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El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acaba de dictar un nuevo auto que abre una vía para no amnistiar a Carles Puigdemont y el resto de investigados de Tsunami Democràtic por la "gravedad" de las lesiones que sufrieron los policías nacionales durante las protestas.
La clave radica en la parte final de su auto, donde incluye la siguiente advertencia: "No puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en (...) el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y del que podrían ser partícipes los investigados".
Esta referencia al artículo 2 del CEDH choca con la enmienda que el PSOE, Junts per Catalunya y ERC pactaron esta misma semana para modificar la ley de amnistía. El cambio se centra en los delitos de terrorismo y deja fuera del 'perdón' aquellos que, "de forma manifiesta y con intención directa", causaran "violaciones graves de derechos humanos" como los que recogen los artículos 2 —derecho a la vida— y 3 —prohibición de torturas— del CEDH. Al sugerir que las protestas de Tsunami encajan con ese mismo artículo que no se puede amnistiar, García-Castellón ha abierto una grieta en el blindaje a Puigdemont.
Puigdemont asumió "víctimas mortales"
El magistrado deja caer esta idea a la hora de rechazar el recurso de una de las investigadas contra la personación en el procedimiento de dos agentes de policía que resultaron heridos durante las protestas de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y en Vía Laietana de Barcelona. Destaca que "sufrieron lesiones muy graves" y que incluso el propio Pedro Sánchez fue a visitar a los agentes al hospital, lo que justifica que puedan personarse como víctimas y ejercer la acusación particular. Según García-Castellón, no se puede descartar el "ánimo de lesionar u homicida" en las protestas de Tsunami.
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"La gravedad de esta acción, la repercusión pública que tuvo y el notorio interés mediático que motivó la hospitalización de los agentes lesionados, llevó incluso a que el presidente del Gobierno en funciones en aquel momento, acompañado del ministro del Interior acudiera a visitarles al hospital donde permanecían ingresados", argumenta el magistrado. Fuentes jurídicas avanzan que, en una providencia notificada este jueves, también ha acordado citar a los policías para tomarles declaración "en calidad de perjudicados".
García-Castellón lleva meses advirtiendo sobre la necesidad de aclarar tanto la situación de estos heridos como la "vinculación" entre la muerte de un ciudadano francés por un infarto y el bloqueo al aeropuerto de El Prat que llevó a cabo Tsunami. Para los independentistas resulta obvio que los líderes de las protestas no buscaron ninguna muerte, pero en el caso de Puigdemont, el magistrado repasa la conversación que mantuvo con otro investigado en aquellas fechas y lanza la siguiente advertencia: "Parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad".
Puigdemont, más expuesto
Como ya informó El Confidencial este miércoles, la última enmienda pactada por el PSOE y Junts deja más expuesto al expresidente catalán frente las interpretaciones que puedan hacer los jueces. El cambio trata de garantizar que las dos únicas causas vinculadas al procés en las que se investigan delitos de terrorismo —Tsunami y CDR— se beneficien de la amnistía, pero la nueva redacción amenaza con volverse en contra de Puigdemont.
El PSOE y los independentistas intentan blindar estas causas a través del artículo 2 de la proposición de ley. Bajo el título de "exclusiones", ese artículo recoge los hechos que no podrán acogerse a la amnistía, es decir, los delitos que resultan imperdonables: terrorismo, tortura, traición...
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La exclusión de los de terrorismo en principio parecía dejar fuera de la amnistía a Tsunami y los CDR, pero ya en la redacción inicial de la ley, el PSOE y sus socios evitaban ese escenario al añadir a continuación siete palabras: "Siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Ni el caso de Tsunami ni el de los CDR ha llegado siquiera a juicio, por lo que, en la práctica, esta supuesta promesa de dejar fuera los "delitos de terrorismo" carecía de efecto alguno desde el primer momento.
En cualquier caso, ante el temor de que la aplicación de la amnistía se alargue más de lo esperado y termine por haber "sentencia firme" en ambos casos, el PSOE y Junts pactaron esta semana una nueva enmienda para solo dejar fuera de la amnistía aquellos delitos de terrorismo que cumplan con el siguiente requisito: "Siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”.
Sobre el papel, ninguna de estas dos causas provocó de forma intencionada la muerte de personas ni se torturó a nadie, pero García-Castellón señala que esto no permite descartar el artículo 2 del CEDH. La decisión final dependerá ahora del Tribunal Supremo, que es el único que tiene competencia para investigar a Puigdemont por tratarse de un eurodiputado. Su Sala de lo Penal ya se dirigió el pasado lunes a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto.
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