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A los policías y a los guardias civiles no les ha gustado la orden de Interior desvelada por El Confidencial que les exime de poner multas a quienes usen drogas en coches particulares si el vehículo está aparcado. Sus representantes sindicales y profesionales han manifestado su desconcierto y han criticado la decisión del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
La instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad fija este criterio atendiendo a las sentencias del Tribunal Supremo, que reconocen la esfera de privacidad de un coche. El Ministerio admite que la Ley de Seguridad Ciudadana solo contempla multas (de hasta 30.000 euros) cuando se trata de vehículos colectivos o directamente un delito penal contra la seguridad vial cuando el coche esté en marcha.
La Confederación Española de la Policía (CEP) pone el foco en que, durante los diez años que lleva en vigor la ley, "jamás se ha puesto una sola pega" por los responsables ministeriales a los artículos de la norma que prevén sanciones administrativas por el consumo de drogas en la calle. "Abren la puerta a que las calles de nuestro país puedan ser lugares en los que cualquier conductor se drogue, a plena luz del día y en presencia de ciudadanos e incluso menores de edad, sin que ello provoque consecuencia alguna", apuntan.
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) avisa de la "enorme irresponsabilidad" de Interior y pone el acento en que "puede derivar en tragedias en carretera" al abrir la posibilidad a "consumir sustancias estupefacientes dentro de un vehículo estacionado y, acto seguido, reanudar la marcha bajo sus efectos". "Después de fumarte dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes marchar a casa tranquilamente. Y si por el camino matas a alguien, que les pidan explicaciones a Interior", añaden.
"Incremento del narcotráfico"Por parte de la Guardia Civil, Jucil pide a Interior una rectificación inmediata y coincide en la desprotección de los menores, ya que considera que "pueden quedar expuestos al consumo normalizado en espacios como vehículos, sin que los agentes tengan margen de actuación". "El consumo de drogas es un problema de salud pública de primera magnitud en España, estrechamente vinculado con el incremento del narcotráfico. A más consumo, más narcotráfico. Esta cadena perversa no puede ser ignorada ni minimizada desde el ámbito institucional", alertan.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) muestra también su rechazo frontal a la instrucción. Considera que "crea un vacío legal que impide actuar a los guardias civiles, favoreciendo la impunidad y debilitando la seguridad ciudadana".
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Alejandro Requeijo"Una vez más, se legisla desde el despacho ignorando la realidad diaria de los agentes y el sentido común", lamentan, añadiendo que la instrucción convierte a los vehículos particulares estacionados en "espacios de impunidad donde los infractores pueden consumir o portar drogas sin que los guardias civiles puedan actuar, siempre que no se trate de transporte colectivo ni exista tránsito".