:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fd94%2F6de%2Fc91%2Fd946dec917cb994a56dcea340397920a.jpg)
Quiénes y cómo se han beneficiado del gran despliegue de las renovables en Aragón y cómo ha sido ese despliegue era el objeto de la "Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el INAGA en este proceso". Sin embargo, cuando llegamos a las últimas sesiones, está dejando la sensación de ofrecer el debate que se hurtó a los aragoneses cuando procedía. O sea, abunda en explicaciones para haber conocido a tiempo y haber podido intervenir en el proceso de un despliegue que ha cambiado la faz de Aragón, y adolece de investigación.
En las comparecencias han intervenido altos cargos pasados y presentes, funcionarios, alcaldes, empresas, organizaciones ambientales, expertos, consultoras, afectados… cada uno con sus argumentos, experiencias e intereses. Así, sesión a sesión, ha cundido la sensación de estar especialmente monitorizada. Y no han faltado los zigzags informativos: arrancó a puerta cerrada, luego se dio acceso a la prensa en streaming, pero no se pueden consultar las sesiones anteriores íntegras.
Aun así, se ha podido escuchar en la Sala a dirigentes de Forestalia que antes lo fueron del Gobierno. A consultoras que no se creen incompatibles, pese a trabajar también para las empresas agraciadas con las autorizaciones, con el argumento de que elaboraban sus informes "en proyectos y en tiempos diferentes". O a una mujer italiana, Sara Pizzinatto, coordinadora del Desarrollo de Renovables de Greenpeace, que en representación de su organización vino a decirnos a los aragoneses lo lenta que iba la implantación de las renovables, cuando Aragón es la segunda en nuevos desarrollos y la cuarta en generación.
Y fuera de la Sala, lo incoherente que resulta que Ejea de los Caballeros, el pueblo de Javier Lambán y donde gobierna su partido, cambie el Plan General para protegerlo de los grandes parques que han invadido otros municipios, alentados por el Ejecutivo del expresidente. Y cuando está a punto de entrar en la redacción de las conclusiones, la mayoría de los partidos cree difícil que salga un dictamen unánime.
"Tensiones en el territorio"
El Partido Popular, que impulsó y preside la Comisión, defiende que ya ha servido para poner de manifiesto que "ha habido un fallo en la gestión del INAGA y ha generado tensiones en el territorio por falta de ordenación". Y que van a trabajar para que salgan unas conclusiones conjuntas y reflejen de una manera u otra las aportaciones de todos los grupos. "Vamos a estar de acuerdo en la evidencia de la importancia de las renovables y la necesidad de que se implanten desde el consenso y con las mayores garantías para todas las partes, tanto para las empresas como para los municipios que albergan estas instalaciones", explica Fernando Ledesma, presidente de la Comisión.
Para el PSOE, "la creación de la Comisión se impulsó por la campaña electoral. Los comparecientes procedentes de la Universidad y entidades ofrecen datos inapelables como los beneficios de haber apostado por las renovables y hacer de Aragón un foco de atracción de empresas, dado que convierten a la comunidad en un competidor con pocos rivales, como lo refrenda la llegada de varias multinacionales de datos, entre otros ejemplos".
Sostiene el PSOE que desde el Gobierno desatascaron e impulsaron un sector judicializado y paralizado. Lo más cuestionable de lo escuchado son los apriorismos e inmovilismos, pese a los datos que aportan muchos de los comparecientes. "Y aunque siempre puede faltar alguien, esta es una de las comisiones con más comparecencias y más trasparencia de todas. Ha interesado oír especialmente a los alcaldes, a los que a veces se ha tratado como a menores de edad o tutelados por intereses espurios", añaden fuentes de ese partido.
"Alcaldes que han sufrido acoso"
"Lo que ya se ha visto -sostiene Juan Vidal, portavoz del otro grupo impulsor de la Comisión parlamentaria, Vox-, es que el gobierno anterior tomó decisiones que impactaron negativamente sobre el patrimonio natural de Aragón, sobre los ciudadanos y su medio de vida, sin que hubiese un retorno de tales actuaciones, que pudiese justificar los desastres ecológicos y sociales de estas instalaciones, excepto para unos pocos promotores que, además, no tenían las sedes de sus empresas en nuestra región".
