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Félix Bolaños y Oriol Junqueras firmaron hace casi un año el acuerdo por el cual ERC se comprometía a apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El pacto incluía una condonación de la deuda que Cataluña tiene con la Administración central por valor de 15.000 millones de euros. Y el compromiso para que ese alivio también pudiera beneficiar al resto de comunidades autónomas. Aquel documento se rubricó en la tarde del 2 de noviembre de 2023 y cuando se va a cumplir el aniversario de esa fecha aún no se conocen mucho más detalles sobre cómo se efectuará esa quita. Y la situación no cambiará si no hay avances en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.
En el Ministerio de Hacienda y Función Pública andan enfrascados en la elaboración del proyecto de los PGE, pero el camino se presenta enrevesado. A estas alturas del año, PSOE y Sumar no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre las líneas generales de las cuentas del año próximo. Las denuncias de acoso sexual que han acabado con la carrera política de Íñigo Errejón añaden más incertidumbre a las conversaciones, que ya estaban atascadas antes del estallido de la crisis. Sumar deslizó hace unos días que las posiciones se encontraban alejadas por las diferencias sobre el modelo fiscal y la continuidad de los impuestos a la banca y las energéticas y no ha habido más noticias al respecto. Pero el acuerdo entre los socios sería sólo la primera pieza del rompecabezas de los Presupuestos.
Luego llegaría el turno del resto de socios de la investidura y el precio se antoja elevado. Podemos ha convertido este lunes en una exigencia, con el apoyo cerrado de sus bases, la ruptura de las relaciones con Israel y la reducción por ley del precio del alquiler en un 40%. Y todavía habría que añadir al acuerdo a los socios independentistas vascos y catalanes. Y son estos segundos a los que Hacienda mira en lo que se refiere a la quita de la deuda. En el departamento que encabeza María Jesús Montero recuerdan que la condonación pactada en noviembre de 2023 está dentro del pacto con ERC, lo que eleva la presión sobre los republicanos y, de forma indirecta, sobre Junts.
La tesis que manejan en Hacienda es que sin PGE no tiene sentido concretar la quita de la deuda. Sobre todo si se enmarca esta negociación en la incertidumbre sobre la duración que puede tener la legislatura. A finales de septiembre el Gobierno decidió retirar la aprobación de la senda de déficit, paso previo a la aprobación de las cuentas, ante la falta de apoyos claros. Pero ese gesto también dejaba una puerta abierta a la negociación, lo que dejó un resquicio de optimismo para el Ejecutivo. Hasta el PP, por medio de un micro abierto de Elias Bendodo, admitió hace unos días que la aprobación de las cuentas es un escenario plausible y, como consecuencia, la extensión de la legislatura. Los de Carles Puigdemont están en condiciones de negociar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre que puedan vender que siguen teniendo capacidad de influencia en Madrid, sobre todo en la nueva etapa que afronta el partido y con la vuelta a España del expresident envuelta en la bruma de la ley de amnistía.
La lógica dice que si los PGE de 2025 avanzan, la ley o el decreto por el que se articula la condonación de la deuda hará lo propio. En cualquier caso, en Hacienda ya tienen lista la "fórmula matemática" que debe servir para calcular a cuánto asciende la condonación de la deuda para cada comunidad. Hasta la fecha sólo se conocía el dato de Cataluña, ya que figuraba en el acuerdo firmado con ERC, pero no a cuánto equivaldría para el resto de territorios. Y las casuísticas son muy distintas entre uno y otro. Hay comunidades que tienen una importante cifra de deuda con el Estado, como les ocurre a Cataluña o Valencia, y otras, como Madrid, que apenas recurrieron al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y acumulan la mayor parte de su pasivo con entidades financieras.
Para dilucidar cómo compensar a unas y a otras por el endeudamiento extraordinario en el que incurrieron durante los años de la crisis económica, el departamento de María Jesús Montero anunció una ronda de reuniones con las comunidades que no se ha desarrollado. En Andalucía, por ejemplo, aseguran que Hacienda les avisó en enero y junio de la celebración de estos encuentros, pero no se han celebrado. En el Ministerio restan ahora importancia a estas reuniones y aseguran que se trataba de una serie de contactos técnicos con el objetivo de intercambiar información. Pero en ningún momento son imprescindibles para realizar ese cálculo.
Esto significa que la intención de Hacienda no pasa por negociar con las comunidades un reparto específico para cada comunidad, sino aplicar la citada "fórmula" para hacer extensible la quita de 15.000 millones de Cataluña al resto de comunidades. Incluso a pesar del rechazo que han mostrado algunos barones populares en el año que ha pasado desde que se hizo público el acuerdo con ERC hasta ahora. Sirva como ejemplo la actitud de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, en contraste con la de Isabel Díaz Ayuso, jefa del Ejecutivo regional madrileño. El barón valenciano no dudó en acudir a la reunión con Pedro Sánchez a Moncloa y allí le reclamó para su territorio el mismo trato en términos de deuda que reciba Cataluña. Díaz Ayuso no fue al encuentro después de las palabras del presidente del Gobierno sobre su novio y sus problemas con Hacienda.
Esta disparidad dentro del PP responde a que la Comunidad Valenciana tiene una situación, en términos de deuda, muy parecida a la de Cataluña. En términos absolutos, Cataluña tiene el mayor pasivo con el estado (75.813 millones de euros a fecha del segundo trimestre de 2024 frente a los 52.783 de Valencia), pero el territorio que dirige Mazón lidera la clasificación si se atiende al peso que tiene la deuda sobre el PIB. Es el 41,5%, casi el doble de la media (22,2%) y casi el triple de Madrid (13,3%). En el podio están también Castilla-La Mancha (31,5%) y Muria (31,4%), territorios que junto con la Comunidad Valenciana y Andalucía están entre los más perjudicados por el actual sistema de financiación autonómica, que también está pendiente de renovar.
"Todas las comunidades van a tener un alivio en la carga financiera para soportar los servicios públicos", dijo María Jesús Montero el pasado viernes en una comparecencia en Sevilla, donde cargó contra el Gobierno de Juanma Moreno por utilizar a Cataluña "para confrontar". También justificó la medida como una forma de compensar el endeudamiento de los años de la crisis provocado, a su juicio, por la gestión que hizo Mariano Rajoy de la crisis económica y financiera que empezó en 2008. Si se dan los pasos necesarios, la norma llegará al Congreso y no sólo provocará el posicionamiento de los socios de la investidura de Pedro Sánchez, sino también del PP, que controla la mayor parte de los gobiernos autonómicos. Montero quiere forzar así a los populares a posicionarse sobre una norma que, en puridad, beneficiará a sus barones, para sacar a la luz las diferencias entre unos y otros, una situación que también se repite en el debate enquistado sobre la financiación.
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