:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fba7%2F51f%2F8aa%2Fba751f8aae89018db859008c9ce9bf46.jpg)
El restaurante donde tienes que comer sí o sí en Galicia: en pleno paraíso natural y con un estilo “tradicionalmente moderno”De sus quisquillas a sus calamaritos: el restaurante de Andalucía que ha conquistado a Carlos Herrera
Los bares, restaurantes y supermercados deberán adaptarse a una nueva normativa que cambia por completo la forma de gestionar los alimentos no consumidos. La medida ya está en vigor, pero muchos profesionales del sector hostelero aún desconocen las consecuencias económicas que podría acarrear su incumplimiento.
Se trata de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado. Esta norma impone a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria una serie de obligaciones concretas con el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio alimentario en el consumo antes del año 2030. Afecta tanto a grandes superficies como a establecimientos de hostelería, e incorpora un severo régimen sancionador que contempla multas de hasta 500.000 euros.
Alójate en este Parador de España: con impresionantes vistas a una ría y en una casona gallega
Sara CastellanosEntre las obligaciones clave para bares y restaurantes destaca la necesidad de elaborar un plan empresarial de prevención para reducir al máximo el despilfarro de alimentos. Además, los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados tienen un año para firmar convenios con entidades sociales que les permitan donar productos no vendidos, pero aptos para el consumo. No cumplir con estos requisitos podría suponer desde 2.000 euros por infracciones leves hasta medio millón en los casos más graves.
También se penalizará la destrucción voluntaria de alimentos que aún puedan consumirse, así como la discriminación en el reparto de productos procedentes de donaciones. La reincidencia en infracciones graves durante dos años convertirá la falta en muy grave, con la correspondiente sanción económica. Esta nueva legislación obliga, por tanto, a replantear la gestión alimentaria en el sector hostelero, que deberá incorporar prácticas responsables y ajustadas a los objetivos de sostenibilidad marcados por la Agenda 2030.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}