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Como en las parejas en las que uno de los dos se niega a ver los agravios del otro. El Gobierno quita hierro al nuevo aldabonazo de Junts que por sorpresa se cargó el martes la propuesta de Sumar para limitar el alquiler vacacional. Lo que ha caído, esgrimen, es una proposición no de ley. "Lo importante lo sacamos". El vaso medio lleno, ni una sola concesión al pesimismo, a pesar de que la formación de Carles Puigdemont ya ha tumbado una vez la senda de déficit y mantiene en el aire su apoyo a los presupuestos.
La actitud de Junts ha puesto en alerta a los socios. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advirtió este miércoles a Pedro Sánchez en el Congreso que se está fraguando un pacto de los posconvergentes con PP y Vox, que puede acabar en moción de censura. En la Moncloa no lo ven. A diferencia de Rufián piensan que a Junts les penaliza esa alianza porque es "incoherente". No se puede denunciar la "persecución policial" del anterior gobierno popular al independentismo y después votar con ellos, explican. "Alimentar el odio a la derecha y a los jueces", prosiguen, y después formar parte de este bloque en el Congreso.
Por eso en el Gobierno se agarran a que la vuelta de Junts a la mayoría parlamentaria de Sánchez es cuestión de trabajo y de tiempo. De negociar todas las votaciones y, a la vez, de esperar a que ellos acaben de "digerir" que el nuevo inquilino de la Generalitat es Salvador Illa. En el Ejecutivo creen que alimentaron demasiado las expectativas de que Puigdemont podía volver a ser presidente y ahora necesitan transmitir que siguen "vivos". Y la manera de visualizarlo es "fastidiar al Gobierno".
Aún así, fuentes gubernamentales defienden que esta postura no es sostenible en el tiempo. La vinculan a la llegada de Illa y a que se encuentran a las puertas de un congreso, el mes próximo. La Moncloa espera que en esa cita se mueva algo, que Junts redefina su posición porque, insisten, el acercamiento al PP es contraproducente para sus intereses electorales. Su tesis es que "no pueden estar así tres años" y que al final "se impondrá el diálogo".
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Itziar Reyero
El resto de grupos que apoyan a Sánchez son mucho menos positivos. A los recelos de ERC se añade el pesimismo de Podemos, que apunta a un "camino agónico" para el Gobierno. En ambas lecturas hay puntos de vista interesados. No se puede obviar la pésima relación entre republicanos y posconvergentes ni el resquemor de los morados con Yolanda Díaz. Ione Belarra no culpa a Junts de las derrotas parlamentarias sino al Ejecutivo por ser "incapaz de articular una mayoría democrática y plurinacional". Pero al final la conclusión es la misma, esta nueva legislatura es un campo de minas.
La Moncloa se enroca en que no es muy distinta a la anterior, en la que disponían de más apoyos -los números no estaban tan ajustados- pero, señalan, era necesario también mucho diálogo y paciencia con los grupos. Por eso incluso minimizan que Junts les avisara solo un poco antes de la votación y rechazan que a partir de ahora sea la tónica habitual. Sumar es menos contemporizador y sostiene que la actitud de los posconvergentes en la última votación fue "desleal" y deja en "entredicho" su palabra, por apuntar a que iban a abstenerse y luego votar en contra.
A última hora del día, Puigdemont en persona hizo de oráculo del Gobierno y respondió a todos los reproches a través de las redes sociales. "Cuando hayan digerido que un Ejecutivo en minoría no puede actuar como si tuviera mayoría absoluta, saldremos ganando todos. Porque querrá decir que sustituirá la imposición por la negociación, y no confundirá la disposición a negociar y a llegar a acuerdos con una vocación de alfombra donde secarte los zapatos antes de entrar en casa", aseguró. Eso, mientras la Moncloa tiene pendiente la negociación de los presupuestos y se expone a que Junts vuelva a votar en contra de la senda de estabilidad. Pero tampoco con esto pierden la esperanza. Aún no les han dicho que no.
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