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El PP de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso, prepara ya una ofensiva contra el denominado como 'tasazo' de basuras. Ayuntamientos gobernados por los populares en toda la región ultiman bajadas de impuestos y bonificaciones fiscales para compensar el nuevo tributo, que entrará en vigor en abril del año que viene, sobre la gestión de residuos. La directriz es clara: evidenciar que el gravamen es una cuestión ajena a los municipios y utilizarlo políticamente contra Pedro Sánchez.
El plazo marcado en la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se agota y los gobiernos locales empiezan a medir el impacto del impuesto. El análisis es contable, pero también político. La preocupación es una realidad en todas las administraciones, con independencia del signo político, porque saben que es una medida sobrevenida y muy impopular. El PP lleva meses hablando del 'tasazo' y ahora pasa a la acción, a las puertas de cuadrar los presupuestos municipales y las ordenanzas fiscales.
El plan es aplicable a toda la Comunidad. Alcalá de Henares anunció esta semana una batería de medidas que, según sus cálculos, aliviará la carga fiscal en 5 millones de euros. El ayuntamiento dirigido por Judith Piquet implantará rebajas en el impuesto de plusvalía y el IBI, entre otras acciones. Y José Luis Martínez-Almeida hará lo propio en Madrid y ya estudia posibles bonificaciones para equilibrar la nueva tasa, según indican en el Área de Economía y Hacienda. "Desde luego que todos aquellos municipios que puedan bajar impuestos lo harán para compensar la obligación del Gobierno", apuntan en el PP de Madrid, volcados en la guerra fiscal con Sánchez, y con una estrategia propia.
El impuesto, que da cumplimiento a una directiva de la UE, es una obligación para todos los ayuntamientos de España y el plazo vence en abril. "(...) Las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos", dice la Ley 7/2022.
La aplicación presenta muchas dudas todavía. Grandes ayuntamientos gobernados por el PSOE incluso plantearon en la Federación de Municipios de Madrid (FMM) que se estableciera una tasa única para todas las ciudades, pero fue rechazada por el PP al entender que era un intento de "blanquear" la obligación marcada por el Ejecutivo del PSOE y Sumar.
La estrategia del PP a nivel nacional obvia la carga impositiva y el objetivo es vincular el nuevo tributo con el Gobierno. "Debe pagar Sánchez", subrayan. Fuentes de Génova detallan a El Confidencial que se volcarán en esta cuestión, bajo la premisa de que no es una obligación de la UE, sino una de las alternativas que puso sobre la mesa. "Es una tasa de Sánchez en la ley de economía circular. Daremos la batalla para que todo el mundo sepa que es el tasazo de basuras de Sánchez", explican desde la vicesecretaría de Desarrollo Sostenible, que dirige Paloma Martín, exconsejera de Ayuso en la Comunidad de Madrid.
La #FEMP escucha las demandas de las #Familias numerosas🗨️@FamNumerosas ha pedido sensibilidad de las #EntidadesLocales en asuntos como los tributos locales.📰https://t.co/TtmbLfA4v9 pic.twitter.com/eXagm181V2
— FEMP (@fempcomunica) September 20, 2024
El horizonte es difuso y las reclamaciones se multiplican a todos los niveles. La Federación Madrileña de Municipios y Provincias (FEMP) se reunió este viernes con la Federación Española de Familias Numerosas con este tema como cuestión principal, con la exigencia de que no sean penalizados por generar mayor volumen de residuos.
Los inspectores de Hacienda locales también han manifestado reiteradamente las dudas técnicas del 'tasazo'. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local sostienen que el impuesto podría vulnerar la autonomía que la Constitución Española brinda a los municipios para su gobierno, administración y gestión, además de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que les da libertad para establecer sus propios tributos. En la práctica, como informó este diario, puede derivar en un aluvión de denuncias en los tribunales.
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