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El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García-Berro ha recurrido la decisión del magistrado Manuel García Castellón de investigar chats gestionados por el partido de Arnaldo Otegi, Sortu, en el marco del caso sobre los homenajes a etarras (ongi etorri): "Ni se imparten directrices e instrucciones ni la actividad desplegada en dicho medio de comunicación social es constitutiva de actividad criminal". El fiscal considera que esta decisión "dista mucho de ser ajustada a derecho" y destaca que el propio magistrado ya dio por "finalizada la instrucción" hace más de tres meses.
"A la hora de analizar las instrucciones que se cierran por considerarlas completas y suficientes y se prorrogan posteriormente sin una explicación oportuna es siempre útil y clarificador analizar el íter procesal de las mismas", argumenta en su recurso. "Y es que cuando de impartir Justicia se trata, el orden de los factores sí altera el producto, toda vez que la experiencia nos enseña que no es lo mismo acompasar los tiempos a la instrucción que la instrucción a los tiempos".
Como desveló El Confidencial en 2022, esta causa ha permitido aflorar contactos privados entre el Ministerio del Interior y el entorno de los presos de ETA, a los que se concedió un trato de favor con reuniones frecuentes e información privilegiada. Este canal soterrado de contacto sirvió para compartir decisiones sobre presos de ETA y trasladar peticiones al responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, cargo de la máxima confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska.
"Una inquisición general"
A lo largo de las 11 páginas que ocupa su recurso, García-Berro incide ahora en que estos homenajes encajen con un delito de enaltecimiento del terrorismo y apunta en su lugar a "un delito de enaltecimiento del terrorista y de humillación a las víctimas", unas figuras que considera "más cercanas al delito de odio". Según argumenta, no cabe convertir la causa en "una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen".
Mensajes del jefe de Prisiones de Marlaska revelan trato de favor a los etarras
Alejandro Requeijo
En cuanto a los chats que García Castellón pide investigar, resalta el caso del denominado 'sortu - herritmoa bizitu'. El magistrado considera necesario saber la identidad de sus administradores, pero el fiscal insiste en que un informe de la Guardia Civil ya aclara que lo administra Sortu y, por tanto, "la información pretendida es perfectamente inútil". "No todo lo relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA es delito", critica. "Para ello basta un análisis de los mensajes que leyeron los investigados".
El fiscal apunta para ello a que solo uno de de los mensajes que se envió por este chat consta como leído por uno de los investigados. El mismo se envió en septiembre de 2020 y apuntaba a que un etarra iba a quedar en libertad tras 23 años: "¿Dónde se quiere ver aquí la impartición de una directriz o de una instrucción?, ¿qué actividad de apariencia delictiva se quiere ver en esta publicación?, ¿qué conexión se ansía ver en una publicación abierta con la organización criminal objeto de imputación?".
El pasado diciembre, García Berro ya pidió que se acordase el procesamiento de los etarras Antón López Ruiz, alias 'Kubati', Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, alias 'Pipe', así como el de los dirigentes de Sortu Haimar Altuna y Oihana Garmendia, y el de la miembro de 'Kalera Kalera' Oihana San Vicente.
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