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La noche del 8 de septiembre de 2021 se desató uno de los fuegos forestales más voraces que se han registrado en el sur del país. Las llamas, que se extendieron por siete municipios, consumieron 9.731 hectáreas de Sierra Bermeja, un paraje natural de Málaga que fue escenario del primer incendio de sexta generación al que se enfrentaban los servicios de extinción. El almeriense Carlos M.H., de 44 años, era uno de los bomberos desplazados de emergencia. Miembro del dispositivo del Plan Infoca que trabajó durante 46 días en la zona, perdió la vida cuando se vio atrapado por el rápido avance del fuego. Tres años más tarde, y después de emprender acciones legales, la viuda y las hijas de este servidor público serán indemnizadas tras llegar a un acuerdo extrajudicial. Un desenlace que, según fuentes sindicales y del entorno de la familia, lleva implícita una asunción responsabilidad en el fallecimiento por parte de la Junta de Andalucía, pero que niega la Administración autonómica circunscribiendo la resolución a un pacto con la aseguradora.
Fuentes judiciales consultadas por este periódico explicaron que el pasado 18 de octubre estaban convocadas las partes en litigio para el juicio que se iba a celebrar en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería. El objetivo era dirimir si se incumplieron los protocolos de actuación durante la intervención en la que Carlos M.H. falleció y si existía algún tipo de responsabilidad por parte del Gobierno autonómico.
La vista oral acabó suspendiéndose y se fijó para una semana después: el 25 de octubre. No obstante, tampoco se celebró porque en los días previos las partes alcanzaron un pacto extrajudicial para el abono de una cantidad de dinero compensatoria.
Desde el Ejecutivo andaluz, remitiéndose a la información trasladada por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), manifestaron que "ha sido la aseguradora la que, por su cuenta, ha llegado a un acuerdo con la familia y ha reconocido el pago económico". Y remarcaron que, "eso no implica, en ningún caso, reconocimiento o responsabilidad de ningún tipo", por su parte.
"Respetamos el pacto" al que se ha llegado con la compañía de seguros, pero, "tanto el juzgado, como la Inspección de Trabajo y los informes técnicos, no reconocen en ningún momento responsabilidad patrimonial por nuestra parte en materia preventiva del accidente".
No piensan igual los compañeros del bombero fallecido. "¿Alguien se cree que la compañía de seguros va a llegar a un arreglo sin la orden y el consentimiento de la Junta?", se preguntaba uno de ellos, que lamentaba que el Gobierno autonómico se haya resistido a resarcir a las familiares y las empujara a acudir a la vía judicial. "Aunque una sentencia hubiese reforzado la sensación que tenemos todos de que se podría haber evitado una muerte, el acuerdo es una pequeña victoria moral", explicó.
Señalada por los sindicatos cuando se produjeron los hechos, lo cierto es que la Administración regional tenía como baza una resolución del Consejo Consultivo de Andalucía que le exoneraba de la muerte de su empleado público y rechazaba el pago de 218.077,17 euros reclamados por sus seres queridos. El documento, con fecha 25 de julio, desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Para ello alegaba que "la parte reclamante no ha demostrado un funcionamiento anormal del servicio público, ni el concreto incumplimiento de medidas de seguridad y salud laborales". "Concurriendo un riesgo que, en este caso, debe considerarse ligado a las funciones desempeñadas".
El dictamen rechazaba la posición del perito que elaboró un informe técnico para la familia y que achacaba responsabilidad a la Junta al entender que "hubo un incumplimiento" del protocolo de Observación, Atención, Comunicación, ruta de Escape y Lugar seguro (Oacel) que se aplica en la extinción de incendios forestales. "Existiendo, por consiguiente, un nexo causal entre este incumplimiento y el fallecimiento del empleado público".
Un perito que realizó un informe técnico para la familia concluyó que hubo deficiencias en la aplicación del protocolo que se aplica
"La observación, previa al inicio de las actuaciones, tenía que haber determinado [...] permanecer en la carretera hasta comprobar que el perímetro del incendio situado en la ladera del barranco no representaba ningún peligro. Los miembros del Grupo Dalias no recibieron ninguna información sobre cuáles eran las rutas de escape ni las zonas seguras. E iniciar el descenso, como realmente se hizo, sin ningún observador sobre el perímetro del incendio situado en la ladera del barranco, fue un incumplimiento total y absoluto de lo establecido en el protocolo Oacel", determinó el experto
La Administración autonómica se apoyó en los informes del Centro Operativo Provincial y de la Unidad Técnica de Análisis del Fuego (UTAF) del Plan Infoca, así como en un auto de la Audiencia Provincial de Málaga de 27 de mayo de 2022, para defender que, "en todo momento", se cumplió el procedimiento Oacel. "El trabajador había sido informado de los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo" y "disponía de los equipos de protección individual", expone, para describir que el suceso "se produjo una rápida propagación ascendente del fuego desde el fondo del barranco hacia la carretera" y que "el humo existente en la zona produjo dificultad de visión". No obstante, asegura que estuvo "garantizada" la comunicación visual y verbal.
La viuda y las dos hijas de Carlos —finalmente— serán resarcidas con una indemnización cuyo importe no ha trascendido.
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