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Después de un calvario que va camino de cumplir un año, Berta Linares habla con cierta resignación. Todo empezó el 21 de febrero de 2023, cuando su entonces pareja, Pedro Gómez, secuestró a Vanessa Romero. Linares era la alcaldesa de Maracena, una ciudad de unos 22.000 habitantes en el área metropolitana de Granada, y Lozano era concejal del Ayuntamiento. Ambas eran del PSOE, pero no tenían buena relación. Romero logró escapar, aunque el secuestrador llevaba un cuchillo y la encerró en el maletero de un coche. Cuando Gómez aseguró que había cometido el secuestro inducido por su ya expareja, para Linares comenzó una pesadilla que acabó con su carrera política y mantuvo su vida en "un impasse" hasta que el pasado miércoles, 10 de enero, se hizo público que el único implicado en el suceso es el autor material.
"Ha sido horrible, sobre todo cuando sabes que eres inocente y nadie te escucha", cuenta Linares en conversación con este periódico. El juez Josep Sola, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, se encargó de la investigación. Y lo llamativo es que hizo público el sumario el 25 de mayo, a tres días de unas elecciones municipales a las que Linares llegaba con encuestas que le daban la mayoría absoluta. La regidora no fue la única señalada por el magistrado, que también implicó a Antonio García Leyva, concejal de Maracena; y Noel López, exalcalde de la localidad, primo hermano de Berta Linares y ahora número tres del PSOE andaluz, como secretario de Organización.
Linares califica la decisión de Solá como "increíble e injusta" por las consecuencias electorales que tuvo. Hay que recordar que la recta final de las municipales y autonómicas del 28 de mayo quedaron empañadas por varias denuncias de compras de voto y por este secuestro. "Destrozó las elecciones e imposibilitó que la gente votara libremente", relata. Con todo, el PSOE ganó los comicios en Maracena, aunque se dejó cuatro concejales por el camino, lo que abrió las puertas al PP para conseguir el Ayuntamiento de la ciudad granadina gracias a un acuerdo con Vox y dos partidos independientes. "¿Con ese juicio en el cogote cómo iban a pactar con nosotros?", se lamenta Linares, que se presentaba a las elecciones, pero acabó dejando el acta de concejal y apartándose de la política.
Hay varios detalles que deben tenerse en cuenta en todo este proceso y es que Pedro Gómez, la expareja de la política socialista, tenía diagnosticado un problema de salud mental y estaba sometido medicación. Cuando el juez decidió la imputación de Linares, solo contaba con las declaraciones del propio secuestrador y de la víctima, que dijo ante el juez que el móvil del caso podía estar en un intento por ocultar posibles irregularidades urbanísticas en la anterior etapa municipal, cuando Leyva era concejal de Urbanismo y López el alcalde de la localidad. Es cierto que Vanessa Romero, la concejal, aportó hasta 15 expedientes de urbanismo que fueron investigados por un juez de Granada, pero el pasado mes de noviembre quedó acreditado que no había ni rastro de corrupción.
Entonces empezó a desinflarse un globo que ya recibió un primer pinchazo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le pidió al instructor que profundizase más en la investigación antes de reclamar al Alto Tribunal la imputación de Noel López. El exregidor y ahora número 3 del PSOE andaluz es diputado en el Parlamento autonómico, por lo que está aforado. El señalamiento del juez Sola provocó que el líder de la formación, Juan Espadas, lo apartase de su cargo de forma temporal, una decisión que no es baladí si se tiene en cuenta que fue el responsable de coordinar la campaña de aquellas municipales y cuando estalló el caso tenía como misión hacer lo propio en las generales del 23 de julio.
La imputación de Linares, según el sumario hecho público el 25 de mayo, respondía a las declaraciones de la víctima y el secuestrador. Más allá de la supuesta corrupción, destacaba el relato de Pedro Gómez, que llegó a asegurar que se había visto en un bar con su expareja y Noel López y que ellos le habían dado las instrucciones a seguir. El auto del 9 de enero, que resulta en la exculpación de la exalcaldesa y Antonio García Leyva descarta todas estas posibilidades, ya que con las pesquisas policiales realizadas por orden del juez en un auto del 24 de julio "se constata la inexistencia absoluta de ningún elemento que refrende siquiera de forma indirecta, mínima o tangencial la existencia" de dicha reunión.
"En julio nos llamó a declarar y solicitó la investigación de más de 60 pruebas", rememora Linares, que admite que le hubiera gustado que esas diligencias se hubieran producido antes de conocerse su imputación. "La gente que nos conoce sabe que no somos culpables, pero quien no se queda con esa duda", critica la exalcaldesa de Maracena, que protagonizó informativos y programas de televisión durante semanas. Ahora, la exdirigente socialista se plantea una denuncia por las "calumnias" vertidas mientras se piensa si volverá a la vida pública después de "un año con mi vida en un impasse y bajo la sombra de la duda". "La gente piensa que ser político conlleva ser corrupto y tener malas artes", lamenta Linares en referencia a la mala percepción que tiene la ciudadanía de la clase política.
La denuncia de la exalcaldesa no es nueva y encaja en esa práctica que ha adquirido relevancia en el contexto de la investidura, el lawfare. "No es solo que perdiésemos las elecciones, es que hasta hace dos días vivíamos bajo la culpabilidad", denuncia la política socialista, en una crítica que coincide con la que hacía hace poco más de un año Antonio Rodrigo Torrijos, exdirigente de IU en Sevilla que salió ileso de cuatro juicios por corrupción instruidos por la juez Mercedes Alaya. La diferencia es que el camino de Torrijos duró 13 años después de haber estado imputado por 10 delitos y quedar absuelto o exculpado de todos ellos.
"¿Si el sumario se abre el lunes [29 de mayo] en vez del viernes [25 de mayo], qué habría pasado?", se pregunta la exalcaldesa de Maracena, que alude a otros procesos judiciales que fueron extendidos para evitar que su resolución afectase a procesos electorales. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la publicación de la sentencia definitiva del caso de los ERE fraudulentos, que confirmó las penas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves o José Antonio Griñán. "Pero el mío había que abrirlo sí o sí", insiste Linares, que admite que el PSOE se está planteando una moción de censura en Maracena contra un gobierno local que "está basado sobre la mentira de que somos secuestradores y corruptos". "Lanzaron esos bulos para que los partidos independientes pactaran con ellos y con todo eso no consiguieron ganar", dice Linares sobre el PP en la localidad granadina.
La pregunta última de Berta Linares es una duda. ¿No pudo contemplar el juez que la actuación de su expareja respondía a su condición mental? "¿Cuántos actos así no se cometen a diario? ¿Por qué no pensó en esa posibilidad?", se cuestiona la política que ha visto como 16 años de su vida dedicados a la vida pública quedaron empañados de un día para otro.
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