El Sindicato de Llogateras exige a la empresa que pare la privatización de las viviendas: “Si no, no verá ni un duro”.
Un grupo de 54 familias de cinco promociones de HPO de InmoCriteria en Sitges, Banyoles y Sentmenat han amenazado la inmobiliaria con no pagar los alquileres si no paran el proceso de privatización para vender los pisos. Con el apoyo del Sindicat de Llogateres, todas retuvieron el pago del último recibo durante cinco días y advirtieron a la empresa de La Caixa que, si no escucha sus demandas, "no verá ni un duro" a partir del mes de abril.
La entidad defiende la huelga de alquileres como una herramienta efectiva "para parar las expulsiones" que, dice, está haciendo la inmobiliaria a todos los inquilinos, a quienes no les renueva el contrato con intención de poner los pisos a la venta. "La vivienda pública tiene que salir de las zarpas de los negocios", ha dicho el portavoz Enric Aragonès.
El Sindicat de Llogateres ha recordado que la manifestación multitudinaria de noviembre para bajar el precio de las rentas derivó en una huelga de alquileres a 33 pisos de Salou y el Vendrell. Estas familias han estado dos meses sin pagar las cuotas "para poder recuperar los IBI que InmoCriteria les había estado cobrando abusivamente, como una estafa, todos los años de contrato". Aragonés ha asegurado que ninguna familia ha sido demandada por el impago y ha celebrado que en conjunto han recuperado 25.000 euros.
Después de esta experiencia, ahora la entidad busca una nueva fórmula para reclamar los derechos de los locatarios de pisos de protección oficial. En este caso, son 54 familias de cinco promociones de Sitges, Banyoles y Sentmenat que se rebelan contra el proceso escalonado con que InmoCriteria está dejando de renovar los contratos de alquiler social para poner las viviendas a la venta. Estos inquilinos han enviado un ultimátum a la inmobiliaria para exigirle que pare esta desclasificación y que los permita seguir viviendo a las fincas con un alquiler protegido.
El portavoz del sindicato ha asegurado que InmoCriteria "se ha puesto nerviosa" con las movilizaciones, de manera que ha ofrecido a los inquilinos tener preferencia en la compra de los pisos "a precios hasta un 40% inferiores a la oferta inicial". "Están casi asediando telefónicamente las familias para empujarlas a endeudarse para seguir viviendo en sus pisos", ha criticado, si bien ha avisado que los afectados son "insobornables".
Aragonés ha arreciado que "la vivienda pública tiene que salir de las zarpas del negocio inmobiliario". Ha reivindicado que las huelgas de alquileres buscan "garantizar una vivienda orientada en un interés común y no al beneficio privado de La Caixa y de las fundaciones y empresas que hasta ahora se han aprovechado de este modelo". "No sirve de nada tener un gobierno que anuncia 50.000 pisos nuevos si antes del 2030 habrá 43.000 que acabarán privatizados", ha subrayado.
Fuentes de InmoCriteria consultadas por ACN evitan responder qué hará la empresa ante la amenaza de los inquilinos y se limitan a decir que la compañía actúa basándose en "un cumplimiento estricto de la legalidad".
La inmobiliaria sostiene que "siempre" busca "el equilibrio" entre la defensa de su cartera y la "sensibilidad" de los casos de inquilinos en que hay una vulnerabilidad económica acreditada. "Si hay desacuerdos puntuales, InmoCaixa lo gestiona caso a caso y con flexibilidad para encontrar la mejor solución", añaden las mismas fuentes.