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Alquilar durante un día una embarcación en Baleares oscila entre los 240 euros de un pequeño barco sin licencia hasta los 15.000 euros de un yate Lamborghini que incluye capitán y tripulación, según los anuncios de distintos portales online. Los precios para casi todos los bolsillos han provocado una eclosión de este mercado. La moda comenzó a despuntar en 2019 y, desde entonces, cada verano va a más. La temporada pasada incluso mostró su cara más amarga: a mediados de agosto un joven de apenas 20 años perdió la vida al ser arrollado por un yate de lujo mientras pescaba con dos amigos en cala Bona de Son Servera (Mallorca).
La peligrosidad, el daño ambiental y los problemas de convivencia entre veraneantes y vecinos empujaron en enero al Gobierno de Marga Prohens a actualizar la regulación sobre el alquiler de embarcaciones. El objetivo es evitar que proliferen y que los incidentes sean aún mayores. Sin embargo, los cambios no han caído bien a nivel estatal. En la fase de alegaciones, la Dirección General de la Marina Mercante —dependiente del Ministerio de Transportes— advierte de que “la Comunidad Autónoma de Islas Baleares podrá regular aspectos específicos (...) pero no puede contradecir ni dejar sin efecto la regulación del Estado sobre esta materia”.
La regulación actual que rige los alquileres de barcos en las islas es un decreto de 2017, pero las modificaciones planteadas por el Ejecutivo de Prohens de cara a los próximos años son tan sustanciales que se desarrollarán en una nueva normativa que derogue la anterior.
Principalmente, estos cambios obligan a que los barcos que se alquilen tenga asegurado un lugar de amarre para embarcar y que las empresas que publiciten los arrendamientos especifiquen el número de registro y de licencia de cada embarcación, según explica a El Confidencial Toni Mercant, director general de Puertos y Transporte del Govern regional. “El mar es de todos, pero para llevar a cabo una actividad lucrativa, hay que cumplir unas condiciones”, sostiene. Además, el nuevo decreto incluye una obligación para que los navíos extranjeros cuenten con un representante legal en el archipiélago que responda ante cualquier problema.
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Yates en el puerto de Palma de Mallorca (EFE) Aunque las modificaciones no vayan a entrar en vigor para este verano, la polémica ya está servida en las islas y ambas administraciones se acercan a un choque de competencias. El organismo dependiente de la cartera de Óscar Puente explica a este medio que "le corresponde al Estado regular las condiciones de registro y abanderamiento de todos los buques civiles españoles, lo que incluye el régimen de utilización según la inscripción de dichos buques".
La disputa se reduce sustancialmente a la propuesta de la Administración que lidera Prohens de regular el alquiler con lista sexta (tipo de arrendamiento de barcos), mientras que los de Puente apuestan por la lista séptima. La diferencia entre ambas categorías es que en la sexta las embarcaciones pueden tener fines lucrativos, mientras que en la séptima no. El Govern aspira a que un particular no pueda alquilar de forma temporal un barco, sino que lo tenga que hacer como autónomo o empresa y por un tiempo indeterminado. “Lo contrario sería similar a que de repente todos podamos alquilar por unos días como apartamento turístico nuestra habitación”, explica Mercant.
La realidad es que, según incide Mercant, este punto concreto ya viene recogido en el decreto vigente aprobado en 2017. “Nos sorprende que ahora se ponga en duda nuestras competencias cuando nunca antes había pasado”, expresa el director general de Puertos. Frente a la lista sexta, la posición de la Marina Mercante defiende que los particulares puedan hacer un uso comercial inferior a los tres meses aunque estén registrados en la séptima.
“Nos trastoca el plano tarifario y además fomenta la saturación turística y marítima”, expone Mercant y recuerda: “No sería factible aplicar ahora la lista séptima porque incluso en el decreto de 2017 se contradice”. Para llevar a cabo estas modificaciones, al mismo tiempo que desde el archipiélago preparan su regulación, el Ministerio de Transportes también trabaja en la suya: un proyecto de real decreto en el que se completa la regulación ya prevista en el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, de 2023.
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Marta NevotEn este sentido, el Gobierno central respondió en las alegaciones al decreto que "esta previsión invade las competencias del Estado" y "rompe el principio de igualdad al impedir una actividad que es lícita en el resto del territorio nacional". Además, la administración central señaló que "que un propietario decida hacer un uso comercial de su embarcación de recreo, al amparo de la regulación nacional, no se justifica que sea tratado de manera discriminatoria en relación con quienes no recurran al cambio de uso".
La regulación que prepara el ente regional aún espera el informe favorable del Centro Económico y Social para pasar después al Consejo de Gobierno de Baleares, donde se aprobará. "Aun así este verano ya habrá más vigilancia para que garantizar que la normativa actual se cumple rotundamente. Es una invasión lo que tenemos en las islas con las embarcaciones", zanja Mercant. Aunque desde la cartera de Puente sostienen que el registro de los buques es "competencia exclusiva de la Marina Mercante" y que "ha sido avalada por el Tribunal Constitucional".