Un nuevo Real Decreto garantizará la entrada de estos animales a centros de trabajo, transporte y comercios.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ultima un Real Decreto para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder con sus perros de asistencia a cualquier espacio público o de uso público en todo el territorio nacional, sin restricciones ni discriminación.
Lo ha anunciado este miércoles la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, durante una visita a la Fundación ONCE del Perro Guía en Madrid, donde ha destacado que la nueva norma consolidará "los derechos de las personas con discapacidad y el bienestar animal".
El Real Decreto que el ministerio de Pablo Bustinduy quiere trasladar al Consejo de Ministros para su aprobación este año, reconocerá la unidad entre la persona con discapacidad y su perro de asistencia para todo tipo de discapacidades y sustituirá la normativa vigente desde 1983.
Según ha detallado el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, la norma garantizará el acceso de las personas con perros de asistencia a centros educativos, culturales, deportivos y sanitarios, salvo en quirófanos y zonas con requisitos higiénicos especiales.
También se permitirá su entrada en comercios, supermercados, alojamientos turísticos, restaurantes, museos, teatros, áreas recreativas y piscinas.
Además, por primera vez, se regulará el acceso a los centros de trabajo y a todos los medios de transporte, incluidos los aviones, cumpliendo con la normativa europea.
El decreto también introduce medidas para garantizar el bienestar de los perros de asistencia, regulando su formación a través de especialistas acreditados y estableciendo su derecho al descanso.
"Las personas con discapacidad que tienen un perro de asistencia no solo tienen con él una relación funcional, sino también de confianza y apoyo mutuo. El bienestar de estos perros es clave, y la norma lo reconoce, asegurando su formación, cuidado y derechos", ha afirmado Martínez.
Por primera vez, se establecerá una edad de jubilación para estos perros, que dejarán de prestar servicio a los diez años, aunque podrán seguir accediendo a los mismos espacios donde trabajaban, garantizando su bienestar en la etapa de retiro.
"Estos animales cumplen una función social esencial y, como sociedad, tenemos la responsabilidad de garantizarles una vida digna durante y después de su actividad", ha subrayado Becerra.
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