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La complicidad que se respiró hace unas semanas en Fitur entre Emiliano García-Page y los barones más infrafinanciados, los tres del PP, se diluye ahora por la guerra del agua. El envío de ayuda a Cataluña —en situación de emergencia por la sequía— desde Sagunto (Valencia) ha reactivado el pulso entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana por el trasvase Tajo-Segura. Carlos Mazón optó por no levantar polvareda cuando el Ministerio de Transición Ecológica le trasladó su intención de transportar agua desde su territorio a Barcelona. Apoyó de buen grado la propuesta en aras de la "solidaridad entre cuencas", aunque siempre que Ribera aplique el mismo criterio para su región y solucione los recortes hídricos en los trasvases o la "emergencia" de la Albufera.
Las reivindicaciones del Gobierno valenciano cuentan en este caso con el apoyo del presidente andaluz, Juanma Moreno, y el murciano, Fernando López Miras. Ninguno de los dos dirigentes ha cuestionado el envío de recursos hídricos a Cataluña. Más bien todo lo contrario. Apelar a la redistribución del agua y a la ayuda del Estado es básico para dos comunidades autónomas azotadas por la sequía crónica, aunque ahora haya sido el turno de la Generalitat. Pero estos tres territorios tienen justo enfrente a Castilla-La Mancha. Page sí apoyó a sus homólogos del PP cuando lo que estaba encima de la mesa era la exigencia de un fondo de nivelación en los próximos presupuestos. Pero entrará en la guerra del agua si es preciso para proteger sus reservas.
Page vio clara la estrategia de Mazón y su apuesta por la solidaridad con Cataluña para reforzar la petición del trasvase. "Tenemos los mismos derechos que todos los demás", afianzó el dirigente valenciano, que ha mostrado también su preferencia por que los 40.000 metros cúbicos de agua desalada tengan "un uso prioritario y casi exclusivo para emergencias de consumo, no para riego", dando prioridad a los cultivos autóctonos. Este lunes, Mazón insistía en defender "la solidaridad entre las regiones y las cuencas", que, según dijo, "tenía que haber sido una constante". Sobre el transporte de agua desde la desaladora saguntina, el president de la Generalitat reclamaba a la ministra Teresa Ribera "que nos garantice que no va a haber afección sobre la costa por el exceso de la salmuera, que explique qué cálculos se han hecho, con rigor técnico, el mismo rigor que venimos pidiendo para el Tajo-Segura, y por qué se nos recorta políticamente el trasvase sin un documento que lo acredite", asestaba para reivindicar los aportes desde la cuenca manchega al sur de Alicante.
El barón socialista no tardó en meter el pie en la "contradicción" de la Comunidad Valenciana al poner "condiciones" para que su agua llegue a Cataluña "cuando llevan más de 40 años recibiéndola del Tajo". El presidente de Castilla-La Mancha metió el dedo en la llaga y exigió para su región el mismo trato que pide Mazón. "Me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante: agua para beber, sí. Agua para regar, si sobra. Y aquí no sobra", declaró. En el equipo de Emiliano García-Page aseguran no salir de su "asombro", y exigen a los barones del PP aplicar el mismo criterio para el agua que "reclaman" del Tajo: solo "para consumo humano".
La solidaridad entre todos los españoles es un principio que tengo muy arraigado. Desde la revancha nunca vamos a poder construir nada. Seremos solidarios pero a la vez pedimos que se nos garantice que no va a ser perjudicial para nuestra costa. pic.twitter.com/D8XvDQ0ybF
— Carlos Mazón (@carlos_mazon_) February 5, 2024
El dirigente socialista afiló también el cuchillo contra la apuesta por una desaladora estatal —la que depende de Acuamed— para ayudar a Cataluña, después de que este sistema se frenase "durante muchos años en el Levante porque era más fácil tener agua regalada del Tajo". Page ha defendido siempre el uso de nuevas tecnologías ligado al proceso de desalación para paliar el déficit hídrico de las regiones. "Miren por dónde, las desaladoras van a ser el invento del siglo. Al invento del siglo me apunto también. Si no hay nada como esperar, no hay nada como aguantar, como ir viendo que las circunstancias finalmente se alinean", ironizó en referencia a la resistencia tradicional del PP a aceptar estas infraestructuras como solución al déficit hídrico.
