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El patrocinio de Bruselas ha encarrilado lo que parecía irreconciliable. El Gobierno y el PP han retomado las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de un lustro bloqueado. Ha sido posible gracias a que la Comisión Europea, en la persona de Didier Reynders, comisario de Justicia, ha aceptado ejercer de mediadora entre los dos grandes partidos españoles. La primera reunión, celebrada este miércoles en Bruselas, se ha saldado con una nueva cita el 12 de febrero entre Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, y Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional de los populares.
La idea fue de Alberto Núñez Feijóo, que se la planteó a Pedro Sánchez en la reunión que ambos mantuvieron en el Congreso el 22 de diciembre. Ese encuentro fue el primero en 14 meses en el que PSOE y PP abordaron el bloqueo del CGPJ. Los líderes de ambas formaciones rompían el silencio sobre el asunto después de que, en octubre de 2022, naufragase por tercera vez un intento de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Fuentes judiciales esperan que la cuarta sea la vencida, pero saben que el camino no está libre de obstáculos. La tramitación de la ley de amnistía, ahora en suspenso tras el volantazo de Junts, y la cercanía de las elecciones gallegas dificultan una entente entre los dos grandes partidos en un momento tan complejo.
La segunda reunión en Bruselas se celebrará precisamente en el ecuador de la campaña del 18-F y probablemente en la misma semana que la ley que supone el perdón general al procés vuelva al pleno del Congreso de los Diputados. Se entiende así que en el PP hayan puesto ciertos reparos al optimismo que sí ha trasladado el ministro de Justicia. "Debemos tomar todas las precauciones", indican en el PP, aunque, al mismo tiempo, admiten que la supervisión de Reynders les tranquiliza. El belga, no se puede olvidar, es miembro de la familia popular y en Génova creen que su presencia hará posible el acuerdo. Y, además, en términos positivos para el PP.
Los populares siempre han asociado el desbloqueo del CGPJ a una reforma de la ley que establece el sistema de elección del órgano. La letanía que vienen repitiendo es que "los jueces deben elegir a los jueces". El PSOE defiende que el modelo debe ser mixto, con parte de los miembros elegidos por las Cortes y parte en manos de los magistrados. La diferencia es que los socialistas y el propio Gobierno de Pedro Sánchez defienden que primero debe renovarse la actual nómina, que lleva caducada cinco años, antes de cualquier cambio en la fórmula de elección. Ahora, el Ejecutivo parece haberse movido del sitio, aunque mantiene la urgencia de renovar antes el CGPJ para después hablar de una reforma del modelo para designar a los vocales.
En Génova creen que la participación de Reynders es clave para lograr ese objetivo, por lo que han flexibilizado su postura y ya no se cierran a abordar en primera instancia la elección de nuevos miembros del órgano de poder de los jueces. Hasta ahora, los populares aspiraban a que la renovación fuera simultánea al registro en el Congreso de la nueva ley para la elección de los miembros que componen el CGPJ. El papel del comisario de Justicia rebaja esas pretensiones a una garantía avalada por el político belga, lo que los lleva al optimismo. Además, creen que la participación de Reynders obliga a Bolaños a renunciar a su posición inicial.
"Nos ponemos manos a la obra; esta vez, puede ser la definitiva", defendió el ministro de Justicia tras el encuentro de hora y media celebrado en la sede de la Comisión Europea. Bolaños ha calificado de "constructiva" la reunión y ha abierto la puerta a esa posibilidad de negociar la reforma del sistema, a pesar de que el PSOE mantiene que parte de los miembros del CGPJ sean elegidos por el Congreso y el Senado. "Estoy convencido de que vamos a trabajar duro de la mano de la Comisión Europea", ha zanjado el ministro de Presidencia y Justicia, que ha insistido en que el bloqueo ya afecta al funcionamiento normal del sistema judicial.
Bolaños ha avanzado que las negociaciones con el PP, como el resto de conversaciones que mantienen con los diferentes partidos, serán discretas y solo se conocerá el resultado cuando haya un acuerdo. Es cierto que la ventana temporal queda acortada si se tiene en cuenta que no se espera una resolución antes del 18 de febrero. Hay otra convocatoria electoral que también afecta al proceso, las europeas del 9 de junio. En ese periodo debe cerrarse el acuerdo, a pesar de que el PP desconfía del Gobierno y no está por la labor de hacerse una foto que destile cordialidad con Alfonso Rueda jugándose la reelección y con la amnistía sobrevolando Bruselas.
El informe del Estado de derecho de la UE
La Comisión Europea viene reclamando la renovación del CGPJ desde que emitió su informe sobre el Estado de derecho en la UE en 2022 y volvió a reiterar ese requerimiento el pasado julio, en su edición de 2023. Este es solo uno de los asuntos de política nacional que los partidos han llevado al terreno europeo en los últimos años, como ha ocurrido con la ley de amnistía más recientemente.
Es cierto que Bruselas se ha mostrado concernida por la norma que se está debatiendo aún en el Congreso, pero ha instado a esperar a su aprobación para emitir un análisis al respecto. Ese es el argumento que venía esgrimiendo el Gobierno cuando el PP aludía al Ejecutivo europeo en relación con la polémica norma, junto a otro que partía de la exigencia de renovar el CGPJ por parte de la Comisión. En fechas recientes, Reynders ha advertido de que su prioridad es la elección de una nueva composición del órgano de poder de los jueces, pero también una revisión de la fórmula de elección, como reclaman en Génova.
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