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"Feminismo, pero de verdad". El lema con el que el Partido Popular ha encarado la semana del 8-M ya era toda una declaración de intenciones de la estrategia a seguir para exprimir los últimos "escándalos" que rodean al PSOE y que, a juicio de Génova, pueden tener un efecto desmoralizador en el electorado socialista. La declaración de Jéssica R, la expareja de José Luis Ábalos, en el Tribunal Supremo apuntala la hipótesis de la prostitución en el seno del caso Koldo y, para más inri, en el PP detectan otra importante vía de desgaste en el acuerdo suscrito con Junts para ceder las competencias migratorias a Cataluña por el discurso "racista" de Puigdemont.
Aunque sin descuidar el retrovisor derecho, la obsesión de Feijóo siempre ha sido ensanchar su espacio político por el centro y tratar de moldear un proyecto atractivo para los electores socialistas desencantados con Sánchez. Por eso cuestiones como la prostitución —en la que PSOE y PP comparten una posición abolicionista—, los "privilegios" a Cataluña o los pactos con la "ultraderecha" catalana, que asimila inmigración con delincuencia, son vistas en Génova como una ventana de oportunidad para abrir grietas en la bolsa de votantes de su adversario.
En los últimos días, Génova ha hecho especial énfasis en la idea de vincular las siglas socialistas con el consumo de la prostitución por el caso de los ERE, el de 'Tito Berni' y, ahora, el caso Koldo. Se trata de un asunto especialmente delicado para las bases del PSOE y para el blindaje de su discurso feminista, en el que el PP trata de sacar cabeza. El manifiesto del Movimiento Feminista de Madrid dedicaba un apartado explícito a la lucha contra la "explotación sexual" y contra prácticas como el "Sugar Dating". "Queremos un mundo donde ninguna mujer tenga que vender su cuerpo para sobrevivir. ¡Ninguna mujer nace para puta!", recogía.
Jéssica: "Ábalos me dijo que no tenía edad para compartir piso y elegí ese por estar cerca de Ferraz"
Beatriz PareraEsa es, precisamente, la manifestación a la que el PP envió este sábado una delegación, encabezada por la vicesecretaria de Igualdad, Ana Alós, y en la que participó también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que dobló su agenda y también acudió por la mañana a la protesta de la Comisión 8M. En la víspera de las movilizaciones, el PP espoleó la idea de que las dos marchas feministas de la jornada acababan en la Plaza de España, "con vistas al piso de Jéssica".
"Los compañeros de partido y de Gobierno de José Luis Ábalos, manifestándose por la igualdad entre hombres y mujeres a las puertas del edificio al que timbraba el exnúmero dos del PSOE para recibir atenciones por las que había pagado con el dinero de todos los españoles", azuzaron en la dirección nacional. El PP se ha lanzado a exprimir esa debilidad tras los últimos escándalos que rodean no solo a los socialistas, sino también a Sumar —tras la salida de Íñigo Errejón, imputado por agresión sexual— y de Podemos —ante el caso de acoso sexual que salpica a Juan Carlos Monedero—.
"La lucha por la igualdad y contra la violencia de género es un asunto muy serio que no puede estar en manos de quienes frivolizan con el machismo y pasan por alto prácticas deleznables. Las mujeres no merecen tener este tipo de supuestos defensores", repetían en Génova. El PP trata de dirigirse así a un público que suele optar por las siglas socialistas y que repudia, por otra parte, los acuerdos con Vox. Por eso, el partido de Feijóo trata también de desvincularse de las posiciones "negacionistas" del partido de Abascal, el gran punto débil en el intento del PP por meter un pie en el movimiento feminista.
El Gobierno asume que la ley pactada con Junts puede caer por su discurso "racista"
Marisol HernándezPSOE, Sumar y Podemos acudieron este sábado a la manifestación de la Comisión 8M, que este año quiso poner el foco en la vertiente 'antirracista' de la convocatoria. El lema de la protesta irrumpía en la batalla abierta entre el Gobierno y sus socios a cuenta del acuerdo suscrito esta misma semana entre PSOE y Junts para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat, un pacto del que reniegan formaciones como Podemos, donde señalan a los socialistas por comprar el marco "abiertamente racista" de la derecha catalana.
Aunque el Ejecutivo ha incidido en que se trata de una delegación —que no cesión— de competencias y que existe un "abismo" entre los postulados del PSOE y de Junts en materia de inmigración, el discurso de los posconvergentes amenaza con meter a los socialistas en un callejón sin salida. El problema no es tanto el texto legal acordado, como las razones esgrimidas por Junts para justificar la demanda de que Cataluña pueda expulsar inmigrantes, presentándoles como un problema para la convivencia, algo que choca de manera frontal con la línea del PSOE.
Hasta el momento, el PP se ha centrado en agitar públicamente las consecuencias "desastrosas" que puede tener el acuerdo para la seguridad nacional por el "desmantelamiento de las fronteras", dirigentes nacionales del partido piden hacer énfasis en el enfoque ideológico del acuerdo, e insisten en que se trata de una "ley racista" y "supremacista" no solo con los extranjeros, sino también con los nacionales. "Los españoles que no hayan nacido en Cataluña también serán inmigrantes", abonan las fuentes consultadas, incidiendo en el principio de "desigualdad" contra el que ya se ha manifestado también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
La batalla que Cataluña puede perder si pone freno a la inmigración
José Ramón PérezEn el PP están convencidos de que el acuerdo entre PSOE y Junts puede tener consecuencias importantes para su resistencia demoscópica, y creen que también deshace el discurso de que el Gobierno de coalición es "el dique de contención contra la ultraderecha", una de las grandes balas que Sánchez emplea contra Feijóo para asimilarle con Vox. "Ahora tendrá que mirarse en el espejo", zanjan.
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