Puente insiste en su crítica a los jueces: "No vamos a quedarnos callados"

Óscar Puente cree que los jueces que emiten posicionamientos políticos y después se indignan por las críticas del Gobiernos aplican una "eterna ley del embudo". El ministro de Transportes se ha pronunciado así este miércoles en una entrevista en Espejo Público, donde ha recordado las protestas de magistrados a las puertas de audiencias provinciales, como la de Sevilla, antes de la aprobación de la ley de amnistía. "No vamos a quedarnos callados", ha abundado el dirigente socialista, que ha apelado a la libertad de expresión del Ejecutivo para pronunciarse sobre los pronunciamientos de los togados.

El titular de Transportes se ha reafirmado en su idea de que el Tribunal Supremo se "extralimita" al no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont por considerar que el delito de malversación del que se le acusa está entre las excepciones que contempla el texto. Y ha recordado que hay magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en juzgados de instrucción de Barcelona que sí han aplicado la norma en delitos de malversación en otras instancias. "Y también son jueces", ha apostillado antes de preguntarse si estas decisiones, opuestas a las del Supremo, no podrían ser una "ilegalidad" al contradecir al alto tribunal.

Puente ha vuelto a esgrimir su experiencia como abogado durante 20 años para justificar su posicionamiento sobre la aplicación de la ley de amnistía y ha insistido en su rechazo a la interpretación del Supremo sobre la malversación. Para el dirigente socialista, "no se entiende desde la lógica jurídica ni elemental" que el alto tribunal considere que hay un enriquecimiento personal en la disposición de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal de noviembre de 2017. Según el ministro, los posicionamientos públicos del Gobierno y el PSOE no son una crítica a los jueces, sino una defensa la aplicación de las leyes "tal y como salen del Parlamento". Y ha recordado que la ley de amnistía no es de Moncloa, sino que se aprobó en el Congreso con mayoría absoluta y el apoyo de todos los socios de investidura de Pedro Sánchez, a excepción de Coalición Canaria.

"Lo que tiene que hacer el poder judicial es aplicar la ley en sus términos sin hacer interpretaciones", ha abundado Puente, que también ha rechazado que el Ejecutivo, con él como punta de lanza, esté presionando a los magistrados del Tribunal Constitucional para que en un hipotético recurso de amparo den la razón al expresident catalán. "En el Constitucional son mayorcitos para saber qué deben hacer", ha dicho antes de recordar que la ley de amnistía lleva "un año en boca de toda España". El lunes, en una entrevista en RNE puente aseguró que "hay jueces que tendrán que pronunciarse" sobre la decisión del Supremo, en lo que se leyó como un guiño a la corte de garantías, ya que el ministro de Transportes aseguró que el rechazo del TS a aplicar la ley con Puigdemont sólo "retrasa" su ejecución.

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El PP, por su parte, ha pedido al presidente del Gobierno que deje la "hamaca" tras varias semanas "desaparecido" y condene las palabras del ministro de Transportes por las "barbaridades" contra los jueces. "Nos avergüenza a todos", clamaba el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, que acusaba este miércoles al Ejecutivo de dar "pasos hacia atrás en la calidad democrática" de España por el "sometimiento" de las instituciones.

Sobre la fuga del expresidente catalán tras acudir a Barcelona en el pleno de investidura de Salvador Illa, Puente ha vuelto a dejar el balón sobre el tejado de los Mossos d'Esquadra y ha recordado que la circulación entre Francia y España es libre, ya que ambos países forman parte del Espacio Schengen. El ministro de Transportes ha recordado que entre ambos países hay 30 pasos fronterizos y se ha preguntado si hubiera sido "razonable" poner controles en esos cruces, limitando el acceso del resto de los ciudadanos, para detener al líder independentista.

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"El Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en esa fuga", ha zanjado antes de señalar al Govern de Pere Aragonès, la consellería de Interior de los republicanos y en los propios Mossos. Sobre el acuerdo de PSC y ERC para investir a Salvador Illa, Puente se ha referido al apartado relacionado con el cupo catalán firmado entre socialistas y republicanos y que ha levantado a parte del PSOE. Cuestionado sobre el cambio de posición de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha asegurado que el principio de solidaridad está garantizado, ya que es una línea roja de los socialistas, y ha invitado a las comunidades a ponerse manos a la obra para cambiar el modelo de financiación.

"Tendremos que escuchar a las comunidades", ha afirmado. Y se ha referido a la suya, Castilla y León, que tiene problemas distintos a los que hay en las regiones más pobladas, como Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, ha utilizado un argumento habitual de Montero al recordar que dentro del PP hay prioridades distintas en lo que se refiere a la financiación. "Habría que sentarse y hablar en serio", ha sentenciado.

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