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Las reticencias del Tribunal Constitucional ante los recursos presentados por las comunidades autónomas del PP contra la amnistía están al borde de volver a provocar una guerra interna que enfrentará a los bloques conservador y progresista. La iniciativa de solicitar un informe destinado a confirmar si tienen legitimación para recurrir, ha tenido el primer efecto de levantar la indignación de las regiones que lideran los recursos. Los conservadores, que no se opusieron a que se elabore dicho informe, ven ahora una estrategia dirigida a acallar argumentos contra la ley. "El mensaje que se lanza es que se van a ocupar de parar a las comunidades díscolas", aseguran fuentes cercanas al sector de la derecha.
Desde este bloque, consideran una "manipulación" de la doctrina del Constitucional la posibilidad de que se rechace la admisión de los recursos o se dé carpetazo por esta vía, y en sentencia, a los 16 presentados, entre ellos uno del socialista Emiliano García-Page. Las fuentes consultadas señalan que, hasta el momento, la vinculación estricta con las competencias autonómicas de los recursos presentados desde las comunidades se ha tratado de forma "muy flexible" y que cualquier cambio de criterio al respecto supondría "un giro difícil de justificar".
Las dudas que han provocado que la ponente del primer recurso autonómico presentado, Laura Díez, active la solicitud de informe con intención de que el criterio sea de aplicación a todos los casos proceden de la redacción de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En ella se dice que las comunidades autónomas pueden ejercer el recurso de inconstitucionalidad cuando la ley impugnada "pueda afectar a su propio ámbito de autonomía".
La batalla por la ley de amnistía se traslada al Tribunal Constitucional
Beatriz Parera
De momento, varios líderes autonómicos han salido en tromba a criticar la medida. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha lamentado de que "ahora el TC" ya dude "de todo". Desde Andalucía, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha sido aún más duro y ha hablado de "barbaridad jurídica" y de "estrategia dilatoria". Estos comentarios no han sentado nada bien en el TC. La mayoría progresista lamenta la falta de respeto a la autonomía e independencia del conjunto del tribunal que suponen este tipo de críticas.
Depuración del ordenamiento jurídico
Lo cierto es que, desde el bloque conservador, se ve la iniciativa como algo "innecesario". Las fuentes consultadas aseguran que existe "doctrina consolidada" en diferentes sentencias que avalan a aquellas comunidades que recurren leyes estatales. Recuerdan, por ejemplo, la sentencia de 2021 en la que se respondía al recurso de inconstitucionalidad del Parlament de Cataluña contra la ley de Seguridad Ciudadana. En ella se hacía referencia a anteriores resoluciones y se recordaba que la expresión que ha dado ahora pie a la solicitud del ya polémico informe "no es tanto la preservación o delimitación del propio ámbito competencial, como la depuración objetiva del ordenamiento mediante la invalidación de la norma inconstitucional".
En otras sentencias, algunas de ellas de los años 80, llega a indicarse que "los condicionamientos materiales a la legitimación de las comunidades autónomas para impugnar leyes del Estado constituyen una verdadera excepción". Según esta tesis mantenida en el pasado, la legitimación de las comunidades autónomas para interponer el recurso de inconstitucionalidad no estaría exclusivamente al servicio de la reivindicación de una competencia violada.
El Constitucional revisará la amnistía tras la admisión del recurso del Supremo
B. Parera
Estas fuentes señalan la importancia de la sentencia 48/2003, que admitió la legitimación del gobierno vasco contra la ley de partidos políticos "con el simple punto de conexión de que en el País Vasco también hay partidos políticos". "Ha de bastar aquí con constatar la existencia de una clara conexión material entre la Ley Orgánica 6/2002, de partidos políticos, y el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siquiera sea solo porque aquella ley se erige en el marco normativo determinante de la existencia y configuración de los partidos políticos", decía aquel fallo.
La sospecha generalizada es que el informe tratará de decir a todos los magistrados "lo que tienen que hacer" y que será "algo diferente de lo que se ha hecho siempre". Fuentes del sector progresista enmarcan la solicitud en una decisión de organización interna del tribunal dirigida a "ganar tiempo" y a agilizar, con ello, la resolución final. El estudio de la amnistía no ha hecho más que arrancar y ya levanta tensiones.
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