"Desde 2015 -afirma Vidal-, se aceleraron las puertas rotatorias y tomado decisiones cuyos efectos vemos hoy con el territorio plagado de monstruos de más de 125 metros. La DGA purgó a funcionarios para apoyarse en consultoras, mientras no escuchaba a los aragoneses que rechazan muchas actuaciones, incluso hemos oído a alcaldes que han sufrido acoso por parte de comerciales de Forestalia".
El portavoz de Vox duda de que pueda alcanzar un consenso en las conclusiones, "dada la defensa de las actuaciones del anterior gobierno, más allá de lo evidente, como que es necesario la creación de un Plan de Ordenación y un Plan Paisajístico, que ya se está trabajando". Desde Aragón-Teruel Existe, el partido más movilizado ante esta cuestión, se espera que "las conclusiones pongan en evidencia las irregularidades cometidas y cómo la Administración no cumplió su deber invigilando, sino que se asumió a los postulados de las empresas promotoras e incluso ayudó a su implantación".
Para el portavoz, Tomás Guitarte, "responsables políticos del anterior gobierno participaron activamente en el proceso de convencer a los ayuntamientos para que permitieran la implantación masiva; también en el intento de dotarla de base científica por la guerra de Ucrania o por el aumento del consumo de energía eléctrica: se dibuja una demanda futura para justificar las acciones actuales, que los datos no confirman".
El líder de esta fuerza parlamentaria también cuestiona que no se aborden las incompatibilidades que afectaban a determinadas personas, que desde la Administración pasaban a trabajar para Forestalia. "Veo difícil que haya un dictamen aprobado por todos los grupos, pues la mayoría de los que estaban en los gobiernos de Lambán no aceptan que el proceso de implantación se ha hecho mal".
Guitarte también denuncia los intentos para que esta comisión tuviese la menor repercusión posible, tanto por su escasa duración temporal, las limitaciones de comparecientes, el reparto de estos cupos en función de los grupos parlamentarios o la no convocatoria a actores clave.
"Problema de Aragón, problema de España"
El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, es de los que sostiene que ha sido más una comisión de estudio que de investigación, pero porque “quienes la promovieron han intentado tergiversar desde el principio sus fines, alcance y consecuencias, para tapar la inacción de este Gobierno”.
"Lo vivido en Aragón -dice Palacín- ha sido un problema global y generalizado, ante el que ni el Gobierno de España, ni el de Aragón, ni ningún otro territorio estaba suficientemente preparado para esta avalancha. Ni había planificación previa, ni personal en las administraciones para gestionar el volumen de peticiones en tan poco tiempo. Por eso, ha sido un problema de gestión, no una supuesta corrupción generalizada, como algunos pretendían y han sido incapaces de demostrar en esta comisión". "CHA trabajará por un dictamen conjunto y por preservar el principio de transición energética, con la protección de paisajes y el modelo de vida tradicional", dice Palacín.
Otro de los socios del Cuatripartito, Alberto Izquierdo, del PAR, y ahora apoyo también del Gobierno del PP, cree que la Comisión está permitiendo "conocer en profundidad los procedimientos y fórmulas de implantación, su realidad y los porqués, como las líneas de evacuación o las razones para la evaluación conjunta de diversos parques, aunque la tramitación sea separada".
"En las sesiones -dice Izquierdo-, ha habido una gran variedad de opiniones y de territorios, y puesto en evidencia a ciertos colectivos que se arrogan la representación del territorio, cuando hay posiciones distintas".
Brookfield encarga a Santander y Société la venta de Saeta Yield por 1.500 millones
Cotizalia
Álvaro Sanz, diputado de IU en las Cortes, lamenta que la Comisión de investigación esté sirviendo para dilatar los trabajos de planificación, "que es lo que ha faltado y la conclusión más evidente". Y que, frente a la petición de moratoria, "lo que está ocurriendo es que se esté acelerando la tramitación de proyectos".
"En lo escuchado, ha habido pocas evidencias sobre irregularidades, aunque haya dudas en las autorizaciones de impacto ambiental o en la escasez de participación del territorio. Sí hemos constatado el divorcio entre la sociedad civil y los intereses económicos, que han contado con el apoyo de la administración autonómica, permisiva con los impactos ambientales, paisajísticos y territoriales. Por otra parte, nos ha permitido conocer algo más de la complejidad de los procedimientos del sector energético y los condicionantes del mercado eléctrico".
Sanz lamenta las limitaciones de los partidos pequeños para proponer comparecientes o no disponer de toda la documentación solicitada y que conllevaría a pedir explicaciones sobre asuntos que no han estado presentes en las comparecencias.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}