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El juez ha imputado al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, y al de la Policía, Eugenio Pino, por las supuestas presiones que sufrieron el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y el que fue su abogado, Javier Gómez de Liaño, por parte de personas ligadas al partido para que no se difundieran informaciones del caso Gürtel.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, cree que hay indicios de que Francisco Martínez y Eugenio Pino fueron informados sobre una serie de "actuaciones" que se habrían llevado a cabo en relación con Gómez de Liaño cuando defendía a Bárcenas, entre 2013 y 2015.
Así constarían en varias anotaciones del excomisario José Manuel Villarejo, que hacen "expresa referencia" al abogado y exjuez y que aludirían a "eventuales pagos opacos" recibidos por parte de un cliente, Zakhar Kalashov, considerado jefe de la mafia ruso-georgiana y condenado en 2010 en España por blanqueo.
Con estos argumentos, el magistrado estima "útiles y pertinentes" las declaraciones de ambos ex altos cargos en calidad de investigados, si bien rechaza al mismo tiempo llamar a declarar al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y a un abogado del Estado, como solicitaba Gómez de Liaño, según el auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes.
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Esta causa, que se enmarca en el caso Villarejo, se centra en las supuestas presiones que habrían sufrido Bárcenas o su abogado Gómez de Liaño de "terceras personas vinculadas" al PP para que "no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales" para la formación sobre el caso Gürtel.
Discurre al margen de la denominada operación Kitchen —el supuesto espionaje parapolicial a Bárcenas y su familia para sustraerle documentos de Gürtel perjudiciales para el PP—, en la que están procesados Francisco Martínez y Eugenio Pino, entre otros ex altos cargos, como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
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Precisamente, su implicación en Kitchen "por hechos íntimamente vinculados" con los que se investigan en esta pieza, y "el contenido incriminatorio que presumiblemente podrían tener ambas declaraciones", hace que ambos deban acudir a la Audiencia Nacional con la condición de investigados.
Javier Gómez de Liaño también solicitó la declaración de Cosidó y de un abogado del Estado en excedencia al que habrían aludido varios investigados en distintas conversaciones que obran en la causa en relación con su presunta participación en un "lobby judicial" en su contra.
Sin embargo, el juez cree que no hay "elementos" que vinculen a ninguno de los dos con los hechos que se investigan, más allá de sus cargos y ninguna de las declaraciones prestadas en la causa o los documentos aportados dicen lo contrario.
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Sobre este abogado del Estado, preguntó el propio Gómez de Liaño a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en su declaración como testigo, prestada en noviembre, en la que negó de forma "absoluta y completa" estar al tanto de ningún lobby judicial y dijo no recordar haber hablado con Villarejo sobre el abogado de Bárcenas, aunque admitió no estar "completamente segura".
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