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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar en un auto a José Manuel Villarejo y al exdirector de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo y declarar a la compañía y la Administración del Estado como responsables civiles en la pieza en la que se han investigado una decena de encargos irregulares al excomisario de Policía entre 2024 y 2011.
El escrito en el que se ordena el pase a procedimiento abreviado de la pieza separada 17 del denominado caso Tándem, el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis propone juzgar también al socio de Villarejo en la empresa Cenyt Rafael Redondo. El magistrado considera acreditados los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil. En su auto, el juez señala al Grupo Iberdrola y a la Administración General del Estado como responsables civiles y da traslado a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escritos de acusación.
La resolución explica que de acuerdo con la investigación, entre los años 2004 y 2011, Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad del Grupo Iberdrola y con pleno conocimiento de que José Manuel Villarejo se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, encargó a este diferentes investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía Iberdrola. Según el juez, la finalidad de las investigaciones encargadas por Asenjo, en nombre, y por cuenta del Grupo Iberdrola, a Villarejo, quien se encontraba en servicio activo como comisario de Policía, fue obtener información sobre personas físicas y jurídicas que pudiera ser utilizada por la compañía para la defensa de sus intereses. Por estos encargos, expone el auto, la empresa de Villarejo y Redondo obtuvo 1.455.064 euros del Grupo Iberdrola.
Iberdrola contrató los servicios de Villarejo desde 2004 hasta 2017, pese a que el comisario estaba en activo en la Policía. La eléctrica le abonó facturas de al menos 1,13 millones de euros por los proyectos Arrow, vinculado a la investigación de políticos de Arcos de la Frontera para instalar una central de ciclo combinado estimada en casi 1.000 millones; Black Board, en el que aparece el nombre de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa; Front, sobre la presunta filtración de información de dos sindicalistas a grupos ecologistas de la central nuclear de Cofrente; Gipsy, relativo a un empleado de la compañía que presuntamente ayudaba a Florentino Pérez, y el citado Posy, sobre el presidente de ACS y del Real Madrid.
En octubre de 2019, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional daba un paso decisivo en el caso Villarejo. Tras la publicación por parte de El Confidencial de distintas grabaciones que probaban la existencia de trabajos encargados al comisario Villarejo, el juez Manuel García-Castellón abría una pieza secreta dentro de la macrocausa para investigar las contrataciones de la eléctrica al expolicía. La investigación prosiguió durante dos años.
En 2021, el instructor decidió atribuir la presunta responsabilidad penal de esos encargos al presidente, Ignacio Sánchez Galán, y a tres de sus directivos. En junio de 2022, el magistrado decidió que los presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad de las personas y falsedad en documento mercantil habían prescrito. Por lo tanto, tanto el presidente como el resto de implicados quedaron totalmente exonerados en octubre del pasado año. Más tarde, también ordenó el sobreseimiento para Iberdrola Renovables, también investigada durante meses. Por lo que el único exejecutivo de Iberdrola que aún sigue investigado es Asenjo, que recibió una compensación de 1,6 millones de euros cuando se vio obligado a dejar "voluntariamente" la compañía. Una vez examinadas las últimas diligencias de investigación, el juzgado ha determinado que persisten indicios racionales de criminalidad.
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