Este lunes será de nuevo una jornada muy complicada para los 21.000 transportistas que cruzan a diario por Irún y La Junquera.
No han vuelto los vikingos del siglo IX ni las tropas prusianas decimonónicas. Son los agricultores franceses, y se han propuesto sitiar este lunes París en lo que este fin de semana anticiparon como un 'lunes negro' ante las nuevas políticas medioambientales, tributarias y sociales tanto del Gobierno galo como de la Unión Europea. Pero no solo pretenden bloquear los accesos a la capital francesa, sino, como han estado haciendo durante los últimos días, también impedir la entrada en su territorio de los 21.000 transportistas españoles que a diario cruzan la frontera a través Irún y La Junquera (Girona).
Entretanto, el Gobierno de Macron ha acusado este domingo a España e Italia de ejercer una "competencia desleal" que perjudica a sus agricultores. El primer ministro recientemente designado por Macron, Gabriel Attal, ha pronunciado un discurso dominado por palabras como "independencia" y "soberanía" en el que también ha cuestionado el funcionamiento de la Unión Europea (UE), una posición que choca con el profundo europeísmo que siempre ha profesado el actual Gobierno francés.
"Vamos a seguir avanzando para luchar contra la competencia desleal. A nuestros agricultores se les imponen reglas [fitosanitarias] que a otros [países] no", ha criticado Attal. El primer ministro ha denunciado que el país importa al menos el 40% de las frutas y verduras (sobre todo de España e Italia) por el freno productivo que supone para Francia ciertas reglas medioambientales adoptadas en su legislación, y ha aseverado que propondrá a sus socios comunitarios "más medidas" para blindar la soberanía alimentaria francesa.
A pesar de que estas declaraciones invitan a pensar que se acerca un episodio de profundas desavenencias entra París y Bruselas, el ministro de Agricultura de Francia, Marc Fesneau, ha descartado este domingo "un cierre de fronteras" para productos españoles o italianos, como ha demandado la ultraderecha. A lo largo de los más de 10 días de revueltas, que se han extendido ya a Bélgica, muchos de los manifestantes se han quejado de la entrada de productos agrícolas llegados especialmente de España, pues consideran que representan una competencia desleal por su bajo precio y que sus estándares medioambientales son peores que los franceses.
Así, las asociaciones de agricultores galas no dan su brazo a torcer y este lunes tienen previsto bloquear los accesos a París "de manera indeterminada" a partir de las 14.00 horas. Otra organización, Coordinación Rural, ha asegurado que bloquearán el mercado internacional de Rungis (situado a las afueras), considerado el mayor de productos frescos en el mundo. Ante este escenario, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha anunciado que desplegará 15.000 policías para proteger las vías de acceso a París y ha prometido que hará lo posible para evitar que camiones con productos extranjeros puedan ser confiscados.
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) denuncia que, con motivo de los bloqueos de los agricultores franceses al transporte por carretera español, ha llegado a contabilizar hasta 189 puntos de obstaculización. La entidad señala que en estos bloqueos han participado un total de 17.500 agricultores y 8.500 tractores, bien bloqueando completamente las vías o bien llevando a cabo "operaciones caracol" con marchas lentas de tractores. Fenadismer calcula que solo en paralizaciones a los transportistas los perjuicios ocasionados podrían alcanzar los 10 millones de euros diarios.
Los pactos con el Mercosur
Los acuerdos de libre comercio entre la UE y otras regiones del mundo también están bajo el punto de mira de los agricultores y ganaderos galos. El sector achaca que estos pactos son negativos para sus intereses, pues dejan entrar en Francia productos a precios mucho más bajos. Uno de los acuerdos más criticados ha sido el de la UE-Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) que debe ser ratificado por los 27 tras el pacto político de 2019, que tardó más de 20 años en alcanzarse.
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