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El informe anual de la Fiscalía Europea (EPPO) recoge que la institución, con sede en Luxemburgo, mantiene 75 investigaciones abiertas en España con un impacto total de unos 465 millones de euros. Aunque la EPPO no da demasiados detalles respecto a sus pesquisas, sí que señala que casi la mitad, 227 millones de euros, tienen que ver con casos de fraude de IVA transfronterizo. Solamente en 2024 la fiscalía abrió 48 nuevos casos con un impacto estimado de 216 millones de euros.
La EPPO señala que la inmensa mayoría de las denuncias, 179, han llegado de actores particulares, mientras que 42 han sido recibidas de manos de las autoridades nacionales y 19 por parte de instituciones europeas. Casi la mitad de los casos abiertos tienen que ver con casos de fraude en gastos no relacionados con la contratación pública, producto de documentación falsa o errónea, pero el 10% de ellos sí afectan a concursos públicos. Cuatro casos tienen que ver con corrupción, once con blanqueo de capitales y dos con apropiación indebida.
Dividido por sectores, la fiscalía europea apunta a que la mayoría de los casos se concentran en programas de desarrollo agrícola y rural seguido de programas de desarrollo regional y urbano. La EPPO señala en todo caso que hay cuatro casos abiertos relacionados con el Fondo de Recuperación, los conocidos como ‘Next Generation EU’.
Moncloa niega medios a la Fiscalía Europea y frena casos como el de Begoña Gómez
Beatriz Parera
Más allá de las fronteras españolas, la EPPO explica que mantiene abiertas 2.666 investigaciones con un impacto de unos 24.000 millones de euros. España no destaca demasiado en este informe, bien porque haya menos fraude o porque haya menor nivel de denuncias, porque en comparativa Alemania acumula casi 300 investigaciones abiertas por valor de 5.000 millones de euros y en Francia se mantienen abiertas 114 investigaciones con un impacto de unos 640 millones de euros. Por encima de todos los demás destaca Italia, el principal receptor del Fondo de Recuperación, que acumula 764 investigaciones con un impacto de más de 7.000 millones de euros. La inmensa mayoría de ellos tienen que ver con los ‘Next Generation EU’.
Laura Kövesi, la fiscal jefe de la institución, ha explicado que la organización necesita más recursos dado el creciente número de investigaciones y su impacto. “Tras tres años de actividad destapando un nuevo continente de crimen, la capacidad de la EPPO tiene que adaptarse a la realidad”, ha asegurado la rumana. “La expectativa general era que la Fiscalía Europea no tendría mucho que hacer. Se diseñó en pequeño para ocuparse de lo que comúnmente se consideraba una delincuencia ‘de nicho’”, asegura Kövesi en un comunicado al inicio del informe.
Señala a las instituciones
La fiscal jefe, que jugó un papel fundamental en la lucha contra la corrupción en Rumanía antes de ser elegida para liderar la EPPO con la oposición de Bucarest, también ha apuntado a las instituciones europeas, señalando el bajo nivel de denuncias que presentan. “Cualquier debate serio sobre la arquitectura antifraude de la UE no debe ocultar hechos incómodos. Por ejemplo, en 2024, la OEPP tramitó 6.547 denuncias de delitos. Más del 70% procedían de particulares, cerca del 27% de las autoridades nacionales y menos del 1% de la OLAF. Es evidente que las instituciones, órganos y organismos de la UE deben intensificar la detección y notificación de sospechas de fraude a la EPPO”, subraya Kövesi.
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