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Juan José Fernández Garrido cumplirá este año una década como alcalde de Aznalcóllar, pero sobre todo es minero. Antes de convertirse en regidor de esta localidad sevillana, a unos kilómetros de la capital, era el portavoz del colectivo de trabajadores de la mina que se quedó en el paro después del desastre de Boliden. Más de un cuarto de siglo después de la ruptura de una balsa minera que amenazó la supervivencia de Doñana, en el pueblo confían en que se cumplan los plazos y en 2027 eche a andar de nuevo la extracción de mineral. Pero el camino, que ha estado lleno de obstáculos judiciales, suma ahora uno medioambiental contra el que Fernández Garrido se rebela. "No nos han salido dos cabezas ni nacen niños con seis dedos", defiende el regidor después de que un grupo de alcaldes de la desembocadura del Guadalquivir, acompañados por ecologistas, pescadores y marisqueros, remitiesen la semana pasada una carta a Juanma Moreno para que evite la reapertura de la mina.
Aznalcóllar entró en una suerte de depresión cuando se rompió aquella balsa, pero en 2013 se abrió un resquicio de luz y las autoridades dieron el visto bueno a la posibilidad de recuperar la actividad. Han pasado casi 12 años desde entonces y el proyecto que encabeza el Grupo México todavía no está en funcionamiento después de recibir todos los permisos de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De por medio se coló un conflicto judicial porque Emérita, otra de las empresas que aspiró a explotar el yacimiento, denunció la adjudicación ante los tribunales. Y ahora los ecologistas, que cuentan con un estudio de la Universidad de Sevilla, han lanzado una voz de alerta porque los vertidos que irán al Guadalquivir pueden ser un peligro para el ecosistema del estuario y, aseguran, también a toda la actividad económica de la desembocadura del gran río andaluz.
"Me da pena que allí abajo compañeros de distintos partidos actúen así ante el miedo y la incertidumbre", expresa Fernández Garrido, que defiende que el proyecto de la mina Los Frailes es "del siglo XXI" y es la "única vía posible para acometer la restauración integral del entorno y prevenir riesgos ambientales". Esto es así, recuerda el regidor de IU, porque el plan de Grupo México pasa por volver a explotar la corta de Aznalcóllar, pero también incluye el compromiso de vaciar el agua contaminada que ahora la llena y restituir ambientalmente el paisaje, igual que ocurrió con la zona donde se produjo la rotura de la balsa en 1998.
Las alarmas han saltado después de la publicación de un informe de la Universidad de Sevilla que alerta de que los vertidos de agua llegarán al Guadalquivir desde la mina de los Frailes y el proyecto de Cobre las Cruces (Gerena) avalado por la Comisión Europea. Según los datos de la segunda mina, que lleva más de una década de funcionamiento, las aguas ya depuradas que llegan al río grande de Andalucía tienen metales pesados que no llegan directamente al Atlántico, sino que también se depositan en los sedimentos del estuario y arriesgan la actividad económica en la desembocadura, ya que llegan a los animales y plantas que viven en el curso bajo del cauce.
Los ecologistas chafan la euforia por el respaldo de la UE a las materias críticas en España
Carlos Rocha. SevillaMás allá de ese estudio, ha llamado la atención el cambio de color que ha sufrido el contraembalse de la presa del río Agrio, provocados por la presencia de minerales y que no está relacionada con esos dos proyectos mineros, que aún no han empezado a funcionar. "Entendemos la preocupación ciudadana, pero queremos dejar claro que no se trata de un fenómeno nuevo ni alarmante", defiende Juan José Fernández Garrido, que ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un informe técnico sobre el "origen concreto" de este episodio. "La experiencia de décadas de nuestros mayores confirma que estos cambios en el color del agua son naturales y cíclicos", defiende el alcalde de Aznalcóllar.
Según su relato, las lluvias provocadas por el tren de borrascas del pasado marzo desembocaron un cuantioso desembalse en la citada presa del Agrio que removió los lodos del suelo del pantano, que contienen este tipo de minerales. Eso ha provocado, insiste Fernández Garrido, que se hayan teñido de un color turquesa que no es extraño para los aznalcolleros. De hecho, ya pasó en momentos similares, con grandes episodios de lluvia en 2004, 2010 y 2017. Y entonces también hubo quejas de los ecologistas. Asegura que "mucho antes de los embalses o balsas mineras" ya se daban episodios similares en distintas "charcas" históricas del entorno de la localidad sevillana. "Los vecinos lo han visto durante generaciones y lo han transmitido como parte del conocimiento popular de nuestra tierra", abunda el alcalde de IU.
Fernández Garrido destaca además que el contraembalse fue la fuente de abastecimiento de agua de Aznalcóllar durante más de 20 años, hasta que la localidad se conecto con Aljarafesa, una de las empresas públicas que surten de recursos hídricos a Sevilla y su área metropolitana. "Y nuestra salud es como la de cualquier otro municipio", zanja, al tiempo que hace un llamamiento a la "responsabilidad" frente al "alarmismo" y reclama confianza a las autoridades que han dado los permisos a la nueva explotación minera. "El verdadero riesgo está en no actuar", sentencia, en alusión al compromiso de Grupo México de sellar las escombreras, vaciar la corta y poner en marcha una planta de tratamiento de última generación "y con los más altos estándares ambientales".
El ejemplo que pone el alcalde de Aznalcóllar para defender el proyecto de Grupo México, además de de la creación de empleo en la localidad y la inversión, es que es la única empresa que se ha ofrecido a restaurar las escombreras y evitar que la corta rebose. A cambio, podrá extraer minerales considerados críticos por la UE después del cambio en la situación geopolítica y el nuevo interés de Bruselas por la Faja Pirítica que cruza el suroeste de la península Ibérica, desde Sevilla hasta Portugal pasando por Huelva. "Yo sigo siendo minero y cuando deje la alcaldía, lo primero que quiero es la restauración", afirma. Y asegura que no tiene "miedo", ya que está contemplada la realización de 252 análisis anuales del agua, uno en cada día laborable, que correrán a cargo de empresas públicas. "Confío en la administración, en sus técnicos y expertos", sentencia.
En la desembocadura del río Guadalquivir no coinciden con las tesis de Fernández Garrido, lo que ha provocado un movimiento inspirado por los ecologistas y con base en el citado estudio de la Universidad de Sevilla en el que participa el catedrático Jesús Castillo. Y este informe y los movimientos ecologistas dieron paso a la entrega de una carta en el palacio de San Telmo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para reclamar un paso atrás en el apoyo a estos proyectos. Alrededor de esta petición están los citados investigadores y movimientos como Ecologistas en acción, pero también los alcaldes de Rota (PSOE), Chipiona (independiente) o Sanlúcar de Barrameda, también de IU.
También hay cofradías de pescadores de Cádiz y asociaciones como Jarife, que defienden la supervivencia del modelo de pesca de los corrales de Chipiona. Se trata de un método de pesca que tiene origen en la época romana y que consiste en la construcción de piscinas que se llenan con la marea alta y que atrapan a los peces cuando el agua se retira. "Algunas especies, como los ostiones, han empezado a debilitarse", denuncia Rafael Ruiz, que achaca esta mortalidad a la llegada de sedimentos desde la zona minera, como apunta el estudio de la US. Creen que irá a más con las nuevas explotaciones y aseguran que llegará a las costas de Huelva y el norte de Cádiz, pero no sólo con problemas para los pescadores y marisqueros, sino también para el turismo.