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Javier Serrano, Javoto, era uno más de los cuatro mosqueteros, el grupo de WhatsApp vinculado a la trama Koldo que más billetes movía, a la vista de las imágenes que se cruzaban sus participantes. Formaba parte, además, del entramado empresarial que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula con la despatrimonialización de fondos de Víctor de Aldama, con destino preferente República Dominicana. Se le relaciona también con otro lucrativo negocio enmarcado en la red que utilizó en beneficio propio la pandemia: los test de covid. Todo un cóctel explosivo que llegará este miércoles al Tribunal Supremo donde está citado a declarar como testigo.
Los atestados de la Guardia Civil y el análisis de las conversaciones de la red permiten echar un vistazo a la trastienda de la organización a través del grupo de sus puestos intermedios, del que Serrano formaba parte. En sus charlas, las más distendidas del sumario, aparecen citados distintos ministros. Además de José Luis Ábalos, al que se daba un trato preferente, el chat de los mosqueteros menciona a Ángel Víctor Torres y Salvador Illa. A través de Megalabs, empresa especializada en la realización de pruebas médicas, lograron cerrar nuevos contratos y, de camino, despistar las mordidas sacando el dinero de España y desviándolo a su central preferente de blanqueo, concluye la UCO en sus informes.
La atención del Supremo está centrada en el lavadero de Dominicana, como adelantó este periódico, pero la figura de Javoto conduce a toda otra serie de subtramas que, previsiblemente, saldrán durante su declaración. Por ejemplo, en las charlas se menciona otro contrato sospechoso de la empresa pública Ineco más allá del concedido a la exnovia de Ábalos, Jessica. Los mensajes muestran como el grupo celebró el trato y apuntó que se trataba de un dedazo. Fue Serrano el que se lo anunció a los demás. Envió un pantallazo del expediente de Ineco sobre "condiciones particulares para la realización de serologías y dijo: "Primer concurso a dedo que nos hacen. 18.500 euros nos van a adjudicar".
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Europa PressRespecto a Torres e Illa, la Guardia Civil ha reseñado en sus informes que el grupo de los mosqueteros, mencionó a ambos en relación con contratos. Una conversación de 2020 se refería al ministro de Sanidad y señalaba que había "dado el OK". "Han hablado y lo ve bien, así eso era un hándicap y que en principio está salvado...", se lee en los mensajes de WhatsApp. Torres aparece también y, en su caso, la UCO considera que tenía contacto directo con la trama. "Nacho dice que necesita que alguien vaya a hacer seis PCR al Ministerio de Transportes con él, que ahora les explica", expone el informe sobre los mensajes que uno de los detenidos, el empresario Ignacio Díaz Tapia, envió a otros implicados el 25 de agosto de 2020. "A continuación, les manda un pantallazo de una conversación con Ángel Víctor Torres".
PCR a domicilio y a medida"No podemos tener fallos con nuestra gente". Esa frase resume cómo movía el grupo el negocio de las PCR en un momento en que las pruebas se cotizanban al alza. Los test se hacían con preferencia para personas relevantes para la organización, ya fuera por su papel en ella o por la capacidad de llegada que la red quería tener con determinados cargos. "La gente que nos cuida", resumen las conversaciones.
En una de las ocasiones los mensajes describen un "protocolo de urgencia" desplegado después de que una de las empleadas del hogar de Víctor de Aldama diera positivo. "Tenemos que ir hoy, hacer PCR a todo su equipo de seguridad, a él y al equipo de la casa que son 15 personas", decía otro de los mosqueteros. También realizaban informes a petición del interesado, como uno negativo que reclamó Ábalos en noviembre de 2020. En otra ocasión, Koldo García pidió cuatro pruebas a realizar "en casa del jefe".
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José María OlmoRespecto a los pagos de comisiones en la República Dominicana, Serrano tuvo también, un papel esencial. Las primeras alertas se dispararon después de que se encontraran mensajes del empresario en los que pedía "mirar los tickets" que tenían en RD. "El domingo va el hermano de K, a ver qué le podemos dar", escribió en esas comunicaciones intervenidas. El hermano del asesor, Joseba García, viajó efectivamente en esas fechas. Estuvo en la isla una primera vez entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre y otra del 13 al 16 de diciembre. Según su versión, los desplazamientos fueron "de placer".
No obstante, fue el mosqueterio quien organizó la recepción de Joseba de la mano de Arancha, una empleada que la UCO enmarca en el reparto del dinero en efectivo. Según refleja uno de los informes, el acuerdo era entregar a García "10K". Arancha preguntó a Serrano cuánto había que darle "al legionario", el mote con el que se referían a Joseba, y esa fue la respuesta, según reflejan. Este pago queda acreditado por unos mensajes que le manda Joseba a Koldo en los que le pregunta qué cantidad son los 10K al cambio. La Guardia Civil concluye que eran dólares, es decir, unos 8.800 euros. El juez Leopoldo Puente también escuchará a Arancha. Uno para todos y todos para uno.