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Dar noticias suele ser el camino más corto para buscarse problemas. Así es como El Confidencial ha vivido los últimos doce meses desde la primera publicación sobre las actividades privadas de la esposa de Pedro Sánchez. Esta es la historia de un trabajo de investigación periodístico que ha avanzado en paralelo a las causas judiciales que cercan al PSOE y al Palacio de la Moncloa. Más allá de su desenlace y consecuencias, las revelaciones de este periódico han puesto el foco en el debate sobre la necesidad de regular la figura de los cónyuges del jefe del Ejecutivo como sucede en otras democracias avanzadas.
Begoña Gómez se reunió con compañías que fueron beneficiadas por el Gobierno; apoyó a un empresario que recibió adjudicaciones millonarios de dinero público; logró que la Universidad Complutense de Madrid creara una cátedra a su medida; presionó a grandes corporaciones, algunas controladas por el Ministerio de Hacienda, para que le hicieran gratis un software para pymes y utilizó una asesora a sueldo del Estado para sus negocios particulares. Todas estas informaciones fueron desveladas por El Confidencial.
Frente a ello, el Gobierno pasó de negar los hechos a calificar estas noticias como "calumnias". Empezó pidiendo que no se informara de los familiares de los políticos, pero se lanzó días después a una ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso por la investigación fiscal que afrontaba su novio. En ese mar de contradicciones, Pedro Sánchez exploró caminos inéditos en las cinco décadas de democracia, como un retiro de cinco días y la escenificación de un amago de dimisión apelando a una presunta campaña de acoso contra él y su familia. El PSOE convocó a una reacción ciudadana que apenas reunió a 12.000 personas en su sede de la calle Ferraz de Madrid, según datos oficiales.
Las exclusivas sobre Begoña Gómez tuvieron otros efectos. El Gobierno intensificó su señalamiento a los jueces, activó reformas legislativas para controlar a los medios de comunicación e intenta limitar la acción de las acusaciones populares. Esta figura prevista en el derecho español jugó que en el pasado un papel determinante. Todavía hoy lo sigue haciendo en otros ámbitos necesarios, como, por ejemplo, en los asesinatos pendientes de resolver del terrorismo de ETA. Su eliminación provocaría el archivo inmediato de la causa con la mujer del presidente del Gobierno porque la Fiscalía se ha comportado desde el principio como si fuera el verdadero abogado de la defensa.
La contundencia de las noticias llevó a Begoña Gómez a tratar de amordazar El Confidencial emprendiendo acciones legales contra esta redacción. Sus iniciativas no cuestionaban la veracidad de las informaciones, pero pretendían amedrentar a este diario para evitar que siguieran conociéndose nuevos episodios de su agenda secreta. Finalmente, la Justicia avaló el trabajo de El Confidencial.
Pese a ello, a lo largo de estos 12 meses, el Gobierno y su entorno han lanzado una campaña de desinformación y propaganda contra este periódico y sus trabajadores para tratar de minar su credibilidad y vincular las noticias sobre la pareja del secretario general del PSOE a una "máquina de fango" o "fachosfera" que persigue fines espurios. Casualmente, la persona que acuñó el término "fachosfera" acaba de ser contratada por Moncloa. En este contexto, el Gobierno ha utilizado incluso la publicidad institucional como instrumento para reprimir el derecho a informar de este diario.
Una fuente interna de Air Europa
Las primeras pistas sobre la relación de Begoña Gómez con Globalia llegaron a la redacción de El Confidencial en el otoño de 2020. Una fuente interna de Air Europa desveló que la mujer de Sánchez había acudido en los meses de junio y julio a las oficinas de la aerolínea en Pozuelo de Alarcón acompañada de sus escoltas para reunirse con Javier Hidalgo. Sin embargo, la fuente no conocía el motivo de esos encuentros. En noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Air Europa con un total de 615 millones de euros públicos, pero todavía no se conocía la trastienda de esa operación.
En los meses siguientes, El Confidencial contactó con otra segunda fuente de Globalia que proporcionó nuevos detalles sobre la vinculación de Begoña Gómez con el holding. Cuando el Ejecutivo de Sánchez salvó a la aerolínea, los Hidalgo ya habían firmado un acuerdo de patrocinio con el IE Africa Center de su mujer. La mujer del presidente del Gobierno había asistido a eventos patrocinados por Globalia y la Organización Mundial del Turismo (OMT), pero ni Globalia, ni la OMT, ni el IE Afica Center respondieron a las peticiones de información de este diario.
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En 2023 llegaron a El Confidencial nuevos detalles sobre la vinculación de Begoña Gómez con los Hidalgo. Su conexión iba más allá de los patrocinios del IE Africa Center. Las visitas de la mujer de Sánchez a la sede de Globalia se habían producido en plenas negociaciones de la compañía con el Gobierno del PSOE y Podemos para obtener el mayor rescate de la pandemia. Con todo, había participantes en esas conversaciones que seguían en el anonimato. Aparentemente, Moncloa había respetado todos los procedimientos legales en la ayuda a Air Europa.