Mientras buena parte de España mira al cielo, la pugna entre regiones amenaza con subir de nivel. Aunque Page fue duro con Mazón, más elevó el tono el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, que acusó a la región valenciana de "saquear" el agua del Tajo ante una sequía que "ha llegado para quedarse". Pese a las quejas de Emiliano García-Page, lo cierto es que el Gobierno se alineó con la región socialista cuando aprobó a principios de 2023 el plan hidrológico del Tajo, que incluía un recorte a las aportaciones al trasvase al Segura que podría alcanzar los 110 hectómetros cúbicos en 2027.
Por el momento, Mazón hace oídos sordos a las críticas de la autonomía vecina y centra el tiro en el Gobierno para recuperar parte del terreno perdido con el trasvase especialmente dirigido para el sur de la región. Tras respaldar la ayuda a Cataluña, el presidente de la Comunidad Valenciana exigió a Teresa Ribera una reunión "con urgencia" para tratar, en primer lugar, los 10 hectómetros cúbicos para mantener el equilibrio de La Albufera y poner el foco en los "recortes" del Tajo-Segura. "No podemos seguir así ni un minuto más", sentenció.
El Gobierno acelera dos nuevas desaladoras en Cataluña con 500 millones
Marcos Lamelas. Barcelona
La solución de los barcos diarios desde Sagunto para paliar la sequía en Cataluña será transitoria y no afecta a las necesidades del área de influencia de la desaladora, que trabaja un 90% por debajo de su capacidad de producción. El Gobierno apuesta por una solución propia y acelerará en solo cuatro meses la puesta en marcha de dos desaladoras catalanas, que se financiarán a través de créditos europeos, por importe de 500 millones de euros, para resolver el problema de Barcelona y su entorno metropolitano. Sánchez prometió también este lunes una inversión de 23.000 millones de euros hasta 2027 para duplicar la desalinización y reutilización del agua y responder a la crisis climática.
Moreno, en guardia por la sequía
Juanma Moreno era otro de los barones damnificados por el recorte en el trasvase Tajo-Segura, ya que la huerta almeriense también se riega con parte del agua que llega desde el río que recorre Castilla-La Mancha. En esta polémica se ha puesto del lado de Carlos Mazón y también está por la labor de que el agua de la desalinizadora de Sagunto llegue a Cataluña. Pero, en un acto en Madrid, Moreno ha recordado que Andalucía también pasa por un momento crítico en materia de sequía. El Parlamento autonómico tendrá que convalidar esta semana el cuarto decreto con obras hidráulicas, un asunto que, en otros momentos, ha sido objeto de confrontación entre la Junta y el Ejecutivo central.
En esta ocasión, la situación es distinta. Después de más de un año de pugnas entre San Telmo y el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta de los regadíos del entorno de Doñana, Juanma Moreno y Teresa Ribera firmaron la paz hace unos meses. Y ahora el presidente andaluz ha apostado por seguir por esa senda y ya está en conversaciones con la ministra de Transición Ecológica para abordar las medidas que harán falta para paliar la falta de agua en Andalucía si sigue sin llegar la lluvia.
Encima de la mesa está la posibilidad de que también lleguen barcos con agua a los puertos andaluces desde otras partes del país e incluso desde el extranjero. En la Junta ya habían mirado al país vecino, Portugal, donde las reservas hídricas son mayores. Moreno, igual que López Miras, ha hecho una defensa a ultranza de la solidaridad entre comunidades en medio de esta pugna que ha llevado a Isabel Díaz Ayuso y Emiliano García-Page a coincidir parcialmente. La presidenta madrileña evitó opinar sobre la solución temporal para combatir la falta de lluvia en Cataluña, pero sí cargó duramente contra la gestión del nacionalismo, centrado en las cuestiones "identitarias".
En líneas generales, las comunidades del PP se alinean con Génova y exigen al Ejecutivo que aborde cuanto antes un nuevo Pacto Nacional del Agua, una de las prioridades programáticas de Alberto Núñez Feijóo, que apuesta además por la inversión de 40.000 millones en infraestructuras hídricas. Como sucede con la financiación autonómica, esa apuesta abriría también fisuras entre los territorios para primar sus intereses. Al margen de la pugna entre Page y el Levante, un ejemplo claro es el de Jorge Azcón, que defiende el impulso de una gestión común del agua... si este "respeta a Aragón" y no se toca la cuenca del Ebro.
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