Vecinos y policía piden cambios en la justicia para que sea menos complicado desmantelar narcopisos.
San Blas, Villaverde, Vallecas, Latina, Usera... El escenario de la venta de droga en Madrid se traslada a muchos barrios de la capital. "La presión policial realizada sobre la Cañada Real ha provocado que los narcotraficantes hayan mudado su actividad de distribución a otras zonas de Madrid", según la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Son diferentes clanes que operan dentro de viviendas que son difíciles de desmantelar. Por eso, tanto vecinos como la policía piden, además de más presión policial, poner otros mecanismos en marcha para evitar la proliferación de los narcopisos en Madrid.
Las macrorredadas suceden pero el problema es que se tarda mucho en organizar el operativo. "Es muy costoso conseguir entrar y registrar los pisos", relata Serafín Giraldo, portavoz de la Asociación Policía H50. En la Cañada Real, a pesar de que se han intensificado las medidas para su desmantelamiento lo antes posible, hay 192 personas investigadas. Según la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, durante el año 2023 los resultados de las investigaciones en relación con los narcopisos ascienden a 244 detenidos, con 97 registros efectuados de los que 62 fueron en Madrid Capital.
Las dificultades para frenar el delito se incrementan cuando sucede en una vivienda. Las vigilancias son más complejas para "pillarles con las manos en la masa", los delincuentes están más protegidos y recabar pruebas para que el juez autorice la entrada en el narcopiso también es más complicado. La solución pasa, según Giraldo, por endurecer el Código Penal y por una "mayor concienciación judicial de que hay pisos donde se vende droga y se necesita eliminar las trabas de tipo administrativo y judicial" para poder frenar estos puntos de venta de sustancias estupefacientes. No basta con un refuerzo de la presencia policial porque "puede trasladar la situación a otra zona".
Opinión muy parecida tiene Javier Poveda, presidente de la Asociación Vecinal de Lucero, uno de los puntos calientes de la ciudad. La calle Cullera de este barrio en el oeste de Madrid del distrito de Latina lleva años en pie de guerra contra los narcopisos que suministran droga diariamente. Además de instalar cámaras de videovigilancia, Poveda cree que se necesita "más agilidad en la justicia, presencia policial, atención social para los drogodependientes, tratar el problema de la droga a nivel nacional y que actúe también la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, porque "muchos pisos en los que se produce este trapicheo son okupados". La AVS gestiona un patrimonio actualmente de más de 50.000 inmuebles pero en algunas de estas viviendas la persona que firmó el contrato de alquiler con la AVS no es la misma que está residiendo en el apartamento.
"Parches momentáneos"
El 13 de septiembre la Policía Nacional iniciaba desde primera hora de la mañana una gran operación en los bloques 14 y 16 de la calle Cullera para desmantelar los narcopisos, así como en otros distritos de la ciudad, según anunció el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Participaron 288 agentes que registraron 21 viviendas en las que incautaron droga, dinero y armas blancas, y la operación se saldó con 33 detenidos. Tan solo cinco días después, el juez ordenó su puesta en libertad a la espera de juicio con varias medidas para los arrestados: la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, la obligación de presentarse cada semana en el juzgado y una orden de alejamiento de 700 metros de la calle Cullera.
Para Poveda, no se ha solucionado la situ... {getToc} $title={Tabla de Contenidos}