Un terremoto llamado Koldo
La situación dio un vuelco el 21 de febrero de 2024 cuando El Confidencial adelantó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había detenido un día antes a Koldo García Izaguirre, mano derecha de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. La noticia provocó un terremoto, aunque todavía no se intuía su alcance.
Entre los detenidos se encontraba el intermediario Víctor de Aldama. En uno de los primeros autos dictados por el instructor del caso, el juez Ismael Moreno, se desvelaba que una de las sociedades de Aldama que presuntamente formaban parte de la trama de comisiones ilegales, MTM 180 Capital SL, había tenido como cliente a Globalia. Los pagos se habían producido en plenas negociaciones del rescate.
Nunca hablamos de nuestras propias exclusivas. Pero esta es diferente
Nacho Cardero
En las siguientes horas nos llegaron más informaciones que situaban a Begoña Gómez en otra reunión con Javier Hidalgo en la que también estuvo presente Aldama. El 29 de febrero de 2024, solo ocho días después de la primicia de la detención de Koldo, El Confidencial publicó por fin la primera noticia de su investigación sobre Begoña Gómez con el título El comisionista del ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Sánchez para presentarle negocios. La información reveló que la pareja del presidente del Gobierno se reunió antes y después de la pandemia con Aldama y el consejo de Air Europa y que uno de esos encuentros se produjo en San Petersburgo, en septiembre de 2019, con motivo de la Asamblea General anual de la Organización Mundial del Turismo (OMT), una agencia de la ONU.
Las siguientes noticias desvelaron que Globalia patrocinó eventos de Begoña Gómez antes de que el Gobierno salvara Air Europa y que, pese al evidente conflicto de intereses, Sánchez no se apartó del Consejo [de Ministros] que rescató Air Europa pese a los patrocinios [de la aerolínea] a su mujer. Hasta ese momento, se sabía que Globalia había firmado un acuerdo de colaboración con el IE Africa Center, pero se había ocultado que esa relación implicaba una contraprestación económica. Días después, este diario informó de que el holding rescatado por el Gobierno se comprometió a pagar al instituto de la mujer del presidente 40.000 euros anuales para apoyar sus actividades.
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Nuevas pistas permitieron a El Confidencial precisar el 4 de marzo de 2024 las fechas en las que Begoña Gómez acudió a la sede de Globalia tras la primera ola de la pandemia, después de que el Ministerio de Transportes eligiera Air Europa a dedo para trasladar a España algunos de los cargamentos de mascarillas comprados a la trama corrupta y en medio de las conversaciones del grupo turístico para acceder a la línea de crédito de la SEPI. La primera reunión se produjo el 24 de junio de 2020 y, la segunda, el 16 de julio. Los encuentros se mantuvieron en secreto. Pasaron varios días hasta que Globalia admitió finalmente que esas reuniones se habían producido y que había abonado varios vuelos del IE Africa Center con cargo a su acuerdo de patrocinio.
Cartas para Barrabés
La segunda tanda de informaciones sobre la agenda secreta de la esposa del jefe del Ejecutivo empezó el 2 de abril de 2024 y tuvo su origen en una información anónima sobre su relación con la consultora tecnológica Barrabés, del empresario Carlos Barrabés, amigo personal de Pedro Sánchez y profesor del Máster en Transformación Social Competitiva de la propia mujer del presidente en la Universidad Complutense de Madrid. Begoña Gómez firmó una carta en 2020 para que dos empresas se llevaran un contrato del Gobierno de 7 millones de euros, publicó El Confidencial. Al día siguiente, otra información reveló que Begoña Gómez firmó una segunda carta para que el consultor de su Máster se llevara otro 4,4 millones de euros del Gobierno.
El PSOE diseña una ley a la medida de Begoña Gómez para forzar el cierre de su caso
Beatriz Parera
La documentación de las licitaciones demostraba que la consultora Barrabés se había impuesto al resto de candidatos gracias al resultado que había obtenido en el apartado subjetivo de los concursos. Sus ofertas no eran las más baratas, pero el tribunal del organismo Red.es, dependiente Ministerio de Economía, había concedido a la empresa avalada por Begoña Gómez la máxima calificación en los criterios evaluados mediante juicios de valor. Ese plus permitió a Barrabés vencer a sus competidores por apenas unas centésimas en el cómputo total del concurso.
La tercera serie de exclusivas sobre Begoña Gómez arrancó el 29 de mayo de 2024 y giró en torno a la plataforma de medición de Transformación Social Competitiva que la mujer de Sánchez ofrecía como uno de los servicios de su Máster en la Universidad Complutense. El Confidencial destapó que la propia Begoña Gómez negoció que Indra, Telefónica y Google hicieran gratis un software para su Máster. Las tres compañías reconocieron en ese momento que había aportado trabajo y recursos equivalentes a unos 150.000 euros. Meses después, esa cifra se acercaría a los 300.000 euros.
