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El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha presentado un nuevo escrito en el que carga contra la decisión del magistrado Manuel García Castellón de enviar la causa de Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo para que investigue a Carles Puigdemot por terrorismo. Carballo critica la "significativa la falta de argumentos" para atribuir al expresidente esta clase de delitos y considera que la petición resulta "injustificada e inmotivada ante el nulo avance de la investigación en tal sentido".
El fiscal sostiene que, en alguna de sus resoluciones, el juez "llega a confundir el fenómeno de Tsunami Democràtic con los CDR cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes". El propio Carballo pide hasta 27 años de cárcel para algunos CDR en un procedimiento paralelo que también instruyó García Castellón por terrorismo. "Resulta relevante en este sentido cómo se atribuye en los informes de la Guardia Civil a alguno de los aquí investigados su interés en contactar y contar con la actuación de los CDR, exponente evidente de que no se trata del mismo fenómeno".
García Castellón ha remitido los indicios contra Puigdemont al Supremo por tratarse de un eurodiputado. Lo mismo ocurre con el diputado de ERC en el Parlament, Ruben Wagensberg, al que también atribuye delitos de terrorismo. Como desveló el pasado miércoles a El Confidencial, Wagensberg ya se ha marchado a Suiza para esquivar esta investigación.
El fiscal considera que el magistrado ha enviado la causa al Supremo sin justificación alguna: "No se practicó, entre el auto de inculpación que justificaba no remitir la exposición razonada y el momento de efectuarlo, ninguna diligencia en relación con los dos aforados que permitiese dar el paso finalmente dado". "Resultaba del todo incongruente acordar una serie de diligencias en el auto de inculpación de 6 de noviembre y, sin esperar a su resultado, precipitar la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo".
También critica que, desde entonces, ha llevado a cabo "escasas diligencias" y solo en referencia a las protestas de Tsunami, sin lograr "nuevos indicios de imputación contra los aforados". Considera que García Castellón se ha visto incapaz de aportar "dato nuevo alguno sobre la inculpación" y solo se apoya en "una genérica remisión a los informes de la Guardia Civil". "Es más —añade el fiscal— ha extendido la práctica de diligencias a la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación".
Carballo se adhiere así a los recursos que han presentado las defensas de la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, y el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluis Alay, contra la decisión de enviar la causa al Supremo. Considera que, si bien "en abstracto" este tribunal sería el competente, no hay indicios suficientes para abrir una causa. Por el momento, el Supremo ya ha remitido la solicitud al fiscal de este tribunal, Álvaro Redondo, para que se pronuncie al respecto.
A falta de ese informe y la decisión final del Supremo, García Castellón advertía en una de sus últimas resoluciones que la investigación aún debe aclarar si Puigdemont no solo dirigió los actos que atribuye a Tsunami —como ya ha indicado en anteriores resoluciones—, sino si también impulsó su creación junto a Òmnium Cultural. Otra reciente línea de investigación se centra en la posibilidad de que un agente de los Mossos d'Esquadra les facilitara información reservada para "realizar alguna actuación" contra el rey Felipe VI en el verano de 2020.
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