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El pulso por la aplicación de la amnistía y su legalidad ha dado ya el salto al Tribunal Constitucional donde todo apunta a que se producirá un tenso tira y afloja entre los dos bloques que lo forman que quedarán más igualados que nunca antes. Por un lado, el pacto entre el PSOE y el PP para la renovación del poder judicial ha implicado la entrada de un nuevo magistrado del bloque conservador, José María Macías. Por otra, este mismo martes se espera que quede oficializada la inhibición del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, ahora miembro del TC. El ya tradicional siete a cuatro -la votación más recurrente en las decisiones del órgano de garantías de mayoría progresista- pasará a convertirse en un seis a cinco.
De momento, el PP y sus comunidades autónomas han liderado el primer empujón con cerca de una decena de recursos. El abordaje de la amnistía tendrá lugar en capítulos y cada uno de ellos amenaza con convertirse en una pequeña reyerta. Para empezar, antes siquiera de plantearse la valoración del fondo de los recursos y de la cuestión de inconstitucionalidad, será necesario establecer qué sucede con los tiempos. La clave estará en determinar si las deliberaciones y fallos quedan paralizados a la espera de que se pronuncie la Justicia europea, a la que ya se ha dirigido tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal de Cuentas.
La primacía del derecho de la UE es un principio básico aceptado por todos los Estados miembros y que ha ido desarrollándose a lo largo de una extensa jurisprudencia sentada por el propio TJUE. Tanto es así que el propio Ministerio de Exteriores lo describe de este modo en la información facilitada a los ciudadanos en su web, en relación con el derecho comunitario. Esta asegura que el derecho comunitario tiene primacía sobre el derecho nacional "para poder garantizar su uniformidad en todos los Estados miembros".
Distintas fuentes consultadas señalan que esa primacía es "una condición existencial" del derecho de la UE y debe aplicarse de forma completa "y frente a todas las normas nacionales, cualquiera que sea su rango y materia". Condiciona, de este modo, los ordenamientos jurídicos nacionales y, por supuesto, las leyes. La prioridad exige esperar a que resoluciones de la UE se produzcan. Es decir, el Constitucional tendría que esperar hasta que hable el TJUE. Sus decisiones tardan al menos un año.
Pese a ello, fuentes del bloque conservador del Constitucional no descartan que se produzca algún "intento de aceleración" por parte de sus compañeros progresistas, liderados por el presidente Cándido Conde-Pumpido. Incluso ironizan con que se irá más rápido o más lento en función de lo que más interese al Ejecutivo en el momento. Por ejemplo, si la idea es orillar a Carles Puigdemont para tratar de desactivar su influencia en Junts, quizá el TC tenga menos prisa que si al Gobierno le conviene "tenerle contento".
"La precipitación es un error", asegura otra fuente consultada. En cualquier caso, en la iniciativa queda en gran parte en manos de los ponentes y, como en el bombo de la Lotería, han salido agraciados con dos de las principales ponencias, dos magistrados conservadores. De la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la ley de amnistía se ocupará Ricardo Enríquez mientras que el recurso del PP le ha caído al recién llegado Macías. En ambos casos se espera que el Pleno apruebe con el respaldo de todos y en los próximos días la admisión a trámite. Hasta ahí llega, no obstante, el acuerdo.
Las recusaciones
En medio de este panorama ha comenzado ya otra de esas reyertas, la de las recusaciones, muy atractivas cuando las fuerzas están igualdades. La primera de la lista no es una recusación, sino una decisión personal. Juan Carlos Campo ya dio hace un año pistas de que consideraba que su papel en la valoración de los indultos del procés cuando era ministro de Justicia le invalida para pronunciarse ahora. Por entonces, defendió que la amnistía era inconstitucional y participó en los informes sobre la gracia para los condenados. Campo ha pedido apartarse y quedará previsiblemente al margen.
Otros magistrados han sido cuestionados, aunque todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que no habrá más salidas. Ni de un lado, ni del otro. El PP ha recusado al presidente Conde-Pumpido y a la magistrada Laura Díez, que fue cargo de Moncloa. Ha puesto de manifiesto su "clara dependencia jerárquica” tanto del presidente del Gobierno como del ministro Félix Bolaños, negociador de la ley. El recién llegado Macías ha lanzado, por su parte, críticas contra la amnistía desde su anterior responsabilidad como vocal del CGPJ.
Aunque solo salga Campo, los números están justos. "A Conde-Pumpido le es muy incómodo ganar por la mínima", indica una de las fuentes consultadas que recuerda la valoración casi unánime del mundo académico sobre la inconstitucionalidad de las amnistías en general y de esta ley en particular, lanzada por motivos alejados del interés general y para confirmar el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. "Los que defiende que encaja en la Carta Magna son minoritarios", insisten estas fuentes.
Para valorar las abstenciones se partirá del antecedente de la magistrada Concepción Espejel en el caso de la ley del aborto. En aquel caso, el Pleno rechazó aceptar que se apartara pese a que como miembro del Consejo General del Poder Judicial se posicionó en contra de la norma en una enmienda presentada en 2009. La exigencia está, por tanto, muy alta.
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