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"Bulos, fango y ultraderecha". La frase, una de las más repetidas por el Ejecutivo desde que Pedro Sánchez acuñara la expresión en su primera carta a la ciudadanía, ha entrado de lleno en el procedimiento contra el fiscal general por revelación de secretos. Lo ha hecho de la mano de un escrito de la defensa del fiscal general que ha sido rechazado con dureza el juez y en el que, en resumen, la Abogacía del Estado acusa a la prensa de aliarse con las acusaciones de su caso para difundir una visión con un "claro sesgo parcial e incriminatorio" que le deja en mal lugar.
La queja de la Abogacía del Estado se centra de denunciar la intención de las acusaciones personadas en la causa -tanto la que ejerce la pareja de Isabel Díaz Ayuso como las cuatro populares representadas por Manos Limpias, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Fundación Foro Libertad y Alternativa- promueven una difusión del procedimiento en algunos medios con la intención de "construir" un juicio paralelo. La acusación lanzada implica cooperación por ambas partes: la prensa y las partes.
Lo que dice la defensa del fiscal general es que las acusaciones, con la cooperación de los medios, están favoreciendo la creación de "un estado de opinión sobre el proceso" e incluso, sobre el fallo final "de tal manera que el público se forme la convicción de que la sentencia no pueda ser otra que la de la condena". Para García Ortiz, la repercusión de algo así puede llegar incluso a afectar la objetividad del juez, "ya que la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y el fallo puede influir en la decisión que debe adoptar".
También dice que lo que se busca es "pretender un enjuiciamiento general de todos los integrantes de una institución como la Fiscalía General del Estado" y que esas noticias negativas pueden considerarse "información hostil", generada a través de "filtraciones debidamente dosificadas" que no solo vulneran el secreto formal de las actuaciones, sino que también difunden resoluciones judiciales acompañadas "con criterios y valoraciones jurídicas incriminatorias de las acusaciones". Fango, en resumen.
El fiscal general va al choque directo contra el juez y ya se propone anular su juicio
Beatriz Parera
La argumentación viene a sumarse a otra de las patas de la ya famosa frase: el bulo. Desde antes incluso de que arrancara la causa, tanto el propio fiscal general como el Ejecutivo que le ha arropado en todo momento y que ha acabado salpicado por la posibilidad de que la Moncloa fuera la destinataria de la filtración y la moviera -en palabras del juez- contra Ayuso, vienen repitiendo que la actuación de la Fiscalía se guio por la necesidad de "acabar con el bulo y la mentira" de que el Ministerio Público buscase pactar con el empresario Alberto González Amador.
Otro paso a la nulidad
El escrito tiene otro componente que viene a sumarse a una estrategia que se vio claramente en su comparecencia como imputado: buscar la nulidad del caso y acudir, para tratar de lograrlo, al Tribunal Constitucional. Las alegaciones hablan en varias ocasiones de "una lesión de la presunción de inocencia" y de vulneraciones de derechos como el de un juicio justo, un proceso con todas las garantías y derecho a la intimidad de los investigados, todos ellos recogidos en la Carta Magna.
El juez reprocha al fiscal general que pretenda "limitar la libertad de expresión"
Beatriz Parera
El juez Ángel Hurtado ha dado un portazo a las quejas y ha destacado en su respuesta que no adoptará ninguna medida que pueda socavar la libertad de expresión. Le responde que "impedir tal difusión supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta". No comparte, tampoco, que haya sesgo en las informaciones y destaca que se limitan a ser opiniones y que las hay tanto favorables como desfavorables, mientras que de las primeras no se dice nada.
La forma en la que los medios de comunicación reflejen sus informaciones "es algo a lo que este instructor, por respeto al derecho constitucional a la libertad de expresión, no ha de poner coto, salvo que las considere delictivas". "Si se habla de juicio paralelo, nada hay que temer, porque, por ser paralelo, ninguna incidencia ha de tener en el proceso, cuando se resuelve en función del material que obra incorporado a él", concluye.
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