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De apoyo cerrado a esperar con ansiedad su salida. La Moncloa y el PSOE han variado en sólo unas horas su enfoque sobre los problemas judiciales del secretario de Organización, Santos Cerdán, tras la confirmación, adelantada por este diario, de que los registros en la casa de José Luis Ábalos y en distintas empresas de la geografía española son producto de una grabación entre el número tres del partido y el superasesor del exministro, Koldo García, sobre presuntas adjudicaciones amañadas.
Hace unas semanas, cuando El Confidencial adelantó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civilla atribuía a Santos Cerdán llamadas para interesarse por obras públicas, y el PP pidió explicaciones al presidente del Gobierno, su respuesta fue acusarle de "difamar a personas honestas".
Incluso ayer, después de que el instituto armado pasara nueve horas revisando e interviniendo documentación en la residencia en Valencia de Ábalos, el Ejecutivo mantenía todo su "apoyo a Cerdán", que ya había sido señalado.
Esta postura ha variado sustancialmente en las últimas horas. Y ahora casi se reza para que dimita lo antes posible. En unas escuetas declaraciones esta mañana en el pasillo del Congreso, Félix Bolaños, rebajó el respaldo a su compañero de filas al pedir "dejar trabajar a jueces, fiscales y a la UCO". "Tiempo habrá para conocer qué hay y para opinar", añadió.
El Supremo da el primer paso para imputar a Santos Cerdán por organización criminal
Beatriz Parera
La situación de Santos Cerdán, un hombre de total confianza de Pedro Sánchez, se ha agravado después de que el Tribunal Supremo, por su condición de aforado, le haya ofrecido declarar de forma voluntaria el próximo 25 de junio al hallar "consistentes indicios" de su participación en la concesión irregular de obra pública en connivencia con Ábalos y Koldo. La difusión del informe de la UCO, con conversaciones sobre presuntas mordidas, lo ha empeorado todo más y ha causado un tremendo impacto en el PSOE. Al concluir el pleno, Bolaños no ha escondido a los periodistas su "preocupación". Y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha marchado sin querer pronunciarse, emplazando a que sea Santos quien lo haga.
Para el Ejecutivo y para el PSOE es un golpe durísimo, de consecuencias imprevisibles. A diferencia de Ábalos se trata de un secretario de Organización en ejercicio, por el que Sánchez ha puesto la mano en el fuego, algo que no hizo con el exministro de Transportes. La inquietud en el partido es máxima y en el grupo parlamentario no se contempla otra salida que la dimisión. Sin convencimiento de que eso sea suficiente.
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