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La Policía Nacional ha detenido a 25 personas, entre ellas cuatro funcionarios —uno del SEPE y tres de la Comunidad de Madrid— y cuatro empleados de entidades bancarias, por supuestamente defraudar más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social con la capitalización de prestaciones de desempleo.
La red, desarticulada en Madrid la pasada semana, tramitó más de 400 expedientes ilícitos entre 2020 y 2024 dirigidos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha informado la Dirección General de la Policía. Según el cálculo de los investigadores, de los cuatro millones estafados, los miembros de la organización habrían percibido entre un millón y 1,5 millones de euros de beneficio.
La bautizada como operación Seos arrancó en diciembre de 2022 después de que los agentes descubriesen irregularidades en la actividad de diversos trabajadores dedicados a tramitar prestaciones del paro, que accedían de forma injustificada a determinados expedientes de capitalización de la prestación por desempleo.
Cinco eslabones y cuatro funcionarios
Esta, recuerda la Policía, es una medida que permite que los perceptores de la ayuda puedan destinarla a sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia. Avanzadas las pesquisas, los agentes descubrieron un entramado organizado en cinco eslabones y del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros.
Dos hombres encabezaban la trama y captaban y contactaban a los clientes, a quienes dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina en la que formalizaban los documentos necesarios para pedir las ayudas, principalmente para adquirir vehículos o material informático que debían servirles para trabajar por cuenta propia.
De ello se encargaban los responsables y trabajadores de esta empresa, que acreditaban esas compras con facturas falsas, actuando en connivencia con otros dos hombres, uno dedicado a las gestiones administrativas de tráfico y otro regente de un concesionario.
Funcionarios públicos
Otro de los eslabones relevantes dentro de la organización era el de los funcionarios públicos, uno de ellos del SEPE y tres de la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Estos hacían uso de sus credenciales para acceder a las bases de datos del SEPE y realizar consultas diarias acerca de los expedientes de la trama y sus beneficiarios.
De esta manera, incide la Policía, controlaban los trámites desde principio hasta el momento del abono de la ayuda y, a cambio, recibían hasta 50.000 euros mensuales de los cabecillas de la organización.
En otro eslabón estaban los empleados de las entidades bancarias, quienes abrían las cuentas en las que los beneficiarios recibían las prestaciones ilícitas y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas.
Los investigadores culminaron la operación con el registro de 16 domicilios, en los que intervinieron equipos informáticos, dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación. Los 25 detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como supuestos autores de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
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