El PP plantea reducir el índice de vulnerabilidad de los inquilinos para proteger a los caseros

El PP plantea reducir el índice de vulnerabilidad de los inquilinos para proteger a los caseros

Rebajar el umbral de vulnerabilidad de un inquilino de los 1.800 euros que establece la actual Ley de Vivienda hasta los 1.050 euros. Es una de las nuevas medidas que incluirá el PP en su nueva Ley para el Desarrollo Urbano y la Vivienda que registrarán en el Congreso "en las próximas semanas". La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido y responsable de su redacción, Paloma Martín, ha defendido que esta iniciativa busca eliminar el "efecto perverso" de que los propietarios exijan nóminas de casi 2.000 euros para alquilar su vivienda y, al mismo tiempo, aportar seguridad jurídica a los arrendadores frente a los "inquiokupas".

Con esta iniciativa, el PP facilitaría proceder al desalojo inmediato de un arrendatario que no haya cumplido con los pagos del alquiler siempre que acredite que cobra más de 1.050 euros mensuales, un umbral que quedaría por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en los 1.134 en 14 pagas. "No es cierto que una persona que cobre 1.800 euros mensuales sea vulnerable", justifican fuentes del PP, que inciden en que la propuesta implica un incentivo a los propietarios para que "pierdan el miedo" a poner sus inmuebles en alquiler, aumente la oferta y repercuta en la reducción de los precios.

Martín ha lamentado que el Gobierno haya "estrangulado" el mercado inmobiliario con medidas como la declaración de zonas tensionadas o la intervención de los precios, y ha afeado que desde la puesta en marcha de la Ley de Vivienda hace 16 meses "la oferta de alquiler se ha reducido un 15%" y los precios "se han disparado un 13%". "Muchos votantes del PSOE miran al PP en busca de soluciones porque saben que este Gobierno está paralizado", lamentaba la vicesecretaria.

A grandes rasgos, el PP basa sus recetas en Vivienda en la protección de los propietarios; las medidas antiokupas; la liberalización del suelo; y las exenciones fiscales, especialmente para los jóvenes. "Más suelo, más vivienda nueva, más pisos en el mercado del alquiler, menos burocracia y menos impuestos para inquilinos y propietarios", resumía la dirigente popular, que denunciaba, además, la "inacción" de un Gobierno centrado en exclusiva en atender las peticiones de sus socios independentistas por "mantenerse en el poder". "Con el cupo separatista podrían levantarse 100.000 viviendas a la vista de los datos"; defendía.

Ana Belén Ramos

Paloma Martín ha dedicado gran parte de su intervención a censurar cómo el Gobierno "ha desprotegido a los propietarios", y ha recordado que además de limitar el índice de vulnerabilidad de los inquilinos o agilizar los desalojos de okupas, el PP impulsará rebajas fiscales para aquellos caseros que pongan nuevas viviendas en el mercado del alquiler.

Además, proponen la exención del Impuesto de Donaciones para aquellas cantidades de dinero procedentes de "familiares cercanos" para la compra o el alquiler, así como la reducción de los plazos para la construcción de nueva vivienda y "agilizar los trámites legislativos" para aumentar el número de inmuebles de carácter protegido.

Génova exige también a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que "rectifique inmediatamente" la amenaza de retirar financiación a las comunidades autónomas que no se acojan a la Ley de Vivienda estatal —pueden negarse a aplicarla en el margen de sus competencias— y declaren zonas tensionadas para regular los precios. Como sucede con la Ley de Conciliación, el PP llevará su propuesta en materia de Vivienda al Congreso de los Diputados, y abrirá contactos con "todos los grupos parlamentarios" para conseguir la aprobación de las Cortes.



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