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Si los barómetros municipales fueran un mapa a partir del que navegar sociológicamente (el que hace la ciudad de Valencia incluye más de 2.300 entrevistas, por encima de la media en los sondeos electorales locales), pronto llegaría a la conclusión de que todo está bien. En el último, publicado este pasado marzo, la valoración que los ciudadanos hacían de su propia ciudad era de un 8,2, similar a la media un año antes (8,4) y por encima de la de 2022, con un 8,1.
Que en mitad de la nube de insatisfacción que cubre todo el espectro político, los vecinos se sientan tan reconocidos por su propia ciudad podría hacer pensar en una excepcionalidad valenciana. Lejos de eso, es una constante en trabajos similares hechos en las grandes ciudades españolas. Los habitantes de Madrid resuelven con datos parecidos la misma cuestión: su grado de satisfacción alcanza un 7,8, una evolución que ha ido escalando especialmente desde 2012. También en Barcelona sus vecinos otorgan un notable: con un 7,2 en 2023.
La sensación de mayor comprensión cuanto mayor es la cercanía se extiende cuando a los encuestados se les pregunta por la gestión de las distintas administraciones: los vecinos de Valencia otorgan un 5,9 a la gestión de su ayuntamiento, una cifra que cae en suspenso hasta el 4,1 cuando se valora al Gobierno español. Un año antes el contraste era de 5,5 contra 4,4.
De nuevo, lejos de emparentarse con un comportamiento electoral específico, el patrón se repite en Barcelona y Madrid: el 40,1% de los barceloneses cree que la gestión de su ayuntamiento es mala o muy mala, mientras que hasta el 52% considera eso del gobierno central; entre los madrileños, la nota a la gestión municipal es del 5,9 frente a un 5 que se otorga a la Administración General del Estado.
¿Por qué, entre las grandes ciudades españolas, la visión del propio municipio es mucho mejor que la del país? ¿Existe un sesgo de cercanía? ¿Hay un abandono del Estado respecto a su presencia en las grandes urbes? ¿Hay un agravio en la España en la que pasa todo? Puede que sea más sencillo: la clave está en el listón de exigencia de los habitantes respecto a sus ciudadanos.
Cuando el último barómetro de Valencia pregunta por aquellas mejoras que el encuestado le pediría a su ayuntamiento, las más frecuentes son: limpieza (21,1%), seguridad ciudadana (16,9%), mejora de pavimento, alumbrado y alcantarillado (11,3%) y mantenimiento de zonas verdes (10,7%). Asuntos plenamente de cercanía, perceptibles, más asociados al hardware que al software de un lugar. Y si bien el problema del acceso a la vivienda ha alcanzado la tercera posición entre las causas que más preocupan a los ciudadanos de Valencia, no aparece hasta la sexta posición entre las peticiones de mejora que se hace al ayuntamiento. Incluso el afán por tener más aparcamiento público gratuito supera a las reclamaciones sobre vivienda.
Un patrón similar al de Madrid, donde la facilidad para encontrar vivienda es el aspecto peor valorado de la ciudad (con un 3,5, frente al 8,5 de la oferta cultural, el 8 el ocio y la diversión y el 7,5 de la imagen internacional de la ciudad). Y, sin embargo, no aparece ni tan siquiera entre los tres principales problemas atribuidos al propio municipio (sí lo hacen el tráfico, la limpieza y la contaminación).
A tenor de estas valoraciones es constatable el éxito de las principales capitales españolas para hacerse valorar a partir de la superficie, y por tanto ser percibidas como mediadoras en problemas cercanos pero no así en asuntos estructurales. Las soluciones al respecto de la vivienda o la situación económica no parecen corresponder con los ayuntamientos, una ventaja competitiva a la hora de ser valorados.
Contrasta con visiones como la del economista Ignacio Ezquiaga, experto en las relaciones entre el mercado inmobiliario y el sistema financiero, quien en una entrevista en El Confidencial explicaba el rol central de los ayuntamientos en el desarrollo inmobiliario: "Los ayuntamientos se han alejado de su mandato de crear suelos a coste cero para poder crear viviendas. Para el promotor privado no hay nada mejor que construir las viviendas de VPO porque el suelo se lo ceden, los márgenes en las VPO están marcados y el marco financiero no es tan importante. Hoy los tipos son mucho más bajos que el 18% de los años 80. Los ayuntamientos se han olvidado de para qué era el suelo".
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Y añadía, también: "¿Por qué no se hacen VPO? Porque [los ayuntamientos] no quieren. El instrumento lo tienen. ¿Qué han hecho con esos suelos? En las ciudades, aunque no en la ciudad consolidada, ves un montón de solares y muchos son municipales. ¿Por qué no se hace VPO? Igual que se cede suelo para un colegio concertado, ¿por qué no se cede para protección oficial? ¿Por qué no se hacen decenas de miles de viviendas?".
El cambio en el enfoque de muchas de nuestras ciudades hacia su posicionamiento turístico –una competición entre marcas– ha acabado provocando que sus vecinos también las conciban como eso mismo: les debemos pedir que sean bonitas, limpias y seguras. El resto, cosa del estado.
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