"En vez de entrar a la izquierda, entraron a la derecha". Desde hace un par de meses, Gertrudis, una vecina de Cáceres de 76 años, se ha convertido en protagonista involuntaria de un litigio que podría haber escrito Franz Kafka. Un supuesto error a la hora de inscribir dos locales en el registro de la propiedad estaría tras el embargo de un bajo que usaba como trastero y en el que guardaba importantes recuerdos familiares. La mujer reclama al BBVA, el banco que solicitó el lanzamiento, la devolución de los enseres, pero nadie sabe dónde están. La entidad financiera precisa que no hubo ningún “error” y que el procedimiento contó con el correspondiente aval judicial.
El origen del conflicto, aunque ha estallado este 2024, se remonta a los años 80 cuando un bajo comercial de la plaza Roque Balduque, en la ciudad extremeña, se dividió en dos. Uno de los locales, de 96 metros cuadrados, perteneció a una empresa que acabó contrayendo una deuda con la entidad financiera, de ahí que el BBVA sea el propietario de este, y el segundo, de 50 metros cuadrados, fue el que compró Gertrudis a mediados de los 90, precisa Lola Gibello, la abogada de la familia.
El problema, según la letrada, estaría en el hecho de que a la hora de registrar los dos locales se produjo un error en la descripción de los linderos. “El resto de elementos está bien, por ejemplo, la superficie de cada uno de ellos, pero hay un error en los linderos”, precisa la letrada. Este malentendido habría sido el que ha provocado 40 años después un enredo kafkiano.
A comienzos de este 2024, la entidad financiera “interpuso un desahucio por precario contra los ocupantes desconocidos de la finca registral” y el procedimiento avanzó con la autorización judicial. En marzo, una empresa contratada por el banco accedió al bajo para deshacerse de los enseres, entre ellos, tres motocicletas del hijo de Gertrudis, que compitió durante varios años como profesional. Una de ellas era una Honda, la primera que tuvo cuando comenzó a correr y que nunca quiso vender por su “gran valor sentimental”, según explica su hermana a El Confidencial. En el bajo también guardaban objetos que pertenecieron a su abuela y a su padre, ya fallecido.
Si nadie de la familia fue a recoger los enseres es porque nunca se notificó a Gertrudis que fuese parte implicada en un desahucio. La empresa contratada para tal fin, Manuel Castilla Sánchez, declaró haberse deshecho de “escombros muy sucios”, según las facturas firmadas por la misma, pero en las imágenes aportadas a la causa y que se tomaron en el momento en el que la empresa accedió al bajo se ven las motos del hermano y otros objetos personales. Son las fotografías que acompañan esta información. La familia guardaba varias antigüedades que pertenecieron a la madre de Gertrudis, los muebles de la empresa que tuvo con su marido y todos los papeles con la información fiscal de la compañía, entre otros bienes.
“El informe pericial concluye que el lanzamiento está realizado correctamente, que BBVA identificó correctamente el local en el que debía realizarse el lanzamiento, con su ubicación y sus linderos, tal y como está identificado en el Registro de la propiedad”, explica la entidad bancaria, que encargó dicho informe una vez la familia denunció que el bajo al que habían entrado era el suyo. El banco llegó a devolver la llave del local a Gertrudis, hecho que, según considera la abogada de la mujer, puede interpretarse como un reconocimiento por parte de la entidad de que entró en el bajo propiedad de la anciana y no en el suyo.
La familia ha reclamado a través de otro procedimiento judicial la devolución de los objetos. Su prioridad es recuperarlos, pero el banco no sabe dónde están. Así lo reconoció la entidad en un escrito que remitió al juzgado y al que ha tenido acceso El Confidencial el pasado 22 de mayo. La jueza, en una providencia fechada el 16 de mayo, requirió al BBVA la devolución de los enseres en un plazo máximo de dos días y en el mismo señaló que “parece existir una confusión en los linderos registrales”, si bien apuntó que no era la competente para dirimir la supuesta confusión en el registro de la propiedad.
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