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Alberto Núñez Feijóo ha cerrado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, un pacto migratorio para forzar al Gobierno a negociar con sus parámetros la reforma de la Ley de Extranjería. Se trata de una "hoja de ruta común" con la que el PP toma las riendas de la crisis migratoria ante la "inacción" del Ejecutivo, al que reprochan que no haya respondido aún a la propuesta que trazó Coalición Canaria a mediados de agosto durante una reunión a tres con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El denominado como Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio será remitido al Gobierno para obligar a que "se siente" en una mesa de negociación con el PP y el gobierno de Canarias para desbloquear la situación de colapso asistencial que padecen especialmente las islas. "Nuestro compromiso es unir y cooperar ante un problema, y encontrar una solución. El PP está entre la inacción del Gobierno y la insolidaridad de otras fuerzas que dicen a todo que no", lanzó Feijóo, en alusión velada a Vox.
La propuesta conjunta aúna la exigencia de Canarias de poner solución al reparto de menores migrantes por todo el territorio nacional y las condiciones que el PP ya elevó el pasado mes de julio, cuando tumbó la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso por la negativa del Ejecutivo a incorporar sus demandas. Entre otros puntos, PP y Coalición Canaria exigen la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes; la declaración de la emergencia migratoria nacional; o el despliegue de la Policía Nacional en los países de origen.
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Para el PP era primordial que el documento reflejase medidas concretas para paliar la oleada de inmigrantes irregulares, e incluye propuestas como establecer un pasaporte de tránsito para frenar los flujos de irregulares en los aeropuertos; dotar de más medios materiales y humanos a la Comisaría General de Extranjería; solicitar a la UE el despliegue del Frontex, petición que el Ejecutivo aún no ha realizado para poner coto a la crisis migratoria; o aumentar el personal para la tramitación de expedientes de devolución de ilegales a sus países de origen.
El Gobierno de Canarias asume así las condiciones que siempre ha llevado el PP para llegar a un "acuerdo de Estado" sobre inmigración, y ambos exigen al Gobierno que garantice la "suficiencia económica" de las comunidades autónomas para hacer frente a los desafíos en la acogida de irregulares, especialmente en el caso de los menores no acompañados, mediante la creación de un fondo de contingencia pactado con las regiones en los foros multilaterales y cuya concreción corresponde al Ejecutivo.
Clavijo, por su parte, ha conseguido atraer al PP a sus criterios de reparto de los miles de menores no acompañados que colapsan los centros asistenciales de Canarias. El documento insta a reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que el Estado asuma el compromiso financiero de sufragar los recursos extraordinarios de aquellas comunidades cuyas capacidades de asistencia estén colapsadas.
En concreto, el pacto suscrito en Santa Cruz de Tenerife establece que hasta el 100% de la saturación de los centros, la gestión corresponde a las comunidades; del 100% al 150% las competencias serán autonómicas, aunque correspondería al Gobierno central gestionar el 50% extra de la ocupación; y cuando se se rebase el 150%, corresponderá al Estado la "gestión directa" de la tutela y la financiación de los menores, desde su llegada hasta su emancipación.
El documento incluye también una propuesta para activar los mecanismos en la UE y suscribir acuerdos con terceros países para enviar inmigrantes desde España, un tipo de convenio que ya han suscrito países como Italia o Reino Unido. El acuerdo incide también en intensificar la colaboración con Mauritania, Senegal o Marruecos para controlar los flujos migratorios, agilizar las deportaciones e, incluso, establecer sanciones en caso de que no cumplan con estos parámetros.
El Gobierno se descuelga del pacto
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha rebajado por su parte el alcance del acuerdo y lo ha circunscrito a "una especie de acuerdo partidario" entre dos formaciones políticas. "Coalición Canaria se suma a la tesis del PP, que también se ha sumado a la tesis de la ultraderecha", lanzaba, cegando por el momento las opciones para tejer un acuerdo de Estado. Durante una comparecencia en el Congreso, Torres ha recordado que fue el PP el que tumbó la reforma de la Ley de Extranjería el pasado mes de julio suscrito entre el Ejecutivo y Clavijo, y ha acusado a Feijóo de hacer "uso político" de la inmigración.
Lo que no ha aclarado el ministro es si volverá a reunirse en los próximos días con el portavoz del PP, Miguel Tellado; y el presidente canario, Fernando Clavijo, para avanzar en la búsqueda de un acuerdo que reciba el visto bueno de las Cortes. El concurso del PP es fundamental para que el texto salga adelante ya que el Gobierno no cuenta en este caso con el apoyo de Junts y, además, los populares gobiernan en 14 comunidades autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla. Torres ha asegurado que la interlocución con el PP es "constante", aunque los populares replican que siguen a la espera de que el ministro ponga fecha para un nuevo encuentro.
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