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Ripoll es el primer pueblo de Cataluña que prohíbe el uso de burkini en la piscina municipal. Así lo especifica un bando firmado por la alcaldesa de la localidad pirenaica, Sílvia Orriols, del partido Aliança Catalana (AC). Orriols se ha distinguido siempre por su militancia activa en contra del islamismo y a favor de la regulación de la inmigración. No en vano, uno de los lemas de su partido es que “en Cataluña no cabe todo el mundo”.
Su política migratoria se resume en una máxima que es la base de su estrategia: “Promoveremos aquellas políticas inmigratorias que beneficien a los catalanes, no a los extranjeros”. “Se recuerda que la piscina cubierta está destinada prioritariamente a la práctica de la natación y que por cuestiones de seguridad, la indumentaria del baño ha de ceñirse a lo que contempla el reglamento, de manera que los burkinis que pueden suponer un peligro en caso de emergencia están prohibidos”, señala el bando firmado por Orriols.
La alcaldesa incluye este mensaje en el último renglón; suficiente para sacar pecho y asegurar que la alcaldesa ha cumplido su promesa. Fuentes del Ayuntamiento de Ripoll señalan a El Confidencial que en la localidad solo hay una piscina pública y está cubierta. Hasta el momento, no ha habido ninguna mujer en burkini que se haya bañado en ella. “El bando ha sido una decisión de la alcaldesa y de su partido y se refiere solo a las instalaciones públicas. En las piscinas privadas, cada uno está como quiera, lo que se regula son los espacios públicos”, dicen desde el consistorio.
Para los rivales políticos de la alcaldesa, “lo que hace es propaganda política con un discurso que le ha dado buenos resultados. Si no hay una utilización del burkini en la piscina, ¿para qué saca el bando? Evidentemente, para crear polémica”. Resaltan, además, que esta polémica se produce en medio de una expansión de AC por todo el territorio, con decenas de militantes de partidos independentistas tradicionales que se están afiliando en masa a la formación de extrema derecha.
"Es un debate racista"El debate, según fuentes del consistorio, llega en un momento de calma social, tras las tormentas provocadas por las primeras medidas de regulación de inmigración y empadronamientos en el municipio, cuando Aliança Catalana se hizo con la alcaldía y comenzó a exigir documentación a todos los foráneos. La Delegación del Gobierno puso la lupa encima de Ripoll, pero todas las actuaciones de la Administración local se ajustaron a la legalidad, por lo que no se tomó ninguna medida contra las aparentes condiciones ‘draconianas’ que exigía la alcaldía para empadronarse en el pueblo.
Ripoll es una localidad que tiene casi 10.700 habitantes. De ellos, hay un 22% que son foráneos, aunque no es la comarca con mayor índice de población extranjera: en el Alt Empordà, el índice es del 25,9% y en el Barcelonès, del 23,9%, aunque la diversidad de procedencias es mucho mayor que en Ripoll, donde la casi totalidad de la población foránea es árabe.
En esa coyuntura, el discurso de Orriols ha calado entre la población autóctona. Para justificar el bando que prohíbe una prenda tan característica como el burkini, la alcaldesa asegura que, "en Ripoll velamos por la higiene, la seguridad y los derechos y libertades de las mujeres. Hay quien le llama 'racismo'. Nosotros le llamamos sentido común y orden". Además, asegura que "recomiendo al resto de Ayuntamientos catalanes que hagan lo mismo".
Desde el Govern se rechazan los argumentos de la diputada y alcaldesa: “No caeremos en la trampa de Aliança Catalana. Es el debate racista que quiere la señora Orriols. Pero de ella no aceptamos lecciones de convivencia ni de feminismo. No es ella precisamente la que defiende el diálogo y a las mujeres, sino que escampa el discurso del odio y la polémica”.
