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El Tribunal Supremo ha rechazado otorgar la preceptiva licencia al PSOE para interponer una querella por injurias y calumnias contra Víctor de Aldama. Los socialistas solicitaron esta medida después de que el empresario asegurara el pasado diciembre que Koldo García le decía "muchas de las veces" que parte del dinero que le entregaba "era para el partido", pero el magistrado Leopoldo Puente sostiene que la investigación está en un momento "embrionario" y, por tanto, no se puede aseverar "la mendacidad" de sus declaraciones ni que estas "resulten ajenas al objeto" de la causa.
El PSOE también incidía en que Aldama apuntó a una supuesta entrega de 15.000 euros al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a una solicitud de otros 50.000 por parte del expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, situando además a este último en un encuentro con "señoritas" en un piso. Para los socialistas, estas acusaciones encajarían con un delito de injurias y calumnias, pero el magistrado explica que permitir una querella por las declaraciones que Aldama ya ha prestado en sede judicial "generaría, sin duda, inaceptables disfunciones procesales".
"La denegación de la licencia que en este momento se acuerda no es decisión que tenga necesariamente carácter definitivo", advierte el magistrado. "Es claro que una vez concluido el juicio al que pudiera haber lugar en esta causa especial, y a la vista de su resultado, dicha licencia podría volver a interesarse con un desenlace distinto".
Según destaca en su resolución, el rechazo a esta licencia tampoco implica "que ni unas ni otras imputaciones resulten ciertas, ni las referidas a los Sres. Ábalos y García, ni las que conciernen a los Sres. Torres y Santos; ni tampoco, claro está, las relativas al PSOE". Puente no pasa por alto que "con relación a las primeras" se ha apreciado "la existencia de indicios bastantes que pudieran sustentarlas", pero "no así respecto de las últimas".
En el caso concreto de Torres y Cerdán, el magistrado recuerda que "no ha resuelto elevar el correspondiente suplicatorio" que sería preciso "para proceder a su inculpación o procesamiento", pues considera que "las imputaciones que a ellos se dirigen descansan en este momento únicamente en afirmaciones, no mínimamente contrastadas e inhábiles para reputarse indicios sólidos". En cualquier caso, el hecho de que la investigación se encuentre en una fase inicial conlleva que aún no se puedan sacar conclusiones definitivas al respecto ni iniciar una causa paralela por calumnias e injurias.
Rechaza el recurso de Ábalos
En un segundo auto notificado este martes, el magistrado desestima el recurso del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, contra la petición del suplicatorio al Congreso para investigarle. "No parece que pueda decirse, con razón, que el auto impugnado descansa en meras o simple sospechas, sin indicios bastantes, ni que adolece del rigor necesario; razones, todas ellas, que determinan la íntegra desestimación del recurso interpuesto", concluye.
Puente descarta además que estos indicios se apoyen únicamente en las declaraciones de Aldama y rechaza las críticas de Ábalos contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por interceptar un sobre que le llevaba Joseba García, el hermano de su asesor. El exministro se escudaba en que los investigadores no podían incautarlo porque aún no se había tramitado ningún suplicatorio, pero el magistrado le responde que dicho sobre no estaba cerrado ni nominalmente dirigido a él, sino que estaba abierto y sin destinatario aparente. También añade que los documentos que contenía este sobre carecen de toda relevancia en la investigación.
En otra providencia notificada este martes, el magistrado rechaza además la petición de Ábalos de investigar la filtración de los vídeos de su declaración y de las de Koldo y De Aldama del pasado diciembre. Por un lado, porque carece de competencia para abrir una investigación al respecto y, en consecuencia, apunta que el exministro o cualquiera de las otras partes pueden denunciarlo ante los juzgados de Madrid. Por otro, porque la "desgraciada" filtración no procede del órgano jurisdiccional, para lo que recuerda a Ábalos que tanto su representación como el resto de las partes tienen acceso al contenido íntegro de las actuaciones.
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