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Visto para sentencia el juicio de Zaplana: "Ha sido un honor ser político aunque me haya traído aquí"
El nombre de Eduardo Zaplana vuelve a estar en el foco mediático tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a más de diez años de prisión por delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. Sin embargo, antes de verse envuelto en el caso Erial, el exministro tuvo una larga carrera política que comenzó años antes de su llegada al Congreso de los Diputados.
Zaplana inició su carrera política a principios de los años 90, siendo concejal y alcalde de Benidorm entre 1991 y 1995. A partir de ahí, dio el salto a la política autonómica como diputado en las Cortes Valencianas y, en 1995, alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera: fue nombrado presidente de la Generalitat Valenciana, cargo que ocupó durante siete años, hasta 2002.
Durante su mandato, participó algunos proyectos de modernización en la Comunidad Valenciana y se consolidó como una de las figuras más destacadas que tiene el Partido Popular en la región.
El salto a la política nacional
En 2002, José María Aznar lo llamó a Madrid, donde fue nombrado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Un año después, asumió también la tarea de portavoz del Gobierno, un rol de alta exposición pública que lo llevó a gestionar las comunicaciones oficiales tras los atentados del 11 de marzo de 2004.
Tras las elecciones de ese mismo año, en las que el PP pasó a la oposición, Zaplana se convirtió en el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados hasta su retirada de la política en 2008.
Ese mismo año, dio un giro a su carrera, abandonando su escaño y adentrándose en el mundo empresarial. Fue nombrado delegado para Europa del Grupo Telefónica, cargo que desempeñó hasta 2018, y además fundó Decuria Consulting, una empresa de asesoramiento.
Según la sentencia resuelta hoy, Zaplana y otros implicados habrían desviado millones de euros en comisiones ilegales a través de sociedades offshore, relacionadas con adjudicaciones de estaciones de ITV y el Plan Eólico Valenciano. Parte de esos fondos fueron blanqueados mediante operaciones inmobiliarias y financieras.
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