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Todas las regiones y ciudades autónomas gobernadas por el PP han tejido un "bloque de resistencia" contra el que chocará el 'café para todos' con el que Sánchez pretende compensar el cupo catalán. Era la finalidad de la cumbre de barones que Alberto Núñez Feijóo celebró este viernes en la capital, y que solemnizó con un acto de apariencia monclovita en el Palacete de los Duques de Pastrana, en el que se fraguó el ya bautizado como 'acuerdo de los 14' para intentar desmontar la singularidad financiera de Cataluña, comprometer unidad de acción en materia de financiación y concretar los ejes de su propuesta alternativa a los "privilegios" al independentismo.
Uno de los puntos clave de la declaración conjunta es la "disposición" de todas las autonomías del PP a "abordar conjuntamente" la renovación de un sistema de financiación caducado desde hace más de una década. Los populares invitan al Gobierno a abrir de una vez este debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para abordar "todas las variables existentes en cada territorio" y lograr una solución común que reclaman desde hace años multitud de regiones, especialmente aquellas más infrafinanciadas.
El propio Feijóo reivindicó en su discurso la necesidad de ir "todos a una" en la actualización de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y se comprometió a "contribuir activamente" en la consecución de un nuevo modelo de financiación territorial. Sin embargo, en privado, nadie ve opciones reales de que la esperada reforma llegue esta legislatura. "En este contexto es imposible"; "perdamos toda esperanza"; o "no hay opciones con este Gobierno", son algunas de las respuestas que distintos barones populares trasladan en privado.
El actual modelo de financiación pactado entre PSOE y ERC se aprobó en 2009 con una caducidad de cuatro años. Tanto el Ejecutivo de Rajoy como el de Sánchez intentaron dar pasos en su renovación, pero toda intención política se ha chocado contra el muro de las particularidades territoriales en el único debate que no entiende de siglas políticas. El PP gobierna ahora para el 70% de la población gracias al resultado que cosechó en las autonómicas de 2023, lo que les confiere mayor peso y responsabilidad en la negociación.
Pero los populares advierten que cualquier negociación sobre esta cuestión está condicionada, en primer lugar, a que Sánchez deshaga la promesa de conceder un concierto propio a Cataluña. Si el cupo catalán sale adelante en el Congreso, no habrá acuerdo. Todos los barones del PP entienden que la financiación singular catalana comprometida por Sánchez a cambio de la investidura de Salvador Illa trocea el principio de igualdad, desequilibra el sistema en la prestación de servicios públicos y dinamita, en suma, el régimen común que blinda la Constitución.
El cupo catalán, por tanto, aleja la opción de fraguar un pacto de Estado en materia de financiación. Los barones del PP acordaron este viernes, además, que no aceptarían los recursos comprometidos por Sánchez para aliviar su situación particular si no se trata de manera "multilateral". Con la única excepción de Ayuso, que deja en el aire si acudirá o no a la Moncloa, los barones del PP sí acudirán a las rondas bilaterales anunciadas por el presidente del Gobierno, pero con el veto expreso a pactar cualquier asunto relativo a la caja autonómica. "Todos los presidentes renuncian a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere a la reforma de la financiación de los servicios públicos", solemnizó Feijóo.
Este compromiso implica cegar la opción de renegociar la deuda de las regiones que más adeudan al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), una posibilidad a la que en su día se abrieron tanto el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Ambos asumen que este y otros debates deben enmarcarse en una reforma global de la financiación autonómica, tal y como marca la dirección de Génova. El problema es que la actualización del sistema se ve complicada, al menos en lo que dure la legislatura de Sánchez.
Las fuentes consultadas tampoco creen que Sánchez pueda sacar sin su ayuda un nuevo modelo de financiación con el apoyo de sus socios en el Congreso. El acuerdo suscrito con ERC levanta suspicacias en el propio bloque de investidura. El apoyo de Junts, Coalición Canaria o Compromís está en el aire, mientras que el PNV muestra incomodidad en el debate. A todo ello hay que sumar el incendio interno en el PSOE que Sánchez intentará aplacar en su Congreso Federal.
En el PP aseguran contar con su propia propuesta alternativa para mejorar el sistema de financiación, un modelo que han declinado hacer público al entender que "las propuestas deben emanar del Gobierno", y no de la oposición. Fuentes de Génova aseguran haber pulido durante meses sus diferencias, por el choque de criterios entre las regiones que defienden priorizar parámetros como la dispersión territorial o el envejecimiento de la población; y las que piden que se tenga en cuenta la cantidad de población o el coste de los servicios públicos.
Aseguran contar con una "postura común" basada en aumentar los recursos destinados a las comunidades mediante el recorte de gasto superfluo, aunque siguen sin detallar cifra alguna. Este viernes, Feijóo hizo suya una de las reivindicaciones "irrenunciables" de la Comunidad Valenciana: la creación de un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación de valencianos, andaluces y murcianos hasta que se consume la reforma del sistema de financiación. Pero, de nuevo, evitan concretar el dinero con los que debería contar ese "fondo complementario", que organizaciones como Fedea cifran en hasta 3.000 millones de euros. "Los números tiene que hacerlos Montero", reiteran.
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