Este miércoles, Orriols volvió a sacar el tema en la tribuna de oradores del Parlament: “El Ayuntamiento de Ripoll ha hecho lo que hace mucho tiempo deberían haber hecho las administraciones superiores: garantizar la seguridad y la higiene en las piscinas públicas, garantizar los derechos y libertades de las niñas y mujeres independientemente de su origen y de las prácticas políticas y religiosas de su comunidad”. El propio presidente Salvador Illa le respondió en el pleno en términos muy duros. "¿Usted defensora de las mujeres? ¿Usted defensora de los derechos humanos? ¿Qué broma de mal gusto es esta? Si siguiésemos sus planteamientos políticos, en Cataluña ni extremeños, ni murcianos, ni andaluces, ni gallegos ni madrileños se podrían haber integrado aquí. Usted expulsa a la gente, usted practica un discurso de odio. Usted no es digna de representar a Cataluña".
A la espera de la multaLa alcaldesa de Ripoll abrió otro frente y aventuró que podría ser multada: "Ahora, algunos medios afirman que el Govern me sancionará. No sería la primera vez que recibo una cartita de la Generalitat. Ya me sancionó el Govern del señor Illa: en aquel caso, 10.000 euros por decir obviedades, como que el Islam es incompatible con los valores europeos. ¿Cuánto me costará esta vez la defensa de la civilización occidental? En lugar de erigirse en inquisidores y defensores de la misoginia islámica, harían bien en imitarme y decretar la prohibición en el territorio de Cataluña para garantizar que en las playas y piscinas públicas cubiertas y descubiertas no acaben convirtiéndose en un espacio de normalización de esta indumentaria que estigmatiza y señala gravemente a la mujer (…) Ripoll marca el camino".
Desde el Govern se rehúye la polémica sobre ese supuesto: "Nosotros, como Govern, lo único que haremos será que se cumpla la ley y defenderemos a las mujeres", señalan a El Confidencial fuentes del Ejecutivo catalán. Una carta del Govern enviada en julio de 2023 a todos los Ayuntamientos, recordaba que la ley dice que "no se puede limitar a ninguna mujer el uso de un traje de baño que tape más partes de su cuerpo, como el traje de baño integral. Esta pieza de ropa está fabricada con poliéster, el mismo material que se hace servir para cualquier bañador, lo que lo hace adecuado para el uso en una piscina". Prohibirlo, añadía la carta, sería vulnerar "la libre elección de cada persona sobre su propio cuerpo".
En otras palabras, la ley no prohíbe el uso de esa prenda, pero desde AC leen la ley en sentido de que en espacios abiertos al público se puede impedir el acceso o expulsar a “las personas que lleven o exhiban públicamente símbolos, indumentaria u objetos que inciten a la violencia o a la discriminación”. También dice la ley que las administraciones públicas han de velar por la ausencia de “cualquier forma de intolerancia”. Y el burkini, para AC, es un símbolo de discriminación hacia la mujer y de intolerancia islamista.
Fuentes de la Administración autonómica explican que “los ayuntamientos tienen competencias en su territorio, pero prohibir el burkini por la defensa de las mujeres y por seguridad no es lógico. No acabamos de entender qué tiene que ver la seguridad con el burkini”. El partido de la alcaldesa, Aliança Catalana, echa mano de una anécdota para justificar la prohibición: en Lleida, una mujer se tiró a una piscina sin saber nadar… y llevaba burkini. De ahí que Aliança se haya apresurado a publicar que “tirarse a la piscina con burkini pone en riesgo la propia vida y también la del socorrista que te tiene que rescatar. Es una negligencia grave que puede acabar en tragedia”. Claro que la cosa hubiese sido diferente si la mujer hubiese sabido nadar.
El debate ha saltado a la calle. Una parte del vecindario ha aplaudido la iniciativa de Ripoll. “En Marruecos está prohibido usar el burkini en las piscinas y parques temáticos”, argüía un ciudadano. Un internauta cercano a AC llegó a publicar una foto de un cartel del hotel Marina Smir de Tetuán en el que se prohíbe estrictamente ir con burkini.
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