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Otra noticia puso el foco en una sociedad limitada constituida por Begoña Gómez y administrada únicamente por ella que estaba ofreciendo el software realizado por Indra, Google y Telefónica para la Complutense. También informó de que la pareja del secretario general del PSOE había registrado a su nombre la marca del software, Transforma TSC, en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Begoña Gómez usó como domicilio de la marca la vivienda particular que compartía con Sánchez hasta que se mudó a Moncloa.
La cuarta y última gran revelación sobre las actividades privadas de Begoña Gómez sirvió para sacar a la luz que había utilizado durante años a una empleada pública en nómina del Ministerio de Presidencia para reclamar dinero para su Máster a compañías privadas, solicitar que le enviaran alumnos y llevar su agenda particular. Hasta ese momento, esta asesora se había movido en la oscuridad del Palacio de la Moncloa. El Confidencial consiguió ponerle nombre, Cristina Álvarez Rodríguez, y situarla al otro lado de la vida institucional de la mujer de Sánchez, concretamente en la cocina de sus negocios.
Los frentes judiciales
Un año después, la preocupación en Moncloa no se centra solo en los medios de comunicación, sino también en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que dirige Juan Carlos Peinado. Es el magistrado que imputó en junio a la mujer del presidente del Gobierno por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, creando de nuevo un escenario nunca antes visto en España. No fue el único: el juez se desplazó personalmente hasta el Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno, pero se negó a contestar preguntas.
La sede del Gobierno de España es el lugar en el que la mujer de Pedro Sánchez citaba a algunos de los personajes de esta trama para convencerles de que participasen en sus actividades privadas.
Tras las publicaciones de El Confidencial, la nómina de presuntos delitos se incrementó después con la apropiación indebida y el intrusismo. La causa ha ido creciendo con la oposición total de la Fiscalía y a pesar de los intentos de la Moncloa por apartar al juez. Begoña Gómez, defendida por el exministro del Interior Antonio Camacho, denunció por prevaricación al magistrado, pero la Justicia lo desestimó. Lo mismo hizo el propio Sánchez por medio de los servicios jurídicos del Estado, pero tampoco dio resultado. En ambos casos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó a Peinado.
Las diligencias 1146/2024 hoy suman miles de folios repartidos en al menos 13 tomos, que conforman varios frentes judiciales con otros cuatro imputados. Uno de ellos es el empresario Juan Carlos Barrabés, cuya UTE apoyó la esposa del presidente de cara a hacerse con contratos millonarios que adjudicaba el Gobierno. La misma condición de investigado ostenta el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. El juez sospecha que le creó la cátedra a Begoña Gómez sin tener la preparación adecuada, solo por ser la esposa de Sánchez.
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La última en ser imputada es Cristina Álvarez, la secretaria personal de Begoña Gómez en Moncloa. Correos que obran en el caso muestran a esta empleada de Presidencia participar en los negocios privados de la principal investigada, como las gestiones para poner a su nombre la herramienta informática creada presuntamente para la universidad.
El juez Peinado también imputó al exconsejero del PP de Madrid Juan José Güemes, la persona que fichó a la esposa de Sánchez para dirigir un proyecto llamado Africa Center dependiente del Instituto de Empresa (IE). El magistrado también ve aquí un interés de contar con Begoña Gómez por ser la mujer del líder socialista.
El Ejecutivo desplegó un relato que ubicaba a este magistrado en el Estado profundo que maniobra desde el poder judicial en contra del gobierno. Desdeñó la causa al estar impulsada por lo que calificó despectiva como "recortes de prensa" y asociaciones como Hazte Oír, Vox, Manos Limpias o el PP. Los socialistas fiaron sus esperanzas a que la Audiencia Provincial obligara a cerrar el caso, pero no fue así. Los jueces madrileños avalaron la investigación, aunque delimitaron el marco. Derivaron lo relativo a las cartas de apoyo al empresario Juan Carlos Barrabés a la Fiscalía Europa.
Begoña Gómez o cuando rectificar es confirmar
El Confidencial
Por el momento, la Justicia tampoco han entrado a indagar si las reuniones en la sede de Air Europa tuvieron alguna influencia en el rescate de la compañía, pero al tiempo que el caso Begoña avanza, también lo hacen otras causas como la que afecta a las irregularidades del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, junto a Koldo García y el papel omnipresente de Aldama. Ambas tramas han demostrado tener vasos comunicantes.
Recientemente, el juez Peinado ha experimentado un revés de la misma Audiencia Provincial al anular el registro en la casa y las oficinas del empresario Barrabés, así como su móvil. A pesar de ello, la causa sigue y no tiene visos de acabar pronto. El miércoles que viene, el juez tomará declaración como investigada a la secretaria personal de Begoña Gómez. El mismo día interrogará, entre otros, al cargo de Presidencia del Gobierno que la nombró para el cargo. Un año después, el caso Begoña mantiene sus focos sobre el Palacio de la Moncloa.
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