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La incomunicación entre el Gobierno y el PP ha tenido este martes la primera consecuencia. Moncloa ha tirado por la calle de en medio y el Ejecutivo ha aprobado un real decreto ley para modificar las mayorías parlamentarias en la elección de los miembros del consejo de administración de RTVE.
La reforma contiene una "fórmula de desbloqueo" para poder renovar este órgano, que pasa de 10 a 15 consejeros. Si no se consigue la mayoría establecida de dos tercios se podrá elegir a sus integrantes sólo con mayoría absoluta en segunda votación. De este modo, los socialistas pueden pactar la composición del consejo con sus socios de investidura, sin necesidad de acordarlo con el PP, como la ley obligaba hasta ahora.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, que ha anunciado el cambio, defendió que así se podrá superar el "actual bloqueo institucional" y se tendrá el consejo de administración "más plural de la historia". López reconoció que si hasta ahora lo han conformado consejeros escogidos por PSOE y PP y algún tercer partido, como PNV o en la última legislatura Unidas Podemos, la pretensión es que haya presencia de más formaciones, en referencia a Junts, ERC o Bildu, en consonancia "con el Parlamento que tenemos". El órgano que gestionará RTVE, insistió, será el que aglutine a más sensibilidades políticas.
El pronóstico del Ejecutivo es que el PP también formará parte de la negociación. "Me atrevo a aventurar que estará dentro", señaló Óscar López. Pero es que la propia modificación de la ley prevé que el Congreso elija a nueve miembros y el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, a cuatro. Esto garantiza al PP, al menos esta presencia. Aunque enfrente tendría a nueve consejeros de la mayoría parlamentaria. Esta aritmética permitirá al Gobierno el control de RTVE, en concurso con sus socios, si consigue que el real decreto ley sea convalidado en el Parlamento en el plazo de un mes.
Después de pactarlo con Sumar, en el seno de la coalición, a partir de ahora comenzarán las negociaciones con el resto de fuerzas políticas, con la única excepción de Vox. "La ambición del Gobierno es pactarlo con todas menos con una", aseguró el titular de Transformación Digital. En Moncloa son bastante optimistas y dedicarán estas cuatro semanas a acordar los nombres de los nuevos consejeros.
El ministro justificó esta modificación de la ley, que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en que RTVE ha tenido un administrador único y tres presidentes en los últimos cuatro años lo que supone "una inestabilidad en la gestión que no es deseable para nadie", en un momento, sostuvo, de crecimiento de su audiencia.
A partir de ahora los consejeros estarán seis años, sin renovación parcial como existe ahora, y podrán ser reelegidos una única vez. Además, deberán tener dedicación exclusiva. El actual consejo de administración de RTVE, hasta este cambio con 10 integrantes, tiene a cinco de sus miembros con el mandato caducado, más la vacante del anterior presidente, José Manuel Tornero que, tras ser aupado por el Ejecutivo, dimitió del cargo.
Después de la renovación del Consejo del Poder Judicial, antes del verano, acordada entre el Ejecutivo y el PP, parecía que se abría un canal de comunicación que podía conducir a otros pactos en la cúpula del Banco de España, la actualización del órgano rector de RTVE y la elección de un nuevo presidente, que debe relevar a Concepción Cascajosa, que asumió el cargo sólo de forma interina.
Pero el empeño del presidente del Gobierno de promocionar a José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, primero, y, el agravamiento del debate político por los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, ha hecho que se rompan todos los puentes con el PP. En esta tesitura, el Ejecutivo ha optado por rebajar las mayorías para poder gestionar el consejo de RTVE con el apoyo de sus socios parlamentarios.
Fuentes gubernamentales explicaron que en las conversaciones que han existido con Génova, los populares no han querido abordar este asunto. "No se puede consentir el bloqueo", aseguran, para defender el cambio. Un movimiento que la Moncloa ya impulsó con la larga crisis del Poder Judicial pero que, en ese caso, Bruselas paró.
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