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Hace casi siete años que tres anestesistas del Hospital Arrasate-Mondragón denunciaron filtraciones en los exámenes de las oposiciones del Sistema de Salud Vasco (Osakidetza). Marta Cacho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez presentaron ante notario los nombres de los médicos que iban a conseguir plaza en su especialidad; y acertaron de pleno. El modus operandi de los jefes de servicio era vox populi y, presuntamente, todo el mundo hacía la vista gorda, pero estos tres facultativos decidieron poner sobre la mesa las prácticas irregulares de la OPE (Oferta Pública de Empleo).
Según su testimonio -al que se sumaron sindicatos, políticos y más facultativos-, los jefes de servicio, presuntamente, elegían a su gusto a los médicos que conseguirían ese año plaza fija. Y lo hacían porque algunos eran, también, miembros del propio tribunal del examen. Los médicos seleccionados para conseguir plaza sacaban siempre un 100 en las pruebas; asegurándose así estar en los primeros puestos de la lista.
En todo este tiempo ha habido dimisiones de diferentes cargos de la administración, escritos ante notario e investigaciones judiciales, pero ningún condenado. El Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria cerró la semana pasada las pesquisas del caso. Ni siquiera habrá juicio. Dos sindicatos ya han confirmado que recurrirán, mientras que, en el plano político, la decisión ha sido celebrada por el Gobierno de Imanol Pradales (PNV). Desde la consejería de salud –su actual titular, Alberto Martínez, era jefe de servicio del Hospital de Cruces por entonces– han mostrado su "satisfacción" y consideran que esta decisión judicial "reafirma la honorabilidad" de los investigados.
Lo que sí ha cambiado durante estos años ha sido la vida de los anestesistas que dieron la voz de alarma. Ahora, los dos últimos profesionales han abandonado el servicio de Osakidetza y se han mudado fuera del País Vasco. Cacho es la única que sigue en el mismo hospital. Atiende a El Confidencial en mitad de una guardia: "Era algo esperado", explica, "decapitaron a la cabeza de turco y ya está", sentencia refiriéndose a la cascada de dimisiones que supuso la polémica destapada en 2018.
El auto de archivo, adelantado por eldiario.es, no es firme y puede ser recurrido. Y concluye que "respecto de todas las especialidades que han resultado investigadas en este procedimiento, a excepción de la de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, no ha quedado ni lo más mínimo e indiciariamente justificado que quienes resultaron investigados en las referidas especialidades llevaran a cabo una filtración de las preguntas o una infidelidad en la custodia de los exámenes".
Desde el sindicato ESK, uno de los más activos en el caso, explican a El Confidencial que su equipo jurídico está analizando dicho auto para ver las razones que han llevado a la magistrada a dar carpetazo a la investigación. La intención es recurrirlo. Desde LAB, por su parte, ya han anunciado que también presentarán un recurso de apelación. "Vimos los exámenes", sentencia su portavoz, Jesús Oñate. "En traumatología identificamos cómo rompían el anonimato marcando las hojas. Casi todos los que sacaron más de un 70 utilizaba esa técnica".
Se cierra así, de momento, un capítulo crucial de la sanidad pública vasca. La Fiscalía Superior del País Vasco apreció indicios de delito por revelación de secretos en el seno de la dirección del servicio en 2019. "Carmen Adán [la Fiscal Superior] ya nos avisó de que no esperásemos que cayera mucha gente", sentencia Cacho.
No obstante, el escándalo sí se cobró algunos cargos públicos. Por un lado, dimitieron varios miembros de Osakidetza, como la directora general, María Jesús Múgica; el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto; o el subdirector del mismo servicio. De dicha cúpula uno de los pocos que aguantó fue el director de Asistencia Sanitaria. El equipo del lehendakari también sufrió un duro golpe con la renuncia del consejero de Sanidad de entonces, Jon Darpón.
¿Qué ocurrió?
"Era un secreto a voces", señala Oñate. Según las fuentes consultadas, los jefes de servicio filtraban las preguntas a los médicos elegidos para que obtuvieran una plaza fija. Los exámenes, no obstante, son anónimos. Pero los examinadores podían reconocer quién estaba detrás de cada hoja porque utilizaban trucos en la redacción: "Ponían mayúsculas y subrayaban palabras clave para romper el anonimato y así saber a quién tenían que poner las notas más altas", continúa Oñate. Desde LAB, publicaron entonces que había el mismo número de personas que habían sacado un 100 sobre 100 que plazas disponibles.
Gustavo Pastora, actual portavoz del sindicato ESK, trabajaba por entonces en uno de los hospitales públicos del País Vasco. Relata a este diario como una vez, hablando con una compañera cardióloga, le preguntó si ella se estaba preparando las oposiciones. "Me dijo que eso lo elegían los jefes de servicio", reseña. En el 2018, había 3.335 vacantes a las que se presentaron más de 90.000 personas. ESK también acudió ante notario antes de la celebración de la OPE y acertó todos los nombres de quienes obtuvieron la plaza.
Para Cacho, la solución no pasaba por nombrar a un nuevo consejero de Sanidad: "Es sorprendente la esperanza ciega e irracional que tenemos de que el cambio de cara vaya a cambiar algo de la gestión y atención sanitaria". El problema no radicaba en un nombre propio, sino en una práctica extendida y asentada, denuncia. "Darpón era simplemente consejero. El problema estaba en los jefes de servicio. Y en ningún momento pusimos en entredicho la profesionalidad de los que sacaban plaza; sino el funcionamiento de la OPE. Y, sin embargo, la jueza ha tenido el atrevimiento de decir que nosotros denunciamos por nuestra falta de competencias".
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