a un chaparrón.
El plan respecto al CGPJ fue lanzado por Pedro Sánchez sin más detalle que una pincelada. La música no gustó de primeras y se interpretó por algunos como una nueva injerencia en la independencia judicial. Lo que anticipaba el jefe del Ejecutivo es que se plantea retirar la potestad de los futuros órganos de gobierno de los jueces de realizar nombramientos. No aclaró de qué manera se nombrará en sustitución del sistema actual. No explicó la letra. Para muchos, como verbalizó la Asociación Profesional de la Magistratura, algo así es "radicalmente inconstitucional".
A lo que se refieren estos críticos es a que la Carta Magna establece en su artículo 122 el estatuto y el régimen de incompatibilidades de los miembros de la carrera "y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario". Sacar de la ecuación de los nombramientos al Consejo abría la puerta a que poderes ajenos al judicial "metan mano" de una forma directa en la selección de los cargos de mayor responsabilidad.
El proyecto que Sánchez no desarrolló en la entrevista concedida a RTVE parece inspirado en el conocido como plan Guilarte. El actual presidente del Consejo propone una especie de externalización de los nombramientos que, sin embargo, seguirían dependiendo del Consejo. Plantea instaurar un sistema de selección de candidatos dependiente de un tribunal diseñado al efecto y que valore el mérito y la capacidad. Bajo la presidencia de uno de los vocales procedente del Tribunal Supremo y del orden (penal, civil, contencioso...) al que corresponda la plaza, se crearía un tribunal cualificado para valorar a los aspirantes, cuya composición sería ajena al Consejo -aunque dependería de este órgano- y que contaría con un sistema automatizado de baremos. No importaría en ese caso la adhesión ideológica del concursante o su cercanía a uno u otro sector, según aseguran las fuentes consultadas.
El presidente habló de una fórmula "más objetiva, más transparente y no politizada". No es raro, sin embargo, que, de primeras, no se le crea y sus afirmaciones generen desconfianza. Las anteriores medidas exploradas por el Gobierno respecto al Consejo General del Poder Judicial y las que llegaron a implementarse no son una buena carta de presentación. Durante meses, el Ejecutivo alentó la idea de abordar una rebaja de las mayorías parlamentarias para sortear al PP y renovar sin él. Además, reformó la ley para prohibir al actual Consejo, en funciones, realizar nombramientos. La combinación del bloqueo en el pacto y esa medida han generado una situación casi insostenible en el Supremo, donde están pendientes decenas de designaciones.
Una amenaza
Las fuentes jurídicas consultadas esperan que la idea no vaya más allá de una amenaza al PP y no llegue a concretarse. Las relaciones del Ejecutivo con los populares nunca han sido buenas, pero lo son aún menos en la última etapa. En el PSOE siempre cundió la idea de que, tras las europeas, el pacto llegaría, pero la guerra abierta actual entre los dos partidos y la aplicación de la amnistía que acaba de entrar en vigor han desinflado la esperanza. Desde la Moncloa se considera que Europa aceptará soluciones imaginativas ante la evidencia de que, ni con su mediación, las cosas avanzan.
La asociación mayoritaria de jueces acusa a Sánchez de "atropello" a la Constitución
Beatriz Parera
Este charco no fue el único en el que se metió Pedro Sánchez. Tanto él como sus ministros, en concreto la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, han ido lanzando en las últimas horas declaraciones en las que subyace lo que los aludidos ven como una amenaza. Se exige que la ley de amnistía sea aplicada "en los estrictos términos en los que está redactada", sin espacio, según estos mensajes, a interpretaciones contrarias a la intención con la que la norma fue redactada.
El presidente lo afirmó de una manera mucho más sutil que la ministra. "Lo que tienen que saber el Poder Judicial y también los fiscales es que la voluntad del legislador, es decir, de la soberanía nacional del Congreso de los Diputados en su mayoría, fue la de superar todos aquellos hechos vinculados con el procés, que tanta división y tanta confrontación trajeron a Cataluña y a España", señaló.
Para muchos de esos jueces que deben interpretar esa ley y que no tienen obligación ninguna de contentar al gobierno, sino de aplicar la norma -que no es lo mismo- este tipo de mensajes son una presión cuando empieza a dibujarse un panorama que apunta a que los personajes principales del procés pueden quedar fuera de los beneficios de la norma que se diseñó para ellos. Las excepciones de la ley, tanto en la malversación como en el terrorismo, permiten entender que no se les puede amnistiar.
El mejor resumen al rechazo que estos globos sonda vienen provocando lo dejaron reflejado los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal en el informe que entregaron al fiscal general y en el que oficializan su postura contra la amnistía de la malversación en el proceso independentista. "Si debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos (...) no se ajustaría a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma".
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