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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no logra apagar el malestar creciente en el PSOE contra el acuerdo suscrito entre el PSC y ERC que concede el concierto económico a Cataluña. El Ejecutivo de Asturias, uno de los tres, junto a Castilla-La Mancha y Navarra, en manos socialistas, se ha pronunciado hoy públicamente en contra. Su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, rechaza la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común.
"Supone una merma de los recursos del Estado, verdadera palanca de redistribución de la renta y la riqueza, así como garantía última de un Estado de bienestar fuerte y equitativo en todo el territorio", defendió. Su vicepresidenta y presidenta de Asturias en funciones, Gimena Llamedo, ya señaló el miércoles que no aceptarían nada que ponga en riesgo los principios constitucionales de solidaridad y de igualdad.
Pero la postura del Gobierno de Adrián Barbón ha sido ahora mucho más nítida, sobre todo porque no atiende a una de las reflexiones que ha hecho el jefe del Ejecutivo sobre el pacto y que pone en valor la inclusión de una cuota de solidaridad por parte de Cataluña para financiar al resto de autonomías.
Ferraz está tratando de controlar la situación, al menos hasta la crucial votación de mañana, cuando las bases republicanas deben avalar o no el pacto. Apenas se han dado explicaciones, a la espera del sí de la militancia de ERC, y esto provoca aún más nervios en los territorios.
Sánchez ha intentado exhibir el apoyo de la Ejecutiva, convocada de urgencia este martes, para transmitir una imagen de unidad, pero hoy mismo el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reclamado públicamente al presidente que convoque el Consejo de Política Federal, donde están representados todos los dirigentes territoriales.
Para que, ha dicho Gallardo, "tengamos la oportunidad de dialogar y definir nuestra postura en un tema tan trascendente". "Lo pido porque creo firmemente que es lo mejor para nuestro partido y también para España". "Es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad", insistió. Su petición cuenta con el respaldo de otras federaciones. Según los Estatutos del PSOE, el Consejo de Política Federal es el órgano al que corresponde evaluar las políticas que afectan a la cohesión territorial y a las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado. Pero la decisión o no de convocarlo depende únicamente del secretario general.
En línea con lo expresado por el Gobierno asturiano, el dirigente extremeño aseguró que "la llave de la caja la tiene que tener siempre el Estado" y si cada autonomía tiene "una copia de la llave, al final cada uno meteremos la mano en la caja, no en función de nuestras necesidades, sino en función de las oportunidades".
Aunque los socialistas se esfuerzan en mantener la cohesión interna con mensajes explícitos de respaldo para que Salvador Illa se convierta en el próximo presidente de la Generalitat o la salvaguarda de que el acuerdo, que dio a conocer ERC y no el PSC, aún no es oficial, la oposición a que Cataluña abandone el régimen común de financiación es general. Sólo los secretarios generales más cercanos a Sánchez como Diana Morant (Comunidad Valenciana) o Ángel Víctor Torres (Canarias), ambos ministros del Gobierno, o la navarra María Chivite, en defensa de su propio concierto foral, tratan de mostrar cierto entendimiento con el pacto alcanzado.
Las reticencias al cupo catalán van más allá de las críticas contra Sánchez de Emiliano García-Page, el barón más díscolo, o del expresidente de Aragón, Javier Lambán. E incluso de Felipe González que, en declaraciones a El Confidencial, manifestó que el preacuerdo con ERC "no cabe en la Constitución" y es de "imposible cumplimiento".
Los secretarios generales de Castilla y León, Luis Tudanca, y de Madrid, Juan Lobato, también censuran el modelo pactado. Lobato considera que el cupo catalán no es lo ideal" y refrenda un sistema basado en la "cohesión, de proyecto común, de igualdad" que son "los valores socialistas". Tudanca se opone a una financiación singular para Cataluña y subraya su apuesta por "la igualdad y la solidaridad" entre territorios.
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