Mientras los casos de Koldo García, antiguo asesor del que fuera ministro José Luis Ábalos; del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sacuden el panorama político y mediático, y se preparan comisiones de investigación parlamentaria, los tribunales siguen dictando sentencias por corrupción. El año pasado fueron 56, de las que un tercio (18) fueron absolutorias. En las que sí se impusieron penas, 15 lo fueron tras alcanzar un acuerdo entre los encausados y la Fiscalía para la pena; 20, sin ese pacto, y las tres restantes fueron condenatorias solo en parte, según detalla el Repositorio de Datos sobre Procesos de Corrupción del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 256 personas en los 32 procedimientos por delitos de corrupción concluidos el año pasado. De ellos, 71 eran personas jurídicas (empresas y otras entidades con derechos y obligaciones).
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