El exsocialista recusa al instructor del mismo y exige que se le devuelvan sus derechos.
El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha reclamado a la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas que archive el expediente mediante el cual se le suprimió todos sus derechos como afiliado y ha alegado que han caducado los plazos legales.
Ábalos solicitó en septiembre a la dirección del PSOE que declarara la caducidad de ese expediente, que dictó hace seis meses la suspensión cautelar de militancia, y ahora ha presentado alegaciones contra el mismo para que se le devuelvan todos sus derechos, al tiempo que ha recusado al instructor del expediente disciplinario dirigido a su expulsión de la organización, Alberto Cachinero.
El PSOE suspendió la militancia del exministro de Transportes en febrero, después de que se hiciera pública la presunta implicación de su exasesor Koldo García en una trama para beneficiarse de la compra de mascarillas durante la pandemia, y desde entonces ha pedido su readmisión como afiliado.
Según el documento, vuelve así a pedir a la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas que le sean devueltos todos sus derechos como afiliado amparándose, entre otros motivos, en una sentencia del Tribunal Supremo que insta a ejercitar acciones dentro de un plazo previsto legalmente para "dar satisfacción al principio de seguridad jurídica".
Comunicación "tardía"
"En consecuencia, la caducidad descansa en la necesidad de que los procedimientos administrativos finalicen dentro de un tiempo razonable, amén de impedir que las administraciones actuantes tengan discrecionalidad a la hora de determinar dicho extremo, por lo que es absolutamente contrario a cualquier principio básico de respeto mínimo a los derechos fundamentales que exista un plazo de caducidad", reza el escrito de Ábalos.
Añade que la doctrina del TS apunta que "la caducidad de los procedimientos sancionadores es una institución jurídica con la que se trata de evitar la tardanza injustificada" por entender, remarca, que los sujetos expedientados se encuentran en "una situación desfavorable que no ha de alargar indebidamente la administración sancionadora".
También esgrime Ábalos, entre otras cuestiones, que la comunicación de la apertura de su expediente (5 de marzo) fue tardía y se produjo una semana después de que se incoara (27 de febrero), dándole un plazo de tan solo 24 horas para renunciar a su acta. Por este motivo, reitera que tampoco se le puede acusar de "haber obstruido la labor y decisión" de los órganos del partido, puesto que no tuvo conocimiento hasta varios días después de la incoación de su expediente.
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