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El bautizado como 'Gran Hermano' hotelero no lleva ni una semana en vigor y ya ha incendiado por completo el sector turístico. Los operadores insisten en que el Real Decreto del Ministerio del Interior que les obliga a solicitar más datos a sus clientes es de "imposible" cumplimiento. Fuentes del sector aseguran a El Confidencial que no descartan "acudir a los tribunales" en caso de que se sancione a las entidades por no poder hacer frente a los requisitos que establece el Real Decreto, que serán completados con una Orden que prepara el Ministerio del Interior.
"En el momento en que se produzcan sanciones se establecerán los recursos oportunos y las demandas. De momento, el sector está intentando cumplir con la ley, pese a todas las dificultades. Esperamos que el Gobierno aplique el sentido común y no imponga ningún tipo de sanción", asevera un representante del sector. El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska no tiene intención de dar marcha atrás en la normativa actual. Se muestra comprensivo ante las quejas de las compañías, pero defiende que con las novedades del Real Decreto se simplifica la labor de los hoteles y agencias por las nuevas tecnologías que incorpora.
"La aplicación simplifica y facilita las labores de procesado e integración de la información. Sustituye los antiguos libros de registro por la agilidad y funcionalidad de los modernos sistemas electrónicos de comunicación. Es segura, accesible y permite la integración de aplicaciones externas para hacer posible a la empresa o al particular el envío automatizado de la información y el volcado masivo de datos", aseguran desde Interior.
Las quejas del sector turístico, sin embargo, no proceden del uso de la aplicación, sino de la exigencia de incorporar nuevos datos al sistema. Antes de la entrada en vigor del Real Decreto, los establecimientos debían recoger los siguientes datos de los huéspedes: número de documento de identidad; tipo de documento; fecha de expedición del documento; primer apellido; segundo apellido; nombre; sexo; fecha de nacimiento; país de nacionalidad; fecha de entrada; y firma.
Con esta novedad legislativa, diseñada para combatir el crimen organizado y el terrorismo, según apunta Interior, se pedirán nuevos datos; el teléfono fijo, móvil o correo electrónico; la relación de parentesco, si algún viajero es menor; y la identificación del medio de pago. Este último punto es el más conflictivo, pues se obliga a las empresas a solicitar el tipo de pago (tipo de tarjeta y número, IBAN cuenta bancaria, solución de pago por móvil, otros), así como el titular del medio de pago y la fecha de caducidad de la tarjeta.
Se trata de información más sensible que la que se pedía hasta el momento y que según el sector elevará la carga burocrática pese a los avances tecnológicos. Los establecimientos, además, deberán conservarla al menos tres años estos datos de sus huéspedes, lo que les hace temer posibles ataques informáticos. Alegan que muchos centros carecen de recursos técnicos para albergar esta información con garantías de seguridad.
Más allá de las dificultades para su ejecución, lamentan que estas nuevas obligaciones desincentivarán el turismo de países como Francia y Reino Unido, muy sensible a la hora de compartir datos personales. Los británicos son la principal fuente de ingresos del turismo español (gastan alrededor de 19.000 millones de euros en nuestro país).
Nuevos paso del Ministerio del Interior
Dar marcha atrás no está entre los planes de Fernando Grande-Marlaska, pero las empresas turísticas podrán hacer sus aportaciones en la fase de consulta pública que hay ya abierta para la orden ministerial —que no es pública todavía— que completará el procedimiento de registro de viajeros. Una vez finalizado este período, Interior abrirá una audiencia pública sobre el proyecto donde sí se podrá consultar su contenido. Será la última oportunidad para las empresas del sector para suavizar las exigencias del 'Gran Hermano'.
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