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La segunda temporada del caso Juana Rivas ha llegado al Consejo General del Poder Judicial. La Comisión Permanente del CGPJ acaba de admitir a trámite por unanimidad una solicitud de amparo cursada por la juez del juzgado de violencia número 2 de Granada que recientemente ha dictado resoluciones relacionadas con el caso. La magistrada Aurora Angulo denunciaba una campaña de desprestigio en la que participan "distintos Ministerios del Gobierno de España y personas que desempeñan o han desempeñado cargos públicos en dicho Gobierno".
El episodio está vinculado con la actual situación del hijo menor de Rivas, a cargo ahora de su padre en Italia. Tras sus vacaciones en España, la defensa de Rivas denunció en el juzgado de Angulo a Francesco Arcuri, expareja de la granadina y madre de Gabriel, de 18 años, y de Daniel, de 11. La juez archivó la petición y confirmó más tarde el sobreseimiento tras un recurso de reforma.
Rivas aseguraba que existen indicios de delitos de coacciones a un testigo y amenazas al menor de los hijos de la expareja por parte de Arcuri, que vive en Cagliari (Italia) y reclama el regreso de Daniel en cumplimiento de lo que ordenó la Corte de Apelación de esa ciudad. El menor, que llegó a España a pasar las Navidades, permanece con su madre por unas medidas cautelares adoptadas el pasado 7 de enero por el Juzgado de Instrucción número 4.
La decisión de la magistrada provocó valoraciones desde varios ámbitos. La jueza considera que la propia defensa difundió un comunicado en el que se la señalaba y se refiere también a "valoraciones que se han realizado por personas que ostentan o han ostentado cargos públicos" que, con sus críticas "pretenden vulnerar" su "independencia judicial" e influir en su libre capacidad de resolución.
Angulo solicita amparo al Consejo y pide que adopte las medidas necesarias para que, tanto desde el despacho de abogados que lleva a Rivas, como desde los distintos Ministerios del Gobierno de España y otros cargos se deje de difundir información sobre su persona que vulnere su independencia judicial y que tenga la intención de influir en su libre capacidad de resolución. Se refiere en concreto a las ministras Ana Redondo y Sira Rego, a Irene Montero, Pablo Iglesias y Victoria Rosell.
Redondo y Rego
Tras decidir la Permanente la admisión a trámite, el procedimiento de amparo regulado en el reglamento de la carrera judicial dispone que se dirigirá a la persona, entidad o asociación de quien deriven los actos que motivaron la petición de amparo, "para que efectúe cuantas alegaciones estime convenientes". Durante la tramitación, la Comisión Permanente podrá practicar cuantas diligencias estime adecuadas.
Desde que se conociera la decisión, las titulares de los Ministerios de Igualdad y de Infancia y Juventud han reclamado públicamente que prevalezca "el interés superior del menor consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador" y cuestionado la decisión de la magistrada. Precisamente este martes, el equipo jurídico de Rivas ha solicitado la recusación de la titular de Angulo.
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