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El PP vuelve a frenar en seco la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ni siquiera la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders, le ha servido a la dirección de Génova para intentar desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no solo ha calificado de "muy difícil" la posibilidad de alcanzar un acuerdo, sino que incluso ha dejado en el aire continuar con la negociación. "El Gobierno no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo. O se está a favor de los jueces, o en su contra", declaraba.
La excusa a la que se ha aferrado el vicepresidente del PPE para frenar la negociación han sido las "garantías" que ha prometido Sánchez a Junts para sacar adelante la ley de amnistía. Lo ha hecho en el marco del congreso del PP europeo, que elige este jueves a Ursula von der Leyen como líder de cara a las próximas elecciones europeas, en las que espera revalidar su mandato al frente de la Comisión Europea. "En este congreso nadie entendería que nosotros le facilitásemos la excusa al Gobierno de ponerse del lado de los jueces cuando es su principal enemigo", justificaba.
El comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, anunció este lunes en Bruselas que la siguiente reunión entre Bolaños y González Pons se celebraría el miércoles de la semana que viene en Estrasburgo, donde tiene lugar el pleno de la Eurocámara. El belga no fue demasiado optimista, pero sí apuntó a que todavía hay “posibilidad” de un acuerdo entre populares y socialistas, que, tras el segundo encuentro celebrado en febrero en Bruselas, habían trasladado mensajes más positivos respecto a los posibles progresos en las negociaciones. Las declaraciones de Esteban González Pons emborronan, sin embargo, esa posibilidad.
Este es justo el escenario que no quería el equipo de Reynders, que aceptó mediar con la expectativa de que el acuerdo estaba muy cerca: una negociación descontrolada en la que populares o socialistas pudieran echar marcha atrás, en la que pudieran mezclar de vuelta la política doméstica con un asunto que en la Comisión Europea consideran que ya no es ni siquiera política. Cada año, el Ejecutivo comunitario ha incluido la situación del CGPJ en su informe anual sobre la situación del Estado de derecho en España y que se ha convertido en una prioridad de Reynders y de Věra Jourová, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.
En la Comisión Europea se daban hasta finales de marzo para cerrar un acuerdo, cuando Reynders tiene que abandonar el puesto de comisario de Justicia para centrarse en su carrera para la Secretaría General del Consejo de Europa, una institución que no es de la UE y a la que el Gobierno belga ha presentado al comisario como candidato. La sensación en Bruselas es de que, aunque todavía existe la opción de un acuerdo, los populares están arrastrando los pies en las últimas semanas. Tras la última reunión, González Pons enfrió la idea de que hubiera que cerrar un acuerdo antes de finales de este mes, señalando que el acuerdo podría llegar con Reynders o con otro comisario, algo que se salía del guion que en un primer momento había establecido el Ejecutivo comunitario.
Encuentro Feijóo-Von der Leyen
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha iniciado el primer día del Congreso Electoral del Partido Popular Europeo (PPE) en Bucarest con una larga reunión con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y que va a ser spitzenkandidat de los democristianos de cara a las elecciones europeas del 6 al 9 de junio de 2024; es decir, va a ser la candidata de la familia para la presidencia del Ejecutivo comunitario. En Génova han visto con frustración cómo Von der Leyen no ha aplicado mano dura con la cuestión de la amnistía en España y se ve con desconfianza la buena relación entre la exministra de Defensa alemana y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
El mensaje de los populares es que su apoyo a la presidenta para la reelección está de alguna manera condicionado a que Von der Leyen sea más exigente con el Estado de derecho en España, como sinónimo de la ley de amnistía, aunque saben que el margen de maniobra de la alemana es muy limitado, y que la Comisión Europea no es un órgano político y solamente puede oponerse a dicha ley si se cruzan una serie de líneas rojas.
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González Pons atiende a medios de comunicación tras una reunión con Bolaños y Reynders. (EFE) Para Von der Leyen, la relación con Sánchez es fundamental. Necesita el apoyo de muchas familias políticas dentro del Consejo Europeo, el foro de líderes de la Unión Europea, y no puede parecer demasiado marcada por el PPE, ya que requiere del apoyo de socialistas, entre los que Sánchez tiene capacidad de “arrastre” e incluso de ultraconservadores como la italiana Giorgia Meloni. Von der Leyen se ve más marcada por la aritmética del Consejo Europeo, donde Sánchez tiene un peso relevante, que por los escaños de la Eurocámara. Siempre ha trabajado asumiendo que, cuando ella sea la única opción aceptable para los líderes europeos, incluso si hay sectores del Parlamento Europeo que le guardan rencor, como el Partido Popular español o como otros sectores del PPE, incluida su cúpula, acabarán aceptándola y aprobando su nombramiento.
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