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Juanma Moreno verá, por primera vez desde que es presidente de la Junta, a un alto cargo de su Gobierno acudir a declarar a unos tribunales por un caso de presunta corrupción. Será la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, que figura como investigada en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla tras una denuncia del PSOE. García, como sus dos antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, se enfrenta a un posible delito de prevaricación administrativa por el uso abusivo de los contratos de emergencia amparados inicialmente por un real decreto estatal aprobado en el contexto de la pandemia. La norma se derogó en 2021, pero en la cúpula del SAS siguieron utilizando esta fórmula ese año, en 2022, en 2023 y puede que en 2024.
El juez Javier Santamaría ha aceptado investigar la denuncia interpuesta el pasado junio por los diputados socialistas del Parlamento autonómico y también ha asumido la ampliación de la querella inicial, que extiende el posible uso irregular de este modelo de contratación al año en curso. Hace unos días la Fiscalía Anticorrupción se quedó con la investigación, aunque el juez ha desechado de la denuncia inicial el delito de malversación al que apuntaba el PSOE por un posible quebranto de las arcas públicas por estás prórrogas de los contratos de emergencia, que se utilizaron para derivar servicios a clínicas privadas por un valor que ronda los 300 millones de euros. Además de la citación a los tres exdirectores del SAS, el juzgado ha reclamado una gran cantidad de documentación a la Junta para indagar si hubo o no delito.
"El SAS considera que todas las contrataciones están dentro de la ley", expresaron fuentes de San Telmo este jueves, tras conocerse la citación de los tres cargos, aunque es cierto que Guzmán y Vargas salieron de la Consejería de Salud y Consumo a finales de diciembre. La decisión del juez marca un hito, ya que derivará en el primer paseíllo de dirigentes y exdirigentes del Gobierno del PP en los juzgados de la capital andaluza. Esos mismos juzgados por el que durante más de una década han pasado numerosos cargos de los distintos ejecutivos del PSOE, sobre todo vinculados a la Consejería de Empleo y el caso de los ERE fraudulentos.
Es justo lo que el PSOE estaba buscando cuando detectó el uso de la contratación de emergencia en el SAS, un caso de posible corrupción que pudiera erosionar al Gobierno de Juanma Moreno. El barón popular llegó a San Telmo después de un desgaste lento, pero sostenido, del PSOE andaluz. Y gran parte de ese desgaste responde a los casos de corrupción que salieron del seno de sus ejecutivos después de casi 4 décadas al frente de la Junta de Andalucía de forma ininterrumpida. Por eso llevan meses asociando estas prórroga de los contratos de emergencia, que se conceden a dedo y con menos controles de lo habitual, a un caso de "corrupción sanitaria".
Los paralelismos entre el caso de los ERE y la investigación sobre la gestión del SAS no son grandes, pero hay un nexo común. Las denuncias de los ERE veían posible corrupción en un modus operandi, en la fórmula elegida por los responsables de la Consejería de Empleo bajo los mandatos del PSOE para repartir ayudas sociolaborales con unos controles más laxos. En el PP, que ejerce como acusación particular en los ERE, apuntaron a la "cúspide de la pirámide", es decir, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y también la Consejería de Hacienda que elaboraba los presupuestos de los que salían las ayudas.
Los socialistas en su denuncia han limitado la responsabilidad a la dirección del SAS entre 2021 y 2024, pero también ponen el foco sobre un modus operandi que hizo posible prorrogar un contrato inicial de 72 millones de euros hasta llegar a los 243 millones en 2023. Y varias de esas adendas al contrato inicial se hicieron cuando el Gobierno había suspendido el real decreto que daba luz verde a la contratación de emergencia por el covid, una vez que la pandemia había remitido considerablemente. La Consejería de Hacienda y Fondos Europeos que dirigía Juan Bravo llegó a remitir una circular al resto de departamentos del Gobierno andaluz para dejar de utilizar esa vía de contratación que en Salud quedó en papel mojado.
La presión crece sobre el Ejecutivo de Juanma Moreno, aunque el mensaje que envían desde San Telmo sigue siendo de tranquilidad. El lunes, un día antes de que el juez emitiera el auto de citación a los 3 exdirectores del SAS, el barón popular se mostró confiado en que la denuncia acabaría archivada. "Es una querella política inventada", dijo el presidente de la Junta durante en un foro del diario ABC en Huelva, donde incidió en su posición de "máximo respeto a la justicia". Este jueves, tras conocerse el escrito del magistrado, fuentes del Ejecutivo autonómico dejaron claro que el SAS "colaborará en todo lo necesario con diligencia y transparencia, como ha hecho hasta ahora".
En la cúpula del PP andaluz se esfuerzan por no mostrar inquietud por esta investigación judicial. "Nadie ha metido la mano en la caja", expresaba una fuente de San Telmo días antes para separar el proceso actual de los casos de corrupción vinculados a los mandatos del PSOE. En San Telmo confían en que ese hecho diferencial ejerza como un cortafuegos después de que los populares lograsen el cambio en Andalucía tras una dura labor de oposición enfocada en casos como el de los ERE, la Faffe, Invercaria o Mercasevilla.
Lo que no dejan claro en el Gobierno andaluz es si la Junta se personará en el caso, como sí hizo en el caso de los ERE como parte perjudicada. En San Telmo recuerdan que la decisión del juez Santamaría todavía no se ha notificado al Servicio Andaluz de Salud, toda vez que la ampliación de la denuncia contra Valle García, la actual gerente, fue una decisión que el magistrado adoptó este lunes tras la petición del PSOE. Ante estos mensajes, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, reclamó a Moreno que "no minimice" el caso como un "asunto administrativo menor". "Juanma Moreno lo sabía y lo ha ocultado", expresó el líder del PSOE andaluz después de solicitar una comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Parlamento autonómico.
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