Los problemas en el centro de menores de Hortaleza se enquistan a la espera de la Fiscalía

Los problemas en el centro de primera acogida de Hortaleza no cesan. Los sindicatos insisten en la denuncia de hacinamiento de chavales en el espacio, tutelado por la Comunidad de Madrid, a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre la acusación de CCOO hace un mes, cuando expuso el mismo escenario. “Es una situación insostenible a nivel laboral y para los menores”, recalca Patricia Hernández, la presidenta del comité de empresa. "El problema no solo es de ahora, sino estructural y cíclico", añade la representante sindical.

Llueve sobre mojado. El sindicato CCOO ya se hizo eco de esta problemática y elevó ante la Fiscalía de Menores una denuncia por la situación de sobreocupación en el centro. El 2 de julio la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió un expediente gubernativo sobre el centro de Hortaleza, que está en el centro de la polémica desde hace años, agravada ahora por la crisis migratoria en Canarias y la derivación de los menores no acompañados.

El centro, según los sindicatos, tiene capacidad para 35 jóvenes, pero “desde hace casi seis meses no bajan de los 80”. Reiteran que, incluso, algunos días han contabilizado 120 chavales, según explica Hernández a este diario. La Comunidad de Madrid, gestora del espacio, niega que exista tal hacinamiento y alega que el centro tiene posibilidad de albergar casi cien camas sin problemas de espacio. El Ministerio Público aún no se ha pronunciado al respecto.

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En este centro llegan menores procedentes de otros países, pero también muchos chavales madrileños o de otras comunidades autónomas que necesitan acogida de manera urgente. Patricia Hernández recuerda que “son niños que vienen de situaciones muy difíciles y que la mayoría aprovecha todas las oportunidades para prosperar”. El comité, a través de un comunicado, destaca la "grave situación de sobreocupación" que se ha enquistado.

Quejas de los trabajadores

"Esta situación se traduce en la imposibilidad de atender adecuadamente a los menores según los estándares de calidad de los que la Comunidad de Madrid tanto se enorgullece, pero que, a la hora de la verdad, no defiende”, añaden los sindicatos, con un mensaje desesperado: "Hay una situación de bloqueo bastante grande, llegan demasiados menores a un solo centro; no se están generando plazas alternativas y llevamos tiempo pidiéndolo".

El comité sostiene que la difícil situación en el centro se ha manifestado en varias ocasiones en reuniones con la gerencia de la Agencia Madrileña de Atención Social, “pero las medidas tomadas son claramente insuficientes”. La Comunidad de Madrid, por su parte, sostiene que "el centro se ha reformado y certificado para 99 jóvenes". También recuerda que "se han creado 20 nuevas plazas específicas para chicas en la Residencia Norte".

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Los centros de primera acogida sirven para analizar qué necesidades tiene cada adolescente y ver dónde se les puede derivar para que alcancen su proyecto de vida o educativo. El tiempo máximo que los jóvenes deben pasar en estos centros varía entre 1 y 2 meses, pero Hernández mantiene que “eso se está alargando una barbaridad” y algunos chavales están allí hasta seis mensualidades.

Desde la Consejería de Juventud, Familia y Asuntos Sociales defienden que "los menores están bien atendidos", aunque admiten que "se trata de una situación grave por la crisis migratoria" y que "los menores no paran de llegar y el Gobierno de España no hace nada". La continua llegada de migrantes a Canarias también salpica a la Comunidad de Madrid: en la autonomía se han asistido, en lo que va de año, a 1.500 jóvenes, una cifra muy superior a la total de 2023. No obstante, desde el Ejecutivo autonómico subrayan que "los menores a Madrid llegan principalmente por Barajas".

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Fuentes de la Consejería avanzan que en septiembre está prevista la apertura del centro de La Cantueña en Fuenlabrada, que tendrá espacio para casi otro centenar de menores, que previsiblemente aliviará la carga de Hortaleza. Este espacio ha suscitado una enorme polémica entre el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE, y la Comunidad de Madrid, llegando incluso a los tribunales.

Sobre las respuestas que la Administración presidida por Isabel Díaz Ayuso expone al centro, Patricia Hernández se mantiene firme: “Dicen que están buscando soluciones y alternativas, y es verdad que se está moviendo más la mesa de plazas a otros centros, pero el problema es que hay muchos niños que todavía no pueden ser derivados. En fiscalía hay un bloqueo porque tienen demasiado volúmen de trabajo y no dan abasto